Manifestación contra el sistema kafala en Líbano. Los carteles dicen «Soy mujer y tengo derecho a vivir» y «El corona no es el virus, el sistema kalafa sí». Foto de International Domestic Workers Federation (CC-BY-NC-ND 2.0).

Este artículo es de Khalid Ibrahim, director ejecutivo del Centro por los Derechos Humanos en el Golfo (GCHR), organización independiente sin ánimo de lucro que promueve la libertad de expresión y el derecho de asociación y asamblea pacíficas en la región de Medio Oriente y Norte de África.

Los trabajadores migrantes en la zona del golfo Pérsico y países limítrofes son víctimas de feroces campañas llenas de discursos racistas y de odio que piden su deportación. Han quedado abandonados ante la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19), sin acceso a cuidados médicos ni a sindicatos, según una investigación del Centro por los Derechos Humanos en el Golfo (GCHR)

A lo largo de los años, los trabajadores migrantes en Líbano, Kuwait, Arabia Saudta, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin han sufrido sistemáticas violaciones de los derechos humanos a través del infame sistema kafala (patrocinio) que les despoja de sus derechos civiles y humanos más básicos. Carecen de derecho para trasladarse, viajar o cambiar de trabajo, de derecho a la sanidad, a la sindicación y a la formación de organizaciones. Además, a los trabajadores migrantes se les niega el derecho a la ciudadanía, aunque pasen toda su vida trabajando en esos países.

El sistema kafala, que consagra la discriminación y la explotación, contradice los principios de los derechos humanos y de los sistemas modernos de trabajo, que gozan de las garantía recogidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Migrantes y sus Familias, firmado en 1990. Esta convención entró en vigor el 1 de julio de 2003, tras ser ratificada por 20 países, pero los estados del Golfo y Líbano todavía no la han suscrito.

Líbano

Con el colapso de la libra libanesa y la tensión del COVID-19, los trabajadores migrantes, sobre todo los trabajadores domésticos, enfrentan duras condiciones. La ley laboral libanesa no protege a los trabajadores domésticos —normalmente, mujeres— porque están sujetos a un sistema de patrocinio que vincula su condición legal con la relación contractual con sus empleadores. Al final del contrato, los trabajadores pierden su condición de legalidad y se arriesgan a ser detenidos y deportados. Además, solo pueden cambiar de trabajo con el consentimiento de su empleador, lo que los expone a explotación, trabajo forzado y tráfico humano.

El número de trabajadores domésticos migrantes en Líbano llega a 250 000, mujeres en su mayoría, que han inmigrado de distintos países, sobre todo de Etiopía. El 5 de junio, los trabajadores domésticos etíopes se reunieron ante el consulado de su país en Beirut, esperaban volver a casa. Algunos habían dejado sus trabajos tras cobrar su salario en libras libanesas, insuficientes para satisfacer sus necesidades diarias y enviar dinero a sus familias. Otros abandonaron sus trabajos porque no les habían pagado los últimos meses. Su situación se ha vuelto ilegal y necesitan una solución rápida de las autoridades.

Según este reportaje de la BBC, la crisis de Líbano ha arrojado una sombra sobre todos los trabajadores migrantes. En 2012, la organización de la sociedad civil Stop Violence and Exploitation publicó un estudio sobre el sistema de patrocinio, y pidieron el fin de la explotación de las trabajadoras migrantes y un sistema alternativo que proporcione protección legal y libertad para elegir su puesto de trabajo.

Kuwait

El 28 de mayo, la bloguera Reem al-Shammari publicó un video en Snapchat en el que atacaba verbalmente a los egipcios que trabajan en Kuwait:

Kuwait is for Kuwaitis, not for Egyptians. … You are hired. Understand … Egyptians are not partners with Kuwaitis in the homeland.

Kuwait es para los kuwaitíes, no para los egipcios (…) Los egipcios no son iguales que los kuwaitíes en la patria.

El video encontró la oposición de muchos ciudadanos kuwaitíes, pero el discurso del odio sigue siendo un fenómeno en alza en medios sociales, especialmente desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Parte de este discurso del odio vincula sin ningún fundamento a los trabajadores migrantes con la propagación del virus. No obstante, algunas voces moderadas defienden a los trabajadores migrantes y sus logros, resultado de su duro trabajo.

A causa del COVID-19, la fuerte caída de los precios del petróleo ha obligado a los países del golfo Pérsico a revisar las políticas que regulan la mano de obra migrante: muchas empresas han despedido a cientos de trabajadores y se ha comenzado a deportar a los que trabajan ilegalmente.

