Investigan sitios web de Al Jazeera, Malaysiakini y Code Blue por reportajes críticos en Malasia

Composición de los sitios web de noticias de Al Jazeera, Malaysiakini y Code Blue, así como de la portada de un libro prohibido en Malasia.

Grupos de noticias, editores y periodistas siguen enfrentando acusaciones e investigaciones en Malasia por cumplir con su deber de informar.

El 12 de junio, Global Voices reveló cómo el nuevo gobierno de Malasia, que acababa de llegar al poder en marzo de 2019, había iniciado casos contra varios periodistas, blogueros, líderes de la sociedad civil, políticos de la oposición y otros críticos del primer ministro Muhyiddin Yassin. Desde entonces ha habido un aumento de casos archivados contra periodistas críticos.

Estos son algunos de los principales casos desde junio:

Al Jazeera enfrenta una investigación por un documental

El 3 de julio, la radiodifusora catarí Al Jazeera publicó un documental que abordaba la supuesta represión en Malasia de inmigrantes indocumentados y refugiados durante la pandemia del COVID-19.

Los funcionarios malasios calificaron rápidamente el informe de falso y malicioso, e insistieron en que los inmigrantes fueron tratados bien en centros de detención. La oficina de inmigración también publicó como respuesta la información personal de un trabajador bangladesí al que entrevistaron en el documental.

Al Jazeera se encuentra ahora bajo investigación conforme a la sección 500 del Código Penal, la sección 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedia (CMA) y la sección 4(1) de la Ley de Sedición.

Zaid Malek, coordinador de Abogados por la Libertad, no vio nada ilegal en el contenido del documental.

…there is nothing there that warrants any criminal investigation by the authorities. Nothing highlighted in the documentary is in fact new; it merely echoes criticisms already brought forth by various NGOs

If there truly was anything that was misreported, the government could simply release their own statements to refute any inaccuracies.

…no hay nada que justifique una investigación penal por parte de las autoridades. Es más, nada de lo que se destaca en el documental es nuevo; meramente se hace eco de las críticas que han realizado varias ONG.

Si realmente hubiera alguna información errónea, el Gobierno simplemente publicaría sus propias declaraciones para refutar las inexactitudes.

Un total de 35 grupos de la sociedad civil y 17 personas han firmado una declaración para expresar su apoyo a Al Jazeera, así como para criticar a los funcionarios por exponer al trabajador bangladesí a un daño potencial:

The government should not be complicit in human rights abuses against migrant workers, such as doxxing and threats, by promoting hatred or discrimination in their messaging.

El Gobierno no debería ser cómplice en abusos de derechos humanos contra trabajadores inmigrantes, como la publicación de datos personales (práctica llamada doxeo) o las amenazas, que promueven el odio o la discriminación en sus mensajes.

Cargos por desacato a Malaysiakini por comentarios de lectores

El sitio de noticias Malaysiakini y su editor jefe, Steven Gan, enfrenta procedimientos judiciales por desacato en un caso archivado por el fiscal Idrus Harun por unos comentarios que dejaron lectores en el sitio web.

Idrus afirmaba que cinco comentarios en el artículo de Malaysiakini titulado “Juez presidente ordena que todos los tribunales se encuentren totalmente operativos desde el 1 de julio”, acusaban al Poder Judicial de corrupción. Idrus dijo que estos comentarios “amenazaban la confianza pública en el Poder Judicial y que claramente buscaban afectar a la administración de justicia por parte de los jueces”.

Gan declaró que Malaysiakini ya había eliminado los comentarios “despectivos”:

We have removed the allegedly contemptuous comments from our website not long after the news report on the reopening of the courts was uploaded.

Eliminamos los comentarios supuestamente despectivos de nuestro sitio web poco después de publicar la noticia sobre la reapertura de los tribunales.

Malaysiakini presentó una petición judicial para anular el caso, pero fue rechazada. La vista por desacato quedó prevista para el 13 de julio. El grupo de derechos humanos Suara Rakyat Malaysia advirtió sobre el impacto del fallo en el trabajo de otras organizaciones de noticias:

…the finding of the Federal Court thus far would undoubtedly have a chilling effect on free speech as a media organization may be liable for commentaries by its readers.

…the finding of the court suggests that individuals can conduct organized posting of contemptuous material on any moderated media website or social media comment sections to incriminate the said platform.

…el fallo del tribunal federal tendría hasta la fecha un efecto indudablemente estremecedor en la libre expresión, si resulta que una organización mediática puede llegar a ser responsable de los comentarios de sus lectores.

