Redada militar en una escuela en Patani. Leyenda y fotografía de Prachatai. Fuente: Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Nota del editor: Este artículo fue escrito por Darika Bamrungchok, directora del departamento de Derechos Digitales (programa Mekong) en EngageMedia, con sede en Bangkok. Este forma parte de nuestra serie que trata sobre sistemas de identificación digitales y se produce en asociación con The Engine Room. Visita el micrositio de Digital ID para leer el informe de investigación completo acerca de esta tendencia mundial, y los casos de estudio de cinco naciones que han utilizado sistemas de identificación digital, incluido Tailandia.

Muchos países alrededor del mundo han estado modernizando sus sistemas nacionales de identificación para incorporar el uso de información biométrica para verificar la identidad de las personas y brindar servicios públicos. Tailandia no es la excepción.

La Tarjeta de Identificación Inteligente de Tailandia, que incluye el uso de un microchip, se instituyó por vez primera en 2005. No obstante, el uso de la biometría en el documento nacional de identificación no se materializó hasta el año 2019, cuando la Asamblea Nacional Legislativa aprobó la ley de la identificación digital. Actualmente, existe una compañía nacional de identificación digital que está inspeccionando la implementación de los documentos de identificación digitales, pero el progreso es lento.

Antes de que el sistema de identificación digital programado se extienda a nivel nacional, las partes interesadas, entre estas el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, deben retroceder un paso y considerar los riesgos que plantea y la posibilidad del uso inadecuado de la información biométrica en Tailandia, particularmente dado el historial problemático del país de recabar y utilizar esos datos en la región del lejano sur como parte de sus políticas contrainsurgencia.

Tras el golpe de estado de 2014, la situación política de Tailandia se deterioró, y finalizó con un proceso electoral viciado en 2019. Adicionalmente, el gobierno promilitar ha utilizado desde 2014 varias medidas para reprimir a la oposición y demás voces disidentes, y suprimir la crítica de personas que considera como amenaza política, lo que generó una atmósfera de desconfianza y miedo. Todo esto plantea interrogantes con respecto a la transparencia del Gobierno al implementar el sistema de identificación digital, y también inquietudes sobre la seguridad y las garantías de la privacidad para impedir el uso inadecuado de la información biométrica.

«La confianza en las autoridades tailandesas se está debilitando», dijo una activista de 27 años que aboga por la democracia y que solicitó no revelar su nombre en entrevista vía llamada telefónica con Global Voices (GV). Y añadió:

So, when any new digital policies are introduced, we have to remind ourselves that those technologies will be implemented under a military mindset. It can create a range of risks violating people’s privacy, freedom, and political participation. The upcoming digital ID or mandatory biometric data system could be another tactic to monitor human rights defenders and critics who are simply against the government.

Cuando proponen cualquier política digital nueva, tenemos que recordar que esas tecnologías serán implementadas bajo una mentalidad militar. Puede generar una serie de riesgos que violen la privacidad, la libertad y la participación política de las personas. La inminente tarjeta de identificación digital o sistema obligatorio de información biométrica podría ser otra táctica para vigilar a los defensores de los derechos humanos y a los críticos que se oponen al Gobierno.

Sin garantías explícitas y una buena gestión de la información, las repercusiones para la privacidad y los derechos humanos podrían ser graves, particularmente para los grupos vulnerables y minoritarios. Las comunidades musulmanas malayas que habitan las provincias más meridionales de Tailandia tuvieron que aprender esa amarga lección de la forma más difícil.

Sistema biométrico obligatorio está plagado de abusos

En Tailandia, país donde predomina el budismo, la mayoría de personas que habitan las provincias fronterizas meridionales son musulmanas. En el transcurso de los últimos años, la violencia en estas provincias se ha ido intensificando, dejando como saldo a más de 7000 víctimas en los últimos 15 años. Esta región cuenta con una larga y turbulenta historia de discriminación estatal contra los musulmanes malayos locales, entre lo que se puede mencionar varias medidas militares draconianas impuestas por las autoridades disimuladas bajo leyes de seguridad especial.

Durante un seminario público denominado «Asir, Pisotear, Repetir, Cambiar» que se realizó en octubre de 2019, Romadon Panjor, editor del sitio web Deep South Watch, describió las provincias meridionales como «sitios de prueba para las fuerzas militares». De acuerdo con Romadon:

They are merely areas for testing certain tools… From there, some methods have been replicated and applied countrywide.

Estos son simplemente rubros para probar ciertas herramientas… De allí, se copiaron y aplicaron algunos métodos a nivel nacional.

