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Tribunal de Brasil decide mantener investigación de muerte de Marielle Franco en Río de Janeiro

Categorías: Latinoamérica, Brasil, Activismo digital, Derecho, Derechos humanos, Etnicidad y raza, LGBTQI+, Medios ciudadanos, Mujer y género, Política

Anielle Franco, después de la votación del Tribunal Superior de Justicia: «Seguiremos exigiendo respuestas» | Foto: Reprodução/Instituto Marielle Franco/Usada con autorización.

“Hoy tuvimos una victoria muy importante”, dijo Anielle Franco. El 27 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil negó el pedido de federalización de la investigación de su hermana, Marielle Franco, concejala asesinada en Río de Janeiro [1] junto con su chofer, Anderson Gomes, en marzo de 2018.

A pesar de que los pistoleros están en prisión, aún no se ha identificado a quienes ordenaron el asesinato. “En medio de tantas muertes, por lo menos una victoria”, dice.

¡VICTORIA!
¡El Tribunal Superior de Justicia dice NO a la federalización del caso de Mariele y Anderson! Fueron más de 150 000 firmas en una semana.
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¡VICTORIA! ¡Por cinco votos a cero en el Tribunal Superior de Justicia SE NEGÓ la federalización del caso Marielle y Anderson! Fueron más de 150 000 personas y más de 200 organizaciones de la sociedad civil que suscribieran contra la federalización, e inundamos las redes con la etiqueta #FederalizaçãoNão [5] [federalización no].
¡No tenemos cómo agradecer el apoyo!

Marielle era concejala de la ciudad de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), una mujer negra, bisexual, madre y de la periferia. Durante su mandato, también presidió la Comisión de la Mujer de la Cámara de Concejales. El auto que la llevaba a casa la noche del crimen fue alcanzado por 13 tiros [6].

Federalizar la investigación haría que el proceso por el asesinato saliera de la esfera estatal, concentrada en Río de Janeiro, con actuación de la Policía Civil y el Ministerio Público estatal, y pasara a la esfera federal, en la Policía Federal y el Ministerio Público Federal continuarían con la investigación.

Había recelos de que el caso sufriera interferencia del presidente Jair Bolsonaro, cuya familia tiene lazos con los sospechosos del asesinato.

El pedido de federalización [7] fue presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2019, uno de los últimos actos de la entonces procuradora Raquel Dodge, que afirmó que las investigaciones podrían verse contaminadas en el estado, en razón de la demora sobre la conclusión de quién ordenó el asesinato.

Inmediatamente, la familia se pronunció contra la medida en una carta que enviaron [8] a los ministros del tribunal superior, que afirmaban:

Muitas são as razões fáticas e jurídicas que nos levam a acreditar que a federalização do caso não é o caminho que as instituições de Justiça devam seguir para garantir a responsabilização de todos os envolvidos no bárbaro crime que tirou a vida de nossos familiares. (…) Ao contrário do alegado pela PGR, a federalização do caso revela-se justamente como a abertura do caminho para a impunidade dos responsáveis pela prática dos crimes.

Son muchas las razones fácticas y jurídicas que nos llevan a creer que la federalización del caso no es el camino que las instituciones de justicia deban seguir para garantizar la responsabilización de todos los involucrados en el bárbaro crimen que acabó con la vida de nuestros familiares. (…) Al diferencia de lo que afirmó la Procuraduría General de la República, la federalización del caso se revela justamente como el inicio de un camino para la impunidad de los responsables de estos delitos.

En el sitio web de la campaña, un texto afirma que la decisión retira el caso de la Policía Federal y “ahora hay menos riesgo de que haya interferencia directa del presidente [Jair Bolsonaro]».

Esperamos que as investigações evoluam, finalmente. Esperamos não ter que esperar mais dois anos para descobrir quem mandou matar minha irmã. Quem sabe um dia teremos esse caso solucionado.

Esperamos que las investigaciones avancen finalmente. Esperamos no tener que esperar dos años más para descubrir quien mandó matar a mi hermana. Quién sabe un día se solucionará ese caso.

Juicio

En su decisión, la ponente del caso, Laurita Vaz, afirmó que la gravedad del crimen «es incuestionable» [9], pero destacó un episodio que «desmerece el pedido de federalización del caso». Según la ministra [9], un día después de los asesinatos, la procuraduría creó un grupo de trabajo compuesto por cinco procuradores da la República para acompañar actos de procedimiento en Río.

É inegável que o caso insuflou não só o país, mas também a comunidade internacional, tanto pela brutalidade dos homicídios como pelo simbolismo da ação delituosa. Atentado contra a vida de parlamentar, eleita com votação expressiva, que se dedicava à defesa de grupos sociais menos favorecidos, com discursos de clara oposição ao crime organizado no Rio de Janeiro.