El 3 de junio, en una entrevista, el primer ministro kuwaití, Sheikh Sabah Khalid al Hamad al Sabah, señaló que el 70 % de los 4,8 millones de habitantes del país son extranjeros, y apuntó que esa cifra debería reducirse paulatinamente a la mitad. El primer ministro concluyó que «tenemos el reto futuro de tratar los desequilibrios demográficos» .

Arabia Saudita

En mayo de 2020, en un episodio de We Are All Responsible («Todos somos responsables»), emitido en el canal oficial de televisión saudita, el presentador, Khaled al-Aqili, dijo:

Unfortunately, the control of expatriate workers over the economy has become a real threat to national security and not only on the economic side but beyond much of that.

Lamentablemente, el control de los trabajadores expatriados sobre la economía se ha convertido en una auténtica amenaza a la seguridad nacional, y no solo en el campo económico, sino mucho más que eso.

Y concluyó:

We ​​must stop making the Saudi employee a scapegoat with every crisis, and make the expatriate workers, who replaced Saudi workers — who are more efficient than them, the first to be dispensed of, not the sons of the homeland.

Debemos dejar de convertir a los trabajadores sauditas en cabezas de turco de cada crisis, y hacer que los trabajadores expatriados, que han sustituido a los sauditas —más eficientes que los extranjeros— sean los primeros despedidos, no los hijos de la patria.

Esto vino precedido de la decisión ministerial del 3 de mayo, que regula los contratos de trabajo durante la pandemia del COVID-19.

Promover un discurso que se dirige directamente a los trabajadores extranjeros y los retrata como una amenaza nacional definitivamente suscita sentimientos racistas y hostiles. Justificar este sentimiento solo echa más leña al fuego.

Emiratos Árabes Unidos

Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, varios informes de prensa han confirmado la prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores migrantes, debido a la falta de protección y de distanciamiento social. La mayoría de los trabajadores migrantes viven en zonas comunes muy pobladas y en vecindarios comerciales de gran densidad.

El 10 de abril, una carta enviada por una coalición de 16 ONG y sindicatos al ministro de Recursos Humanos y Emiratización de los EAU, Nasser bin Thani al Hamli, decía:

Low-wage migrant workers remain acutely vulnerable to severe human rights violations, that increase their risk of infection from COVID-19.

Los trabajadores migrantes con bajos salarios siguen siendo tremendamente vulnerables a severas violaciones de derechos humanos, lo que incrementa su riesgo de contraer COVID-19.

El 26 de marzo, el ministro emitió un decreto ministerial que permite a las empresas privadas modificar los contratos de los trabajadores migrantes, les obliga a tomar permisos no retribuidos o aceptar reducciones temporales de sus salarios. Esta decisión protege legalmente exclusivamente a las empresas, ya que deja a los trabajadores expatriados sin derecho a quejarse ni recurrir a los tribunales.

Catar

A los trabajadores migrantes de Catar no se les permite formar sindicatos. Muchos son explotados con duros trabajos, largas jornadas y salarios bajos. El COVID-19 ha revelado otro problema crónico: la falta de atención sanitaria y viviendas adecuadas. La caída de los precios del petróleo ha llevado al despido de cientos de trabajadores migrantes, por lo que muchos han acabado en la calle.

En una declaración del 15 de abril, Amnistía Internacional dijo que las autoridades cataríes habían detenido y expulsado a docenas de trabajadores extranjeros después de informarles que se les haría la prueba del COVID-19.

El 23 de mayo, cien trabajadores extranjeros se manifestaron en Doha para denunciar que las autoridades cataríes no les pagaban sus salarios.

Fuentes locales confirmaron que los obreros migrantes que trabajan en las obras del Mundial de Fútbol 2020 sufrían graves violaciones de los derechos humanos, como bajos salarios y largas jornadas laborales bajo un sol inclemente. No pueden cancelar su contrato ni volver a su país. Un reciente informe de Amnistía Internacional Reino Unido del 10 de junio confirmó esas condiciones, y menciona a trabajadores que no han recibido sus salarios durante siete meses consecutivos.

Baréin

Baréin también ataca a los trabajadores migrantes. El 5 de junio, el parlamentario Ghazi al Rahma anunció que él y varios diputados presentarían una propuesta de enmienda a la ley laboral en el sector privado, para favorecer a los ciudadanos bareiníes en el proceso de contratación de las empresas y facilitar el despido de trabajadores extranjeros.

Los estados del golfo Pérsico deben abolir el sistema kafala, ratificar la Convención Internacional de Derechos de los Migrantes y sus Familias y conceder derechos civiles iguales a todos los trabajadores migrantes.