Medios de comunicación filipinos enfrentan “eterna amenaza de castigo” tras condenas por ciberdelitos

Directora general de Rappler Maria Ressa (centro), el exescritor Reynaldo Santos Jr (izqueirda) y el abogado Theodore Te (derecha) en rueda de prensa después de su audiencia en la Corte Regional de Manila. Foto de Kodao Productions, socio de contenido de Global Voices.

Un tribunal de Manila condenó a uno de los principales periodistas de Filipinas por difamación cibernética en un caso que se considera el último ataque a las voces disidentes y a la libertad de prensa del país.

La jueza Rainelda Estacio-Montesa, del tribunal regional de primera instancia de Manila división 46, condenó a la editora jefa del sitio web de noticias Rappler, Maria Ressa, y su exreportero, Reynaldo Santos Junior, a mínimo seis meses y un día, y hasta seis años de prisión, más una multa de 400 000 pesos filipinos (unos 8000 dólares estadounidenses) por daños morales y ejemplares el 15 de junio.

Ressa y Santos son los primeros periodistas en Filipinas condenados por difamación informática desde la aprobación de la ley en 2012. Se les permitió pagar la fianza a la espera de la apelación según la fianza pagada en 2019, que les costó 100 000 pesos filipinos (2000 dólares estadounidenses) cada uno.

La página de Rappler, sitio web independiente reconocido a nivel internacional, ha sufrido ataques del régimen del presidente Rodrigo Duterte. Sin embargo, el tribunal sentenció que Rappler no tenía responsabilidad en ese caso de ciberdifamación.

Ataques a Rappler

Los defensores de la libertad de prensa en Filipinas, y en todo el mundo, se apresuraron a denunciar la condena de Ressa como parte de la campaña del gobierno de Duterte para aterrorizar e intimidar a los periodistas.

El expediente contra Ressa y Rappler fue presentado por el empresario Wilfredo Keng en 2012 por un artículo de Rappler que hablaba de sus presuntos vínculos con el presidente del Tribunal Supremo, Renato Corona, que en ese momento atravesaba por un proceso de impugnación acusado de corrupción.

Inicialmente, la denuncia de Keng fue desestimada en 2017, ya que estaba fuera de plazo. Además, el propio artículo fue publicado cuatro meses antes de que se aprobara la ley contra los delitos informáticos.

Sin embargo, el caso fue posteriormente readmitido por el Departamento de Justicia de Filipinas, que amplió el período de responsabilidad por las reclamaciones de difamación informática de uno a 12 años y argumentó que el artículo estaba amparado por la ley porque se ‘volvió a publicar’ en febrero de 2014, cuando Rappler lo actualizó.

Si bien Duterte y su portavoz niegan cualquier vínculo con la sentencia de difamación informática, Rappler ha sido blanco frecuente de la ira del presidente y sus aliados por investigar y exponer activamente la sangrienta guerra gubernamental contra las drogas, la manipulación de los medios sociales y la corrupción.

A los reporteros de Rappler no se les permitió cubrir las ruedas de prensa presidenciales de 2018, por lo que Duterte calificó de “reportaje retorcido” durante un discurso presidencial.

Los troles a favor de Duterte se burlan de Rappler como un vendedor de “noticias falsas” y lanzan invectivas a sus reporteros.

El caso de difamación informática es el primero de ocho casos legales activos contra Ressa y Rappler que incluyen otro caso similar y denuncias de infracciones tributarias. Todo se han presentado después de que Duterte asumió el poder en 2016.

El gobierno de Duterte decidió cerrar Rappler en enero de 2018, alega que violaba la ley sobre la propiedad no extranjera de los medios de comunicación. La afirmación es manifiestamente falsa.

Manifestante pide “pruebas masivas y no silenciamiento masivos” en una manifestación celebrada el 4 de junio de 2020, día en que el Congreso de Filipinas aprobó el proyecto de ley contra el terrorismo. Foto de Kodao Productions, socio de contenido de Global Voices.

