Mozambique revoca decreto que imponía pagos exorbitantes a acreditaciones de periodistas

Mozambique revocó el decreto el 20 de mayo de 2020. STV Television, captura de pantalla de YouTube.

En agosto de 2018, el Gobierno mozambiqueño presentó nuavas cuotas de acreditación en una medida que en su momento se consideró prohibitiva y perjudicial para la libertad de prensa.

Las cuotas oscilaban entre los 30 000 y 500 000 meticales (entre 507 y 8450 dólares) y eran obligatorias para corresponsales extranjeros y periodistas independientes nacionales y extranjeros que trabajan en Mozambique.

También en 2018, MISA-Mozambique, supervisor local de libertad de medios, envió una solicitud al Consejo Constitucional de Mozambique, el mayor ente judicial del país, para declarar inconstitucional el decreto que fijaba las nuevas cuotas.

El 19 de mayo de 2020, la Corte Constitucional emitió una decisión favorable a la solicitud de MISA, con lo que el decreto quedaba anulado:

O Conselho Constitucional declarou hoje inconstitucional o decreto que impunha taxas altas para o exercício de jornalismo em Moçambique.

Trata-se do decreto 40/2018, que entrou em vigor a 23 de Agosto do mesmo ano. O instrumento impunha taxas elevadas para o exercício do jornalismo no país e foi publicamente contestado, não apenas por profissionais e organizações ligadas à comunicação social, mas também por cidadãos particulares e pela sociedade civil.

Entre outras, as contestações evidenciavam que o decreto limitava garantias constitucionais como a Liberdade de Imprensa e o Direito à Informação, elementos fundamentais para a Democracia.

Hoy, el Consejo Constitucional declaró inconstitucional el decreto que impulso altas cuotas para el ejercicio del periodismo en Mozambique.

El decreto 40/2018 fue aprobado el 23 de agosto de 2018. La norma imponía altas cuotas al ejercicio del periodismo en el país y fue públicamente criticada, no solamente por profesionales y organizaciones vinculados a los medios, sino también por ciudad privados y la sociedad civil.

Entre otras cosas, las críticas mostraban que el decreto limitaba las garantías constitucionales, como libertad de prensa y derecho a la información, elementos fundamentales para la democracia.

El decreto se promulgó antes de las elecciones –las elecciones municipales en 2018 y las elecciones generales en 2019. La postergada decisión del Consejo Constitucional fue derogar el decreto hizo que las entidades de la sociedad civil se preguntaran si la acción estaba dirigida específicamente para restringir la información de las elecciones.

En Facebook, la organización Sala da Paz dijo:

O decreto agora tornado inconstitucional tinha um objectivo e propósito definido. Vejam as datas e confiram para perceber que não foi um simples acto de agravamento de taxas. Tarde, mas foi bom a correcção feita.

El ahora inconstitucional decreto tenía objetivo y propósito definidos. Miren las fechas y vean que no fue un mero acto de ajuste de tarifas. Sin embargo, aunque tardía, la corrección fue buena.

El periodista Borges Nhamirre consideró que la decisión fue causa de celebración:

O Decreto aprovado em 2018 foi revogado dois anos depois, como forma de «criar espaço para se aprofundar e alargar a reflexão sobre a matéria, com o envolvimento das empresas e profissionais de comunicação social”. Granda lata!

A Luta Continua!

Mas antes uma pausa para felicitar o grupo de jornalistas e ativistas que levou o caso ao Provedor da Justiça para ganhar patrocínio e submeter o caso ao CC!

Especiais agradecimentos ao Ericino de Salema que elaborou a petição.

El decreto aprobado en 2018 fue derogado dos años después, como una manera de «crear espacios para profundizar y ampliar la reflexión en la materia, con la participación de empresas y profesionales de medios». ¡Vaya broma!

¡La lucha continúa!

Pero primero, ¡una pausa para felicitar al grupo de periodistas y activistas que llevaron el caso a las autoridades, que lo auspiciaron y remitieron al Consejo Constitucional!

Especial agradecimiento a Ericino de Salema, que preparó la petición.

El trabajo para revocar el decreto fue largo e involucró a varias entidades y organizaciones de la sociedad civil, como informó el periodista Alexandre Nhampossa:

Excelentes noticias del periodista Borges Nhamire en [Facebook]: la Corte Constitucional revocó el decreto que cobraba cuotas exorbitantes para la actividad periodística.

En la foto, algunos periodistas que se quejaron por las cuotas en la Oficina de Información de Mozambique.

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