En Liberia, nuevo arancel a teléfonos móviles choca con derechos digitales

Monrovia. capital de Liberia. Foto: blk24ga vía Wikipedia (CC BY 3.0).

Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar las dificultades de derechos digitales en la Revisión Periódica Universal (UPR).

En medio de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Liberia planea aplicar un nuevo arancel que aumentará los ingresos con la implementación de un cobro adicional de las empresas de telefonía móvil.

Ante las duras condiciones económicas por la pandemia, los usuarios de internet y llamadas de voz llevaron su rabia contenida a las calles el 25 de junio. Bloquearon vías, quemaron neumáticos y corearon canciones contra el Gobierno relacionadas con el cobro adicional. La Policía Nacional Liberiana arrestó a algunos manifestantes durante la protesta.

Varios líderes opositores están en contra del aumento, dicen que la sima adicional reprime los derechos digitales de los liberianos de a pie.

En 2018, la Autoridad de Telecomunicaciones de Liberia emitió una orden que imponía un cobro adicional a las llamadas de voz en línea y datos, lo que pone fin a paquetes de tras días de llamadas y datos libres que costaba un dólar estadounidense.

Sin duda, el prohibitivo aumento hará más complicado que los liberianos comunes y corrientes usen internet, limitará el acceso digital en el peor momento de la pandemia, cuando los ciudadanos necesitan más que nunca información confiable.

Los dos principales operadores del servicio en Liberia —Orange y Lonestar— también se oponen al aumento. El director ejecutivo de Orange Liberia, Mamadou Coulibaly, fue arrestado por la Agencia Nacional de Seguridad en relación con la acción de protesta. Ha sido liberado, y la investigación está pendiente.

En junio, Orange presentó una solicitud de prohibición para que la Corte Suprema emita un mandato a la aplicación del cobro adicional, pero fue rechazada hasta que la sala plena revise el caso, y citó a la jueza presidente Jamesetta Howard Wolokolie.

Orange y Lonestar han colaborado significativamente al Gobierno por medio de sus tributos durante años. Desde los días del expresidente Ellen Johnson Sirleaf al actual presidente, George Manneh Weah, ha habido un patrón de aumento de tasas cuando el Gobierno está desesperado por luchar contra déficits presupuestarios.

Aumento de internet en Liberia

Lonestar se inauguró en 2000, y se convirtió en subsidiaria del grupo sudafricano MTN en 2006. Al comienzo, las tarjetas SIM se vendían por 65 dólares estadounidenses, y los usuarios debían terminar el crédito a los pocos días o devolver el saldo una vez que expiraba. Ahora, el costo de una tarjeta SIM es de un dólar, con lo que es más accesible para el usuario promedio.

Como el uso de internet aumentó en Liberia y los móviles inteligentes empezaron a inundar el mercado, un furor por Facebook se apoderó del país.

Entre 2000 y 2020, la penetración de internet creció en 125 % con 624 610 usuarios de internet activos y 537 000 liberianos en Facebook.

A lo largo de los años, la empresa ha intentado múltiples estrategias para atraer a nuevos usuarios. Comium, luego incorporada por Lonestar, presentó teléfonos baratos con planes llamados “bonanza” o “entregar” con tarjetas SIM precargadas.

Celcom, ahora conocido como Orange, compitió con Lonestar en la construcción de torres e implementación de subestaciones por todo Liberia. Orange ganó premios por su sobresaliente servicio, y la Autoridad Tributaria de Liberia la galardonó como el mayor contribuyente a nivel nacional.

Las dos empresas introdujeron módems, productos de internet inalámbrico y paquetes de internet.

Competencia afecta derechos digitales

Vendedor de tarjetas para teléfonos móviles en Liberia, 2009. Foto de Erik (HASH) Hersman vía Flickr (CC BY 2.0.).

Mientras Lonestar y Orange seguían compitiendo por clientes, empezó a surgir una conversación nacional sobre la legitimidad de los regalos y promociones especiales que a los liberianos les encantaba.

En 2016, Benoni Urey, accionista de Lonestar, escribió una carta a la presidenta Ellen Johnson Sirleaf para expresar su preocupación de que estos regalos como “tres días de llamadas gratis” podría socavar la maximización de ingresos nacionales.