Reducir la disidencia

La Facultad de Comunicación de Masas de la Universidad de Filipinas (UP), principal universidad estatal del país, condenó la decisión como un peligroso precedente que otorga a las autoridades el poder de enjuiciar a cualquier persona por los contenidos en línea publicados en la última década:

The State can prosecute even after ten, twelve or more years after publication or posting. It is a concept of eternal threat of punishment without any limit in time and cyberspace.

El Estado puede enjuiciar incluso después de diez, doce o más años después de una publicación. Es un concepto de amenaza perpetua de castigo sin limites en el tiempo y el ciberespacio.

La Unión Nacional de Periodistas de Filipinas dijo que las acusaciones que enfrenta Rappler son solamente los últimos de “una cadena de represión de los medios que ha visto el cierre forzoso de la red de radiodifusión ABS-CBN y un aumento de las amenazas y el acoso a los periodistas, todo debido a que el hombre más poderoso del país aborrece las críticas y la disidencia”.

A finales de mayo, el Gobierno sacó del aire a ABS-CBN, la mayor red televisiva privada, después de que el Congreso, a favor de Duterte, se negara a renovar su licencia de emisión.

La creciente persecución de los medios procede de un proyecto de ley antiterrorista aprobado por la legislatura que permite al presidente crear un consejo antiterrorismo investido de poderes para designar a personas y grupos como “terroristas”.

Esta identificación, a su vez, permite mandatos de arresto sin orden judicial y 24 horas de detención sin cargos judiciales, entre otras disposiciones draconianas.

Con absoluto descaro, las autoridades negaron que la ley amenace la libertad del país.

FOTO AÉREA: 12 de junio, 5000 abogados y activistas de derechos humanos mantienen la distancia física mientras conmemoran el Día de la Independencia de Filipinas y celebran una “Gran Mañanita” contra el proyecto de ley contra el terrorismo del gobierno de Duterte en la Avenida de la Universidad, Universidad de Filipinas-Dilman, Ciudad Quezon. Foto y texto de Kodao Productions, socio de contenido de Global Voices.

Mantener la línea

En una conferencia de prensa después de su vista judicial, Ressa prometió no ceder:

Freedom of the press is the foundation of every single right you have as a Filipino citizen. If we can’t hold power to account, we can’t do anything.

La libertad de prensa es el fundamento de todos los derechos que tienen como ciudadanos filipinos. Si no podemos hacer que el poder rinda cuentas, no podemos hacer nada.

Unos pocos días antes de la sentencia de Ressa, miles desafiaron el confinamiento para participar a unas protestas contra el proyecto de ley antiterrorista en Manila a pesar de las amenazas de violencia por parte de la Policía.

Irónicamente, los manifestantes describieron su protesta como una “mañanita”, palabra que el general de policía Debold Sinas, aliado de Duterte, utilizó para justificar la celebración de una fiesta por su cumpleaños. La fiesta tuvo lugar en medio de severas restricciones sobre las asambleas.

El doble criterio para los aliados de Duterte y la militarización de las leyes contra las críticas fueron temas constantes en los tuíts que utilizaban la etiqueta #DefendPressFreedom (defiendan la libertad de prensa) en respuesta al caso Ressa.

Defiendo a Maria Ressa, Ray y Rappler no porque crea que están por encima de la ley, sino porque su caso muestra cómo el gobierno de Duterte tuerce la ley para que se convierta en un arma contra las libertades civiles. Defiendan la libertad de prensa. Manténganse firme.

Si pueden hacer esto a la ABS-CBN y a Maria Ressa (Rappler), pueden hacerlo a otros medios de comunicación y a cualquiera.

MIRA: Cronología del caso de ciberdifamación de Maria Ressa
Hoy, 15 de junio, el tribunal regional de primera instancia de Manila condena a la directora general y editora ejecutiva de Rappler, Maria Ressa, y su exinvestigador y escritor, Rey Santor Junior, por ciberdifamación. Defiende a la libertad de prensa. Defiende a Rappler.

Inicia la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor, trata a los demás con respeto. No se aprobarán los comentarios que contengan ofensas, groserías y ataque personales.