Timor Oriental planea restablecer ley de difamación penal entre preocupaciones sobre impacto en la libre expresión

Curso de computación en Timor Oriental. Foto de José Fernando Real. Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Los medios y los líderes de la sociedad civil de Timor Oriental han expresado su preocupación por la posible reimplantación de una ley de difamación en el país.

El 5 de junio, el ministro de Justicia dijo que el proyecto de ley, que planea presentar al Consejo de Ministro, volverá a introducir en el Código Penal del país el delito de difamación que se eliminó cuando el Gobierno adoptó un nuevo Código de Prensa en 2014.

Según el proyecto de ley, se puede responsabilizar por difamación a quien “impute o afirme de otra persona un hecho o exprese una opinión ofensiva del honor y prestigio de esa persona, o transmita esa imputación o afirmación u opinión a un tercero”. La pena es un año de prisión o una multa, pero los infractores enfrentan hasta tres años de prisión si el demandado es un funcionario público, o si la declaración ofensiva se hace a través de medios convencionales o sociales. Quien difame a una empresa, un exservidor gubernamental o un fallecido también debe enfrentar penas, según la ley.

El documento cita el difudido uso de medios sociales como una razón para la reforma del Código Penal:

…through the media and social networks, the offenses against honour, good name and reputation are amplified, thus causing repercussions that affect more seriously the dignity of those targeted, and also the dignity of the State, who should also be responsible for protecting its own dignity.

…a través de medios y redes sociales, las ofensas contra el honor, el buen nombre y la reputación se amplifican, por lo que causa repercusiones que afectan seriamente la dignidad de los afectados, y también la dignidad del Estado, que también deben ser responsables por proteger su propia dignidad.

Pero José Ramos-Horta, ganador del Nobel y expresidente de Timor Oriental, advirtió al Gobierno sobre el posible impacto de la ley propuesta sobre libertad de expresión. También expresó dudas sobre si se podría culpar al uso de medios sociales de los problemas del país:

I do not see that over the years the proliferation of social networks has affected in any way, the security, peace or development of the country and the dignity or prestige of the government.

If we do not want the media and social networks to report embarrassing things that do not dignify, let us behave with greater civility.

No veo que, con los años, la proliferación de redes sociales haya afectado de manera alguna la seguridad, la paz o el desarrollo del país y la dignidad o prestigio del Gobierno.

Si no queremos que los medios y las redes sociales informen cosas vergonzosas que no dignifican, portémonos con más civismo.

La última oración se refiere a un violento enfrentamiento ocurrido entre parlamentarios durante un plantón en mayo.

El 15 de junio, el grupo de la sociedad civil La’o Hamutuk Civil expresó al Gobierno que las “personas no deberían tener miedo de decir la verdad”. El grupo advirtió sobre los potenciales efectos de la propuesta de ley en los ciudadanos comunes y corrientes:

This draft law threatens everyone, particularly vulnerable people without political connections or financial resources. The law has the potential to silence women who have experienced violence or sexual assault, and prevent them from writing or talking about their experiences without hard evidence.

Este proyecto de ley amenaza a todos, sobre todo a personas vulnerables sin conexiones políticas ni recursos financieros. La ley tiene el potencial de silenciar a mujeres que han sufrido violencia o ataque sexual, y les impedirá que escriban o hablen sobre sus experiencias sin evidencia contundente.

La’o Hamutuk agregó que las autoridades podrían usar la ley de difamación para socavar el trabajo de grupos de la sociedad civil:

If we suggest that policies promoted by politicians to spend hundreds of millions on roads and airports rather than on health and education endanger the lives of ordinary people, could the Government file a case against us? If we oppose military leadership using armed force to limit election campaigning, will the state put us in prison?

Si sugerimos que las políticas promovidas por políticos para gastar cientos de millones en caminos y aeropuertos en vez de salud y educación ponemos en peligro la vida de personas comunes y corrientes, ¿podría el Gobierno denunciarnos? Si nos oponemos a la dirigencia militar con fuerza armada para limitar la campaña electoral, ¿el Estado nos meterá en prisión?

Virgilio Guterres, presidente del Consejo de Prensa de Timor Oriental, criticó la “apresurada consulta pública” y la falta de oportunidad de la medida “en medio de un estado de emergencia cuando la mayoría de la población concentra su preocupación en las medidas para evitar COVID-19”. También recordó a las autoridades sobre la represión de la libre expresión durante la lucha del país por la independencia cuando durante la ocupación indonesia, entre 1975 y 1999:

Over the years of occupation, many have been jailed for free speech. In order to value and dignify sacrifices, we have to ensure that there can no longer be a citizen imprisoned for expressing himself or for having a different opinion.

A lo largo de los años de ocupación, muchos terminaron en prisión por la libre expresión. Para valorar y dignificar sacrificios, debemos asegurar que ya no haya ningún ciudadano en prisión por expresarse o tener una opinión diferente.

La Unión de Prensa de Timor Oriental acusó al Gobierno de tratar de silenciar a los críticos:

The government is trying to use a national emergency opportunity to endorse this bill with the aim of punishing those who berate leaders and politicians, but in our opinion this is to criminalize journalists and all citizens not to criticize the government.

El Gobierno está tratando de usar una oportunidad de emergencia nacional para respaldar este proyecto de ley con el objetivo de sancionar a quienes regañan a líderes y políticos, pero en nuestra opinión es para criminalizar a periodistas y todos los ciudadanos, no para criticar al Gobierno.

Jane Worthington, directora de Asia-Pacífico de la Federación Internacional de Periodistas, destacó una disposición alarmante del proyecto de ley.

This proposed law contains ill defined ‘offences’ and switches the focus of any complaint to the journalist and/or publisher to ‘prove’ the subject to the complaint. Put simply, it places the legal burden of proving that a story is true upon the journalist and/or publisher.

Esta propuesta de ley contiene mal definidos ‘delitos’ y cambia la atención de toda queja al periodista o editor para que ‘pruebe’ el asunto de queja. Puesto simplemente, impone al periodista o editor la carga legal de probar que una historia es cierta.

Jim Nolan, experto legal de la Federación Internacional de Periodistas de Asia-Pacífico señaló que Timor Oriental ya tiene un mecanismo de cómo abordar quejas contra informes de medios sin penalizar la libre expresión.

El Gobierno garantizó a los interesados que revisará los comentarios y sugerencias a favor y en contra de la medida.

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