“En la caja de queja del señor Urey, indicaba que el Gobierno había perdido un total de 22 millones de dólares en los años 2013, 2014 y 2015 por promociones interminables y duraderas”, según a FrontPage África.

En respuesta, el entonces presidente Sirleaf se reunión con la Autoridad de Telecomunicaciones de Liberia y presentó un proyecto que modificaba la ley fiscal e imponía un “impuesto de un centavo de dólar estadounidense por cada minuto de llamadas hechas en redes GSM”, además del 15 % de impuestos a bienes y servicios ya cobrados por las empresas de telefonía móvil, según FrontPage.

Algunos especularon que Urey, líder opositor del Partido Todo Liberiano que participó en las elecciones de 2017, estaba preocupado por la reducción de ingresos de Lonestar, y criticaba a Orange por hacer avances en su búsuqeda por nuevos suscriptores.

El furor por el cobro adicional continúa

Luego de la negativa de la Corte Suprema de aplicar el bloqueo al cobro adicional de Orange, el Gobierno suspendió al jefe de la Autoridad de Telecomunicaciones de Liberia, Ivan Brown. Un comunicado de prensa del Gobierno explicaba que Brown fue “suspendido por sus actividades conspirativas y poco éticas como presidente de la Autoridad de Telecomunicaciones de Liberia”.

Esta decisión puede estar vinculada a una supuesta conversación telefónica entre Brown y Henry Costa, comentarista político de estilo propio y agudo critico del gobierno de Weah.

En una entrevista con Blast TV el 9 de junio, Costa aclaró al entrevistador que “no grabó a Brown”, pero preguntó al jefe de la  Autoridad de Telecomunicaciones de Liberia directamente sobre el cobro adicional.

Presuntamente, Costa preguntó a Brown: “¿Qué están haciendo sobre este cobro adicional? ¿No saben que nuestra gente no puede pagar esto” Va a matar a la gente…”. Y luego advirtió: “George Weah está tratando de reprimir nuestra voz: está tratando de negarnos el acceso al a información. Se pondrá tan costosa que no podrás usar Facebook”.

Costa, jefe del bloque opositor Consejo de Patriotas (COP), realizó una serie de protestas masivas contra el Gobierno antes de huir del país en 2019. El Gobierno clausuró su radio Roots FM en 2019 por presuntos problemas con las licencias; el caso está en proceso judicial. Pero Costa sigue movilizando ciudadanos para que se opongan al cobro adicional a operadores GSM a través de transmisiones en línea de su radio.

¿Ultimátum — a la expresión?

A mediados de junio, Acarious Gray, convocó una conferencia de prensa en la que dio un ultimátum: o bien las empresas cumplen con el nuevo recargo o bien se retiran. Gray también dijo que presentaría proyectos de ley para restringir a las empresas de GSM de imponer nuevas tasas a los servicios sin el conocimiento del Poder Legislativo de Liberia.

El asunto de los recargos ha abierto una caja de Pandora de preocupaciones y teorías de conspiración.

Muchos ciudadanos se preguntan si el interés real del Gobierno es generar más ingresos en el peor momento de la pandemia del coronavirus, o amordazar a los medios sociales antes de las elecciones de mitad de período previstas para finales de 2020.

Estos temores no son injustificados dada la reciente historia de Liberia de reprimir la expresión. El 7 de junio de 2019, el acceso a las plataformas y aplicaciones de los medios sociales se vio interrumpido durante una protesta masiva por los millones de dólares desaparecidos. Los críticos sospechan que el Gobierno estaba presionando a los operadores tras bambalinas.

La consejera Negbalee Warner, decano de la Escuela de Derecho Grimes de Liberia, reflexionó sobre la medida que puso fin a los tres días de llamadas gratuitas, y calificó el incidente como falta de apoyo a la ley de libertad de información de Liberia.

Warner sostuvo que “con estos aumentos, la mayoría enfrentará limitaciones en su derecho a hacer preguntas a los custodios de la información pertinente y a la difusión de esa información en los medios sociales para exponer la corrupción”, durante un discurso de apertura en la Universidad Metodista Unida de Monrovia, en el Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre de 2019.

Mientras tanto, los usuarios de a pie de teléfonos móviles siguen vigilando la situación y se preparan para lo desconocido. Según todos los indicios, el uso de internet y de las llamadas de voz caerá en picada. No es momento favorable para operadores y usuarios por igual.

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