Entre los métodos contrainsurgencia del Gobierno, el más controversial fue la toma forzada de muestras de ADN de musulmanes malayos.

Según la sección 131 y 131/1 del Código Procesal Penal de Tailandia, a quienes se arreste por sospecha criminal o que hayan sido declarados culpables de un delito deben entregar una muestra de ADN. En el lejano sur de Tailandia, no obstante, las fuerzas de seguridad han realizado constantemente redadas para tomar arbitrariamente muestras de ADN de los musulmanes malayos, que en su mayoría nunca han cometido delito alguno.

Cross Cultural Foundation (CrCF), colectivo que aboga por los derechos humanos, ha estado vigilando la situación de los derechos humanos en la región desde 2004, cuando reapareció el conflicto etnorreligioso entre el Estado tailandés y los grupos insurgentes conformados por musulmanes malayos.

En 2012, el Gobierno tailandés comenzó a recabar información biométrica, incluidas muestras de ADN de los musulmanes malayos en la región, para utilizarla como evidencia forense a fin de identificar a los responsables que participaron en hechos violentos. De enero a septiembre de 2019, la fundación recibió por lo menos 139 denuncias de personas que fueron obligadas a entregar muestras de ADN en la región.

Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador en materia de derechos humanos de CrCF, dijo en una entrevista con GV que:

this massive collection of personal biometric data raises serious concerns about violating people’s basic rights. The discriminatory nature of these measures could amount to racial profiling, which subjects Malay Muslims to disproportionate and unnecessary surveillance based on ethnic prejudice rather than objective signs of suspicion.

Esta recopilación masiva de información personal biométrica genera serias inquietudes sobre violación de derechos básicos de las personas. La naturaleza discriminativa de estas medidas podría equivaler a una discriminación por perfil racial, esto a su vez somete a los musulmanes malayos a una vigilancia desproporcionada e innecesaria basada en el prejuicio étnico, en lugar de indicios de sospecha objetivos.

Al investigar el período de abril 2019 hasta abril 2020, Chanatip descubrió que la práctica de recabar información biométrica que promueve el Estado tailandés, junto con otras medidas contrainsurgencia, a menudo se llevó a cabo en los puntos de control o durante los operativos de allanamiento en los hogares, pueblos, dormitorios y escuelas religiosas privadas de las provincias fronterizas meridionales, y también en los hogares de personas originarias de la región que viven en Bangkok, la capital del país.

Random DNA collection in Malay Muslim communities grew into a more systematized structure alongside many other policies such as taking photos of their faces, their ID cards, and their car number plates by military officers. Currently, the government has launched a large-scale measure to collect the facial data of a wide-ranging group of people in the region. They also signaled an expansion of CCTV by integrating AI technologies in the region.

La toma de muestras de ADN aleatorias en las comunidades musulmanas malayas se convirtió en una estructura más sistematizada junto con muchas otras políticas, como tomar fotografías de sus rostros, sus documentos de identificación, y las placas de sus vehículos que realizaron los oficiales del Ejército. Actualmente, el Gobierno emprendió un proyecto a gran escala para recabar la información facial de un grupo de personas muy diverso en la región. También señaló una expansión de CCTV con la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en la región.

En abril 2019, esta práctica incluso se extendió en otros lugares ya que se incorporó la toma de muestras de ADN en el proceso anual de reclutamiento militar obligatorio en tres distritos de las provincias fronterizas meridionales y cuatro distritos de la provincia Songkla. La investigación de Chanatip también destacó que entre el 4 al 11 de abril, 2019, los oficiales tomaron muestras de ADN de por lo menos 20 250 personas que pasaron por este proceso.

Después de que se plantearon inquietudes sobre la toma de muestras de ADN durante el proceso de reclutamiento militar, el coronel Chalat Sriwichien, subdirector de Operativos Especiales en la ciudad de Yala, refutó los reportajes que decían que las autoridades realizaban pruebas de ADN forzadas. Añadió que las muestras de ADN en la nueva base de datos de seguridad nacional ayudarían a las autoridades de seguridad a resolver los delitos violentos relacionados con la insurgencia.

El primer ministro Prayut Chan-o-cha también negó que las pruebas forzadas de ADN constituyeran una violación a los derechos, y sostuvo que el «procedimiento se realiza de manera voluntaria». Añadió que las provincias fronterizas meridionales fueron simplemente el primer lugar donde se tomaron muestras de ADN de reclutas del Ejército y que esta práctica se extendería a otras regiones.

