¿Cómo se regula la expresión en línea en legislación sobre ideología genocida de Ruanda?

Personas regresan de un mercado en Musanze, provincia al norte de Ruanda, septiembre de 2017. Foto de Cyril Ndegeya, utilizada con autorización.

Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar los retos de los derechos digitales en el Examen Periódico Universal (UPR por su nombre en inglés).

La ley de la ideología genocida y sectarismo ha tenido un efecto paralizante en la libertad de expresión en Ruanda.

El recuerdo traumático del genocidio de 1994 aún se cierne sobre muchos ruandeses, incluso sobre quienes son demasiado jóvenes para recordarlo. Extremistas hutus mataron a casi un millón de ruandeses. Muchas de las víctimas eran de etnia tutsi, pero algunos hutus, que se negaron en matar, fueron asesinados a su vez.

Tras el genocidio, se crearon leyes que prohíben la incitación al odio, al genocidio y al sectarismo como parte de una serie de medidas para reconciliar a los ruandeses y evitar una tragedia similar.

En muchos países, incluso Ruanda, los debates sobre cómo conciliar los valores contrapuestos de la libertad de expresión y la no discriminación han estado generado conmoción durante décadas. Sin embargo, el rápido auge de internet ha planteado nuevas preguntas sobre la reglamentación de la incitación al odio y los límites de la libertad de expresión en línea.

En Ruanda, la ley del genocidio se utiliza a menudo para silenciar las voces disidentes.

Leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo”

En octubre de 2008, el Gobierno de Ruanda, a mando del gobernante Frente Patriótico Ruandés, promulgó una ley contra la ideología genocida y el sectarismo, junta a otras leyes para fomentar la unidad y la reconciliación entre los ruandeses.

Las leyes prohibían cualquier discurso considerado de odio o que promoviera divisiones étnica o raciales. Además prohibían la formación de partidos políticos basados en líneas étnicas. Estas leyes están consagradas en la Constitución aprobada en 2013 y revisada en 2015.

El país se comprometió a luchar contra la ideología genocida en la Constitución de 2003, aunque el concepto quedó definido y establecido por la ley de Ruanda recién en octubre de 2008.

El artículo 38 de la Constitución de 2003 consagra el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa e información.

Sin embargo, el mismo artículo impone una importante limitación a estas libertades, pues establece que la “libertad de expresión y la libertad de información no deben perjudicar el orden público ni la buena moral. La propagación de discriminación étnica, regional, racial o cualquiera otra forma de división será castigada por ley”.

La prohibición del discurso de odio es un objetivo legitimo, especialmente en el contexto ruandés donde los medios estuvieron muy politizados durante el periodo anterior a la guerra civil y el genocidio.

Además, dos medios de comunicación desempeñaron un importante papel en la incitación a participar en el genocidio: la infame radio de odio “Radio Televisión Libre de las Mil Colinas”(RTML) y el periódico extremista hutu Kangura.

En la práctica, la ley contra la ideología genocida amenaza la libertad de expresión tanto en línea como fuera de línea, y establece duras sentencia de hasta siete años prisión y multas para cualquier infractor que difunda contenidos considerados como ideología de genocidio en los espacios públicos, incluidos medios sociales, a través de documentos, discursos, imágenes, medios de comunicación y otros medios.

Silenciar la disidencia

La legislación de Ruanda sobre el discurso de odio se caracteriza por disposiciones amplias e imprecisamente definidas que permiten a las autoridades acallar las voces críticas y disidentes cuando las aplican a periodistas, blogueros, activistas y políticos de oposición.

Durante su declaración ante la Corte Africana de Justicia en 2015, Laurent Munyandilikirwa, activista ruandesa de derechos humanos, señaló las ambigüedades de la ley:

Genocide ideology law is a form of intimidation, if you dare to criticize what is not going well in this country, you are tagged as a genocide denier, so citizens and members of the civil society prefer to shut up.

La ley de la ideología genocida es una forma de intimidación, si te atreves a criticar lo que no va bien en este país, te etiquetan como negador del genocidio, por eso los ciudadanos y los miembros de la sociedad civil prefieren callarse.

Mediante esta legislación, el Gobierno limita en gran medida la diversidad del panorama informativo, tanto en línea como fuera de línea.

A menudo, las autoridades ordenan a los editores de las páginas de noticias en línea que eliminen contenidos críticos hacía los funcionarios gubernamentales. Esta tendencia a reducir los espacios de la libertad de expresión empezó durante el periodo anterior a la campaña de las elecciones presidenciales de 2010, en que la disidencia política legitima se mezcló con la ideología genocida y se consideró perjudicial para la unidad nacional.

Esta legislación ha creado un entorno de autocensura para periodistas en línea, blogueros y usuarios ordinarios comunes y corrientes. Por temor a represalias y persecuciones, los ciudadanos se abstienen de ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Tomemos el caso de Joseph Nkusi, ciudadano ruandés que vivió en Noruega de 2009 a 2016. Durante este periodo, las publicaciones en su blog eran conocidas por sus duras críticas al régimen del presidente Kagame. Cuando lo deportaron a Ruanda después de que los Servicios de Inmigración de Noruega rechazaron su solicitud de asilo, fue inmediatamente detenido y procesado con las falsas acusaciones de conspiración, ideología genocida e incitación contra el estado: acusaciones motivadas por su postura política evidenciada en su blog. El 29 de marzo de 2018 fue declarado culpable y condenado por el Tribunal Superior de Ruanda a cumplir 10 años de prisión.

Hay varios ejemplos en los que se saca provecho deliberadamente las expresiones poco claras de la ley para reprimir la disidencia y la crítica pública.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Victoire Ingabire Umuhoza, política de oposición que a menudo es acosada y denunciada por los medio cercanos al régimen como partidaria de “ideología genocida”. Fue detenida en 2010 por un discurso en el que habló de los “problemas con la reconciliación y la falta de reconocimiento de los hutus que fueron asesinados”, según Amnistía Internacional. En octubre de 2012, fue condenada a ocho años de prisión después de haber sido declarada culpable de “minimizar groseramente el genocidio” y “conspirar para dañar la autoridad existente y los principios constitucionales con terrorismo, violencia armada o cualquier otro tipo de violencia”.

En los últimos años, la autocensura entre los periodistas ha limitado seriamente su capacidad de informar el público. Un informe de 2015 sobre el estado de la libertad de los medios en el país señaló:

Journalists fear publishing information about authorities and institutions, for diverse reasons, some are afraid of harassment or some of them want to avoid of being accused like some of their former colleagues because of the history of this country.

Los periodistas temen publicar informaciones sobre las autoridades y las instituciones por muchas razones: algunos temen ser acosados y otros quieren evitar ser acusados como les ocurrió algunos antiguos colegas por la historia de este país.

En general, los ciudadanos temen ser blanco de ataques por sus opiniones personales.

Es importante que el Gobierno de Ruanda enmiende y revise la ley sobre el genocidio a fin de disuadir la incitación al odio de manera más eficaz e impedir el uso indebido contra la disidencia política legítima.

Se debe permitir que los ciudadanos ejerzan liberalmente su derecho a libertad de expresión de conformidad con la Constitución y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como el Convenio sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) de la que Ruanda es miembro y parte de pleno derecho.

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