Indígenas y afrodescendientes en Colombia se movilizan contra ola de asesinatos de líderes sociales

 

Hermes Pete, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca durante la rueda de prensa virtual organizada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, Junio 5 2020.  Captura de pantalla realizada por la autora, con permiso.

El 7 de julio, desconocidos dispararon contra Rodrigo Salazar, gobernador indígena de la etnia Awá en Llorente, un pueblo del pacífico colombiano. Este es el último de los 164 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va del año 2020.

Según la agencia no-gubernamental Somos Defensores, el número de homicidios contra los líderes ha aumentado un 88% en comparación con el mismo periodo en 2019. Durante la cuarentena del COVID-19, se calcula que 78 líderes sociales han sido asesinados. Estas cifras ubican a Colombia como el país más peligroso para los activistas y defensores del derechos humanos en Latinoamérica.

Los líderes y lideresas sociales representan organizaciones campesinas, dirigentes de resguardos indígenas, asociaciones de comunidades afrodescendientes y sindicales. Su trabajo, conectado con el derecho legal y simbólico de los campesinos a la tierra, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la cultura ancestral y la conservación del agua y los bosques, los ha convertido en blanco de los violentos.

En un encuentro virtual en el mes de mayo, líderes sobrevivientes denunciaron la falta de resolución y acciones coordinadas del gobierno de Colombia para proteger sus vidas, particularmente durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Así mismo, el Procurador General Fernando Carrillo y las Naciones Unidas coincidieron en repudiar los hechos.

Movilización de pueblos indígenas y afrodescendientes

Las comunidades indígenas y afrodescendientes han mostrado capacidad de movilización en la defensa de los territorios colectivos. Ellas han organizado guardias indígenas, cimarronas (o de comunidades negras) y campesinas cuya función es la autoprotección y la justicia restaurativa basada en la tradición y leyes de la comunidad.

Durante la cuarentena por el COVID-19, por ejemplo, las guardias indígenas controlan la circulación de personas en sus comunidades y en territorios de propiedad colectiva con mediadas de bioseguridad y se encargan de abastecer de alimentos a los pobladores.

Para los indígenas, su ejercicio de autodeterminación les ha ocasionado confrontaciones con autoridades locales, terratenientes, fuerza pública y con los grupos al margen de la ley. En lo que va del año se calcula que 47 líderes indígenas han sido asesinados.

La respuesta del gobierno ante la situación de seguridad ha sido aumentar la presencia militar en las zonas de riesgo. Pero, según señaló Hermes Pete, Autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca en una rueda de prensa el 5 de junio:

La respuesta no debe ser la fuerza. La militarización del territorio genera mas pánico y zozobra. Lo que se necesita es inversión social y que se cumplan los compromisos del Acuerdo de Paz.

Rosana Mejía, lideresa de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca durante la rueda de prensa virtual organizada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, Junio 5 2020.  Captura de pantalla realizada por la autora, con permiso.

Tierra disputada

Una de las razones de violencia rural en Colombia es la disputa por la tierra. Durante los años 90s y 2000s, miles de campesinos fueron despojados de sus parcelas y desplazados violentamente por grupos paramilitares y guerrilleros ante la mirada pasiva del estado. Las tierras concentradas en manos de terratenientes y narcotraficantes fueron usadas en negocios de ganadería extensiva, proyectos agroindustriales y de minería.

Al final del 2016, las FARC, la guerrilla más antigua del mundo, y el gobierno de Colombia firmaron un histórico acuerdo de paz terminando con el sangriento conflicto armado que llevaba más de 50 años. Pero alcanzar la paz duradera requiere cumplimiento de compromisos de los Acuerdos de Paz, explica Alirio Uribe Muñoz, experto de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en entrevista con Global Voices por Whatsapp.

Se necesita programas de restitución a las víctimas, apoyo al campo, acceso a la tierra de manera justa, desmonte de los grupos armados, y participación de las comunidades en las decisiones políticas del país, continua Uribe Muñoz.

Rosana Mejía, lideresa de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, denuncia en una rueda de prensa las agresiones contra los defensores de la tierra:

Nosotros nos levantamos cada día con la noticia de que un compañero tuvo que irse o que lo han matado. Y uno piensa, ¿es la última vez para mí? Es una campaña de miedo, es una campaña de terror para callarnos.

Hoy en día, los grupos armados ilegales de narcotraficantes, paramilitares y las disidencias guerrilleras luchan por controlar los territorios estratégicos para la producción y el tráfico de drogas. Estos grupos ven a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos como obstáculos para sus objetivos económicos y militares.

El cultivo de coca

El cultivo de coca ha sido el sustento de la economía campesina en regiones montañosas, selváticas y olvidadas por el estado. Allí los líderes sociales, en el marco los Acuerdos de Paz, han acompañado y promovido programas para que los campesinos sustituyan los cultivos de uso ilícito por cultivos legales.

Pero, sin consultar previamente con las comunidades, el gobierno decidió acelerar la erradicación forzada de cultivos ilícitos durante los meses de cuarentena. Esta situación ha causado protestasenfrentamientosdesplazamientos, y más violencia contra los líderes sociales y sus comunidades.

Alirio Uribe Muñoz, señala que:

mientras los líderes [en regiones cocaleras] han convencido a cientos de familias vecinas a sustituir sus cultivos, el gobierno ha no ha apoyado el desarrollo de la agricultura local, no ha invertido en proyectos productivos o en vías para sacar sus productos al mercado.

Según Uribe Muñoz, los líderes se ven en medio de la presión de campesinos desesperados, las amenazas de los grupos ilegales que se oponen a la sustitución y, de otro lado, el hostigamiento de la fuerza pública que ha mandado el gobierno para arrasar con los cultivos por la fuerza.

De manera reiterada los líderes y defensores de derechos humanos piden al gobierno y a las agencias internacionales que se mejoren los sistemas de protección, y además, insisten en la desmilitarización de los territorios, la investigación y esclarecimiento de los crímenes, y el cumplimiento con los Acuerdo de Paz.

Uribe Muñoz considera que:

La protección no puede ser reducida al tema de la protección física. El gobierno responde con celulares, escoltas, chalecos antibalas, todo eso está bien, pero la gente no se puede proteger con esos esquemas individuales en el campo. La protección debe ser social, colectiva.

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