Pero la ironía de la situación es que mientras las autoridades implementan agresivamente la recopilación de muestras de ADN aleatorias –orientadas a ciudadanos comunes y corrientes en comunidades donde predominan los musulmanes– existen miles de apátridas en todo el país que no pueden pagar la prueba de verificación de ADN que les solicitan para presentar su solicitud de ciudadanía, particularmente los apátridas que no cuentan con certificado de nacimiento. De acuerdo con una investigación publicada en 2015, los apátridas tienen que visitar una clínica para realizar la prueba de ADN, cuyo valor es de 4800 bahts (150 dólares).

No existe consentimiento bajo una atmósfera de temor

Según la investigación de Chanatip, bajo esta atmósfera de miedo, muchos en las provincias meridionales entregan muestras de ADN sin recibir información adecuada sobre el procedimiento. Las autoridades recolectan las muestras con el objetivo de recabar evidencia forense para utilizar en un juicio o también para intimidar a los lugareños de quienes se presume están afiliados o simpatizan con los insurgentes.

Chanatip entrevistó a las esposas de presuntos insurgentes, que dijeron que tomaron sus muestras de ADN durante los allanamientos que realizaron en sus hogares, aunque no están emparentados genéticamente con sus esposos.

«Nos hizo sentir muy mal. Nos trataron como si fuésemos unos criminales. Ahora nos sentimos ansiosos», le dijo la esposa de un presunto insurgente en Patani.

CrCF menciona que a pesar de sentir aprensión o renuencia a entregar las muestras de ADN, la mayoría de las personas ignoraban que tenían el derecho a rehusarse a entregarlas, como está garantizado en las secciones 131 y 131/1 del Código Procesal Penal. En algunos casos, según se informa, los agentes de seguridad ordenaron a las personas firmar un formulario de consentimiento tras obtener su muestra. En otros casos, a las personas no les dieron la opción de decidir si consentían o no a que les tomaran la muestra. En ningún caso, a nadie le proporcionaron información con respecto a cómo y dónde se accede, procesa y almacena esta información.

Sin análisis facial, no hay servicio de telefonía

En junio 2019, el Gobierno asumió un paso más al ordenar a todos los usuarios de teléfonos móviles en tres provincias más meridionales registrar sus tarjetas SIM a través de un sistema de reconocimiento facial. Los que no acataran la orden se arriesgaban a que suspendieran su servicio de telefonía móvil.

Un portavoz del Ejército indicó que las tarjetas SIM han sido utilizadas para detonar bombas, por lo que el reconocimiento facial podría ayudar a identificar a los responsables de esos ataques. Aunque el Gobierno afirmó que únicamente planeó utilizar el sistema para encontrar a sospechosos y personas de interés para interrogarlos, esta medida podría afectar de manera negativa la vida de muchos ciudadanos inocentes, incluido el riesgo de realizar arrestos injustos.

Queda por ver cómo utilizarán o incorporarán la información facial que obtuvo el Gobierno a través del registro obligatorio de tarjetas SIM a la actual infraestructura de vigilancia.

Chanatip mencionó una inquietud de los lugareños:

Malay Muslims tend to express much more suspicion towards this policy and worry that these data would be abused in some way. A local political activist said to me that this measure would only intensify the locals’ distrust in the government and decrease the legitimacy of the ongoing peace process.

Los musulmanes malayos tienden a expresar mucha más sospecha hacia esta política y les inquieta que vayan a abusar de esta información de alguna manera. Un activista político del lugar me dijo que esta medida únicamente intensificaría la desconfianza que sienten los lugareños hacia el Gobierno y mermaría la legitimidad del proceso de paz en curso.

La práctica controversial de tomar forzadamente muestras de ADN del Gobierno tailandés y el registro de tarjetas SIM con un sistema de reconocimiento facial en las provincias fronterizas meridionales es un recordatorio de que existe la necesidad de dar a conocer el su proyecto de identificación digital. A medida que el Gobierno insta la implementación de un sistema de identificación digital en todo el país, existe la inquietud de que estas mismas medidas draconianas podrían ser aplicadas en otras regiones y con grupos étnicos a lo largo del país. Si el sistema no es transparente, y si no brinda a los ciudadanos un consentimiento informado antes de recabar su información e ignoran qué sucede con su información personal, incluido quién tiene acceso, cómo se recaba y almacena, las personas podrían perder su derecho a la privacidad.

Sin esas medidas, muchos «continuarán sintiendo que el Estado los somete a una discriminación por perfil racial injusta y una vigilancia intensa», Chanatip advirtió.