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Parte I: Acceso a la información sobre asistencia sanitaria para mujeres durante COVID-19 en África Oriental

Categorías: África Subsahariana, Kenia, Ciencia, Derechos humanos, Desarrollo, Educación, Gobernabilidad, Ideas, Juventud, Medios ciudadanos, Mujer y género, Salud, COVID-19

Mujer frente a clínica de salud que anuncia diversas opciones de seguros y servicios, 19 de marzo de 2018, Nairobi, Kenia. Foto de la Unión Internacional para las Telecomunicaciones [1] vía Flickr (CC BY 2.0 [2]).

Nota del editor: Esta historia es parte de una serie de dos artículos sobre las mujeres y la atención médica durante COVID-19 en África Oriental. Aquí está la segunda parte [3].

La salud materna [4] es una parte crucial de la salud sexual y reproductiva y un componente indivisible de los derechos a la salud. Sin embargo, la mortalidad materna [5] sigue siendo una amenaza para la salud de mujeres y niñas en todo el mundo, especialmente en África subsahariana.

En los últimos años, los Estados han establecido medidas prioritarias para reducir los embarazos no deseados y los abortos peligrosos, y mejorar el acceso a expertos de salud calificados, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas [6].

La clave para asegurar la eficacia de esas medidas es que se garantice el acceso a la información a mujeres y niñas.

La pandemia de COVID-19 destaca la obligación fundamental de los Estados de asegurar un adecuado suministro de información como un componente fundamental del derechos a la salud [7]. Esto exige una comunicación proactiva por parte de las naciones de manera puntual y efectiva.

Durante la pandemia, algunos Gobiernos han luchado [8] para asegurar que mujeres y niñas tengan un acceso continuo a la información y  la educación relacionadas con la salud sexual y reproductiva, en línea y fuera de línea.

En Kenia, el público no siempre ha recibido una información constante, clara y accesible [9] por lo que respecta las exenciones del toque de queda y las restricciones del confinamiento. Si bien las exenciones permiten sin reservas que las mujeres embarazadas con emergencias obstétricas dejen sus hogares para ir [10] a los centros de atención de la salud, la falta de información clara sobre esas exenciones y cómo se aplican puede causar estrés excesivo y confusión [11].

Los kenianos tampoco tienen conocimientos pleno de la función y los roles de los agentes de seguridad [12] y los proveedores de transporte público de facilitar y asegurar el pase seguro de mujeres y niñas embarazadas a las estructuras médicas. El acceso a esta información les permite revindicar sus derechos.

Una nueva familia visita un centro de salud con su hijo, 19 de marzo de 2018, Nairobi, Kenia. Foto de la Unión Internacional para las Telecomunicaciones [1] vía Flickr (CC BY 2.0 [2]).

Excluidas de los recursos en línea

Principalmente, la difusión de información en línea –especialmente a través de los medios sociales– es potencialmente peligrosa porque excluye y discrimina a muchas mujeres y niñas que tienen acceso limitado o nulo a los móviles, los servicios de internet o los conocimientos digitales necesario para acceder a esta información. Algunas tienen medios económicos limitados o no tienen los medios para sufragar los costos de los datos de internet.

Según la Web Foundation [13], a pesar del enorme crecimiento mundial del uso de internet, todavía hay más hombres que mujeres en línea debido a las disparidades de género existentes. En África subsahariana, solo el 28 % de las mujeres tiene acceso a internet. Esto significa que difundir información en línea o exigir a los consumidores que accedan a internet para obtener acceso a los servicios de salud suele excluir a las mujeres.

En Kenia, el 86 % [14] de las mujeres tiene acceso a los móviles pero solo el 32 % [15] tiene acceso y utiliza los servicios de internet; de este último grupo, no está claro si disfrutan de un acceso regular y continuo a los servicios de internet que requiere recursos económicos para pagar los paquetes de internet y la electricidad para cargar los móviles.

¿Telemedicina para todos?

El Ministerio de Salud en Kenia publicó directrices [16] para la continuidad de la atención reproductiva, materna, neonatal y de planificación familiar durante la pandemia de COVID-19, incluso el uso de la telemedicina [17], innovador modelo alentado por numerosos países para asegurar la prestación de servicios de salud durante la pandemia de COVID-19.

La telemedicina es fundamental para asegurar el acceso a la información relacionada con la salud, incluso el acceso a los servicios de emergencia durante el parto y facilitar el contacto entre los profesionales sanitario y los pacientes.

Sin embargo, las directrices de la telemedicina se difunden principalmente en línea, que no es accesible para todos. Esto significa que muchas comunidades pueden no conocer los números de teléfono a los que llamar para acceder a esos servicios.

Además, la telemedicina no está al alcance de las mujeres que no tienen un móvil ni de qujienes, por falta de fondos, deben hacer llamadas telefónicas, si las líneas telefónicas de urgencia no son gratuitas.

Normas relacionadas con el derecho de salud

Las naciones están obligadas [18] por los tratados y convenciones de derechos humanos ratificados. Como consecuencia, los órganos de tratados de derechos humanos, tanto a nivel regional [19] como a nivel mundial, de Naciones Unidas [20], han elaborado normas universalmente aceptadas por las naciones para medir y facilitar la realización de los derechos [21] a la salud, incluida la salud materna.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [22]  y el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres [23] elaboró la Observación General 14 y 22 [24] y la Recomendación General 24 [25] en las que se esbozan las obligaciones y normas de los Estados en relación con la realización de los derechos a la salud.

A nivel regional, la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de África [26] elaboró la Observación General 2 [27] sobre el derecho a la salud, incluida la salud reproductiva, contemplada en el artículo 14 del innovador Protocolo de 2003 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, popularmente conocido como el Protocolo de Maputo [28].

En su conjunto, esos instrumentos para los derechos humanos esbozan las obligaciones de los Estados africanos de garantizar que la atención de la salud de alta calidad esté disponible, sea aceptable y accesible para todos, incluido el acceso a la información y la educación relacionadas con la salud.

La información debe estar al alcance de todos de manera igual y sin discriminación, especialmente de las poblaciones vulnerables y marginadas como las que viven en la pobreza, en las zonas rurales y remotas, y las personas con discapacidades.

Compromiso público directo

La utilización de diversas formas de difusión de información y comunicación garantiza que todas las mujeres –jóvenes o adultas, que viven en las zonas rurales, periurbanas o urbanas, de todos los niveles de ingresos– tengan acceso a la información sanitaria pertinente.

En general, los estados podrían hacer más para asegurar el suministro de información precisa al público, incluyendo el uso de medios convencionales como la televisión, la radio y los periódicos y el envío masivo de mensajes de texto gratuitos a través del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y los servicios de USSD.

La colaboración con líderes comunitarios, activistas, grupos, trabajadores sanitarios de la comunidad y voluntarios, también apoya el flujo abierto y transparente de información en las comunidades con acceso limitado a teléfonos móviles, televisores, radios, periódicos, etc.

El acceso regular a la información sanitaria –especialmente para mujeres y lniñas– mejorará sin duda el acceso a los servicios de atención de la salud materna. Esto probablemente mitigará el aumento previsto de la mortalidad y morbilidad materna y neonatal en África durante la pandemia de COVID-19.


Lydia Muthiani y Nelly Warega son abogadas de derechos humanos que viven y trabajan en Kenia. Se especializaron en la promoción de los derechos de mujeres y niñas y forman parte de Utu Wetu, colectivo de expertos en derechos humanos que trabaja especialmente con derechos de la mujer.