Es innegable que el caso indignó no solamente en el país, sino también a la comunidad internacional, tanto por la brutalidad de los homicidios como por el simbolismo de la acción delictiva. El atentado contra la vida de la parlamentaria, electa con votación expresiva, que se dedicaba a la defensa de grupos sociales menos favorecidos, con discursos de clara oposición al crimen organizado en Rio de Janeiro.

Los otros ministros siguieron el voto de Vaz, con lo que hubo votación unánime para la no federalización. El Instituto Marielle Franco, creado por su familia, inició la campaña “¡Federalización No!” [10] para reunir firmas y presionar la decisión. Las más de 150 000 personas y 200 organizaciones de la sociedad civil dirigieron su pedido a los ministros. Para Anielle, presidenta del instituto, que conversó con Global Voices vía WhatsApp, la decisión fue una victoria:

Foi uma vitória não só para a família, mas para todos os 154 mil companheiros e companheiras que assinaram essa mobilização da sociedade civil contra a federalização. (…) Essa votação foi unânime e importante no meio de tanto caos, de tanta interferência e de tanta dor.

Fue una victoria no solamente para la familia, sino para todos los 154 000 compañeros que suscribieron esa movilización de la sociedad civil contra la federalizacioón. (…) Esa votación fue unánime e importante en medio de tanto caos, de tanta interferencia y de tanto dolor.

Investigación de la investigación

En el año de la muerte de Marielle y Anderson, las investigaciones avanzaron poco. Entre marzo y agosto, la Policía de Río de Janeiro descubrió vínculos entre los asesinos y un grupo de milicianos [11] –que en Rio de Janeiro operan como organizaciones paramilitares– conocido como “escritorio del crimen” [12].

En enero de 2019, después de una operación del Ministerio Público, se supo que el hijo del presidente de la República, el senador Flavio Bolsonaro, tenía en su gabinete a la madre y a la esposa [13] de uno de los jefes del grupo, el expolicía Adriano da Nóbrega.

En marzo, otros dos nombres asociados con la organización, Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, fueron encarcelados por los asesinatos [14]. Según la Policía, Lessa disparó contra Marielle, mientras el exmilitar Queiroz dirigía el auto que perseguía el vehículo de la concejala. Aún no se sabe quién mandó a ejecutar el crimen.

Con los hombres presos, la Policía Federal comenzó a averiguar la posibilidad de fraudes en la investigación del caso y los intentos de dificultarla. Ronnie Lessa vivía en el mismo condominio que el presidente Jair Bolsonaro [15], en una zona acomodada de Río de Janeiro. Un portero llegó a hablar con la Policía y dijo que a Élcio Queiroz lo autorizó a entrar en el condominio horas antes de los asesinatos alguien en la casa del entonces diputado federal Jair Bolsonaro. Días más tarde, cambió su versión [16] para la Policía Federal, y afirmó en que había equivocado el número de la casa.

Bolsonaro pasó a acusar al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel [17], de manipular la investigación del asesinato de Marielle para intentar destruir su reputación. Witzel negó las acusaciones y dijo procesaría [18] a Bolsonaro.

Despliegue

Antes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil sobre la federalización del caso, Bolsonaro afirmó, en mensajes intercambiados [19] con el entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, que quería más control sobre la superintendencia de la Policía Federal de Río de Janeiro. En reunión con sus ministros el 22 de abril, filmaron [20] al presidente brasileño:

Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui! E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu [sic], porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final!

Ya intenté cambiar a nuesttro personal de seguridad en Río de Janeiro, oficialmente, ¡y no lo logré! Y eso acabó. Yo no voy a esperar a joder a toda mi familia, a mis amigos porque no puedo cambiar a alguien de seguridad en primera línea que pertenece a nuestra estructura. ¡Lo cambio! Si no se puede cambiar, ¡se cambia al jefe! ¿No se puede cambiar a ese jefe? ¡Se cambia al ministro! ¡Y punto final!

Moro renunció [21] poco después y entregó las grabaciones para que el Tribunal Supremo Federal investigara supuestos delitos del presidente. El ministro se mostró en contra de la renuncia del jefe de Policía Federal, Maurício Valeixo, que fue decisión de Bolsonaro [22].

El elegido del presidente para la dirección general de la Policía Federal fue Alexandre Ramagem [23], pero la nominación se vio impedida [24] en el Tribunal Supremo Federal. El ministro Alexandre de Moraes entendió que Ramagem tenía proximidad con la familia del presidente –en redes sociales se divulgaron fotos [25] suyas con los hijos de Bolsonaro en Año Nuevo. Bolsonaro indicó entonces un nombre vinculado a Ramagem, Rolando Alexandre de Souza [26].

Uno de los primeros actos de su nueva gestión fue cambiar al superintendente de la Policía Federal de Río [27]. Sobre la federalización del Marielle, la Procuraduría General de la República aún puede apelar la decisión del Tribunal Superior de Justicia al Tribunal Supremo Federal, última instancia de la justicia brasileña.