Muchos elogiaron la respuesta de Vietnam a la paqdemia de COVID-19, pero los informes suelen soslayar sus políticas de restricción a la libertad de expresión. Imagen de Thomas Gerlach en Pixabay.

Este artículo es de The 88 Project, sitio de noticias independiente sobre Vietnam, y fue editado y se reproduce en Global Voices en virtud a un acuerdo de intercambio de contenido.

Vietnam se reveló como una historia de éxito en cuanto al manejo de la crisis de COVID-19 mientras la pandemia arrasaba al resto del planeta. Con unas estadísticas oficiales que cuentan solo 300 casos confirmados y ninguna muerte, no quedan dudas de que las autoridades han logrado resultados notables conteniendo la propagación de la enfermedad que se llevó más de 400 000 vidas en todo el mundo.

Sin embargo, este gran logro no debe eclipsar las tácticas represivas empleadas por el Gobierno vietnamita para censurar la información relacionada con la pandemia.

Países como Taiwán y la República de Corea también han mostrado al mundo su competencia con bajas tasas de contagio y de mortalidad. Pero esos países no recurrieron a la represión estatal para alcanzar estos resultados. En realidad, muchas acciones de las autoridades de Vietnam indican que están usando la pandemia para normalizar las prácticas de policía estatal.

Fuerzas de seguridad pública controlan la opinión pública

Según un diario oficial, para fines de marzo, las fuerzas de seguridad, que responden al Ministerio de Seguridad Pública, habían multado a 700 personas por manifestarse sobre el coronavirus.

Si se presta atención a los casos, la mayoría involucra a personas que solo expresaban su preocupación en las redes sociales, preocupaciones que bien podría haber tratado el Gobierno a través de la transparencia y los programas intensivos de información para ayudar a los ciudadanos.

Por ejemplo, en la provincia de Ha Giang, tres docentes recibieron multas de casi diez millones de dongs (alrededor de 450 dólares) solo por haber dicho «La epidemia está fuera de control», con fotos de pacientes vietnamitas en una zona de cuarentena.

Según las fuerzas de seguridad, estas publicaciones causaron un «pánico innecesario» en la ciudadanía. También alegaron que desinformaban, porque las fotos eran de otras provincias, no de Ha Giang.

Además, un médico de Can Tho fue multado por publicar un breve estado donde decía: «Can Tho tiene su primer caso. Los habitantes deben fortalecer el sistema inmunitario consumiendo más alimentos ricos en vitaminas y minerales».

Las autoridades locales de Can Tho anunciaron el primer caso poco después de su publicación.

La mayoría de las declaraciones en línea que fueron motivo de multas no eran peligrosas para el público ni perjudiciales para los esfuerzos nacionales contra el COVID-19. Aún así, los «perpetradores» fueron citados, detenidos brevemente e interrogados como si hubiesen cometido un delito grave.

Aprovechando el apoyo por una «causa nacional común» para combatir la pandemia, las autoridades justifican que el aparato de seguridad se involucre de forma excesiva y arbitraria en la vida pública.

La aceptación de esta conducta continuará debilitando el rol de la opinión pública para vigilar y equilibrar el ya poderoso régimen vietnamita y, por ende, a la larga, anulará el derecho a la libertad de expresión.

La crítica al Estado como delito

Mientras la llamada «incitación al pánico» se atacaba principalmente con multas, las críticas al Estado durante la pandemia, en algunos casos, se castigaronj con prisión.

Ma Phung Ngoc Phu, ciudadana de Can Tho, fue arrestada el 11 de abril de 2020 y, posteriormente, sentenciada a nueve meses de prisión. Su supuesto delito fue preguntar en Facebook: «Se supo que murió una persona de coronavirus en Vietnam; ¿por qué los medios no hablan de esto?».

Otros aspectos incluidos en la investigación fueron sus «me gusta» y sus comentarios en varias publicaciones que criticaban las medidas y las políticas de Estado frente a la pandemia de COVID-19.

Otra víctima de estas acciones arbitrarias fue Dinh Thi Thu Thuy, también de Can Tho. Según las acusaciones en su contra, Thuy abrió muchas cuentas de Facebook para editar, publicar y difundir miles de documentos que difamaban y criticaban el liderazgo del Partido Comunista gobernante.

Las fuerzas de seguridad pública también agregaron que, durante la «guerra nacional» contra el COVID-19, Thuy usó las redes sociales para tergiversar las políticas del Estado y crear confusión en el público. Actualmente, Thuy se encuentra en prisión preventiva y enfrenta una posible condena de entre cinco y doce años de cárcel si la declaran culpable.

En la provincia de Thai Nguyen, la Procuraduría del Pueblo acusó oficialmente a Pham Van Hai conforme el artículo 288 del Código Penal por «suministro o uso ilegal de información en redes informáticas o redes de telecomunicaciones». En las redes sociales, Hai había afirmado que, en la provincia de Thai Nguyen, los contagiados de coronavirus habían fallecido. Hai cuestionaba la integridad de la información oficial.

Estos casos de criminalización arbitraria de la libre expresión constituyen una violación de los requerimientos formales de la leyes internacionales de derechos humanos. Tales restricciones contra la libertad de expresión y los castigos correspondientes no están «previstos por la ley», como lo requiere el artículo 19 de Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ni pasan la prueba de «necesidad y proporcionalidad», que se explican en el Comentario General n° 39 del mismo convenio.

Tal como observaron muchos grupos de derecho internacional, la pandemia de COVID-19 presenta una oportunidad única para que los dictadores y regímenes autoritarios revindiquen su superioridad sobre el viejo modelo de «democracia liberal» y fortalezcan los sistemas represivos.

Un breve panorama de la situación de Vietnam demuestra que estas estrategias no ayudan a una campaña sólida y exitosa contra el coronavirus. Lo que es más importante, amenazan con bajar aún más el listón para la represión en línea que prevalecerá mucho más allá de la pandemia.