…el hallazgo de la corte sugiere que las personas pueden realizar publicaciones organizadas de material despectivo en cualquier sitio web o medio social con moderación de comentarios para incriminar a esa plataforma.

Policía investiga al editor de Code Blue por noticia sobre incendio de hospital

En marzo de 2020, el sitio web de noticias de salud CodeBlue publicó cuatro artículos que subrayaba los resultados desclasificados de una investigación independiente sobre el incendio en 2016 del hospital Sultanah Aminah (HSA), en el que seis pacientes perdieron la vida.

Esto provocó una investigación policial por la posible violación de la sección 203A del Código Penal, que criminaliza la divulgación de información.

El Centro para Combatir la Corrupción y el Nepotismo publicó una declaración que deploraba la acción policial:

The act of writing about and disclosing the findings related to the fire was done to safeguard public interest and therefore should be protected and not be treated as a crime.

El acto de difundir y escribir sobre los resultados relacionados con el incendio se realizó para salvaguardar el interés público y, por lo tanto, debería ser protegido y no tratado como un delito.

El editor de CodeBlue, Boo Su-Lyn, sostiene que el caso tiene amplias repercusiones:

Los policías se llevaron mi móvil. Fue una sesión bastante dura, pero conseguí aferrarme a mis valores. Este caso no se trata de mí; sino de defender la transparencia y la responsabilidad del Gobierno. Los profesionales de la salud deben mantener la seguridad del paciente. Aprendan del incendio fatal del HSA, no lo oculten.

Citan a la periodista Tashny Sukumaran por la contribución con un libro

Tashny Sukumaran, corresponsal del South China Morning Post, con sede en Hong Kong, tuiteó que la habían citado para que diera su declaración a la Policía sobre el libro “Rebirth: Reformasi, Resistance And Hope in New Malaysia” (Renacimiento: Reformasi, resistencia y esperanza en la nueva Malasia).

Me han citado en Bukit Aman este viernes para que la Policía pueda tomarme la declaración con respecto al libro prohibido Rebirth: Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia. Un abogado me acompañará.

Publicado a principios de 2020, el libro presenta comentarios sobre las elecciones de 2018 que derrocó al partido que gobernó el país desde la década de 1950. El nuevo primer ministro de Malasia dijo que estaba dispuesto a trabajar con los líderes del anterior partido gobernante. Tashny Sukumaran aportó un artículo en el libro.

De repente, el libro se volvió controvertido y el nuevo gobierno prohibiéndolo después de que se presentaran quejas contra su portada, que presuntamente era irrespetuoso con el escudo de armas nacional. Artistas y activistas garantizaron que la portada del libro estaba basada en una obra de arte que se ha presentado en galerías de arte desde 2014.

En un hilo de Twitter sobre las citaciones, Sukumaran reprobó al Gobierno por acosar a los críticos en lugar de centrarse en abordar la crisis del COVID-19:

In the face of a global pandemic and a looming recession, it is absolutely unconscionable and irresponsible that such undue focus be placed on harassing and intimidating media personnel, activists and migrants.

The government of the day should be working to earn the confidence and trust of voters, particularly given how it came to power this March. Creating a culture of fear and wielding state apparatus in a repressive manner to silence citizens is not the way to do this. Obviously.

Frente a una pandemia global y una recesión inminente, es absolutamente inconcebible e irresponsable que se haga un énfasis tan excesivo en el acoso e intimidación del personal de los medios, activistas e inmigrantes.

El gobierno actual debería estar trabajando para ganarse la confianza y la seguridad de los electores, sobre todo ahora que llegaron al poder en marzo. Crear una cultura de temor y empuñar el aparato estatal de manera represiva para silenciar ciudadanos no es la manera de hacer esto. Obviamente.

Mientras siguen apilándose casos contra disidentes y periodistas, grupos de la sociedad civil han reiterado sus exigencias al Gobierno:

Enact a right to information law and repeal or amend repressive laws such as the Printing Presses and Publications Act, the Official Secrets Act, the Sedition Act and Section 233 of the CMA, so that these laws are not utilised arbitrarily to stifle all manner of speech.

Promulguen una ley de derecho a la información y derogar o modificar las leyes represivas como la Ley de Imprentas y Publicaciones, la Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Sedición y la sección 233 de la CMA, de manera que estas leyes no puedan ser utilizadas arbitrariamente para reprimir todo tipo de expresión.

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