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En Haití, aumentan acusaciones de colusión entre el gobierno de Jovenel Moïse y la delincuencia organizada.

Categorías: Haití, Derechos humanos, Elecciones, Gobernabilidad, Guerra y conflicto, Medios ciudadanos, Protesta

Captura de pantalla de un video [1] de una entrevista con Jovenel Moïse provenant del canal de YouTube de la agencia EFE el 7 de diciembre de 2019.

Desde la masacre ocurrida en el empobrecido barrio de La Saline la noche el 13 al 14 de noviembre de 2018, que causó la muerte de más de 50 personas y que mostró el aumento de poderosas bandas armadas, la tasa de homicidios en Haití no deja de aumentar [2]. Solamente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe mataron a cerca de 243 personas [3] en el primer semestre de 2020. Los periodistas y las organizaciones de defensa de derechos humanos ven una colusión entre el gobierno de Jovenel Moïse y el crimen organizado con fines económicos y electorales.

La confianza en el gobierno de Jovenel Moïse se ha deteriorado desde 2019 con la intensificación de los movimientos de protesta [4] en su contra. La situación no parece estar cerca de mejorar en razón de las acusaciones de corrupción [5], autoritarismo [6] y violencia policial contra todo aquel que se manifieste contra el gobierno. Las manifestaciones [7] que piden la renuncia del gobierno de Jovenel Moïse han aparecido en el país a partir de febrero de 2019, algunos le reprochan no respetar sus promesas a la población, mientras otros le recuerdan las acusaciones [8] de corrupción que pesan en su contra. Cerca de 42 muertos y 86 heridos [9] fueron registrados por Naciones Unidas en septiembre de 2019 en las manifestaciones antigubernamentales.

En lo que concierne a la creciente inseguridad en Haití, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH) ya había estimado [10] en diciembre de 2018 que los poderes políticos, judiciales y policiales no dijeron nada ante la masacre. En junio de 2019, la Misión de Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití y el Alto Comisario de Naciones Unidas de los Derechos Humanos publicó un informe [11] que contiene detalles de las acusaciones de la participación en la masacre de La Saline del representante estatal Richard Duplan y tres policías.

En junio de 2020, se multiplicaron las acusaciones de colusión entre los partidos políticos y las bandas, que luchan por el poder político desde los territorios. Según el último informe [12] de la organización de defensa de derechos humanos Fondasyon Je Klere (FJKL), la masacre de La Saline habría sido perpetrada por una lucha de bandas armadas aliadas a políticos por el control de las ganancias [13] del mercado de la Croix-des-Bossales, importante mercado de la capital. Se trataba de un conflicto armado entre la banda de «Nèg chabon», que se considera cercana [14] al partido gobernante, Tèt Kale (PHTK [15]), y la banda de «Bout Janjan», que es cercana al exdiputado opositor Roger Milien, que afirma haber estado al corriente de la planificación [16] de la masacre de La Saline. En el momento de las intervenciones públicas, el presidente se ha esforzado repetidamente en responder estas acusaciones. El informe explica:

La réalité des quartiers contrôlés par les gangs est, depuis quelque temps, marquée par une polarisation constante: gangs pro-gouvernementaux ou pro-opposition/anti-Jovenel.

Desde hace un tiempo, la realidad de los barrios controlados por las bandas está marcada por una marcada polarización: bandas a favor del Gobierno o a favor de la oposición/contra Jovenel.

Según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH), otras masacres similares a la de La Saline fueron perpetradas en los barrios de Bel-Air [17], Cite-Soleil, Chancerelles, «Tokio [18]«, Fort Dimanche y Pont-Rouge. Son barrios populares [19] de la región metropolitana de Puerto Príncipe, donde reina la inseguridad y donde apenas hay control de las autoridades policiales. En noviembre de 2019, RNDDH escribió en su comunicada [20]:

Selon les premières informations recueillies […], ces attaques, perpétrées par les gangs armés dirigés respectivement par Jimmy Chérizier alias Barbecue et Ti Sonson connu encore sous le nom de Ti Chèf, de la Base Krache Dife, sont orchestrées par les autorités exécutives.

Según las primeras informaciones recogidas […], esos ataques, perpetrados por las bandas dirigidas respectivamente por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y Ti Sonson, aún conocido por el nombre de Ti Chèf, de la Base Krache Dife, son orquestados por autoridades ejecutivas.

En el último informe [21] de RNDDH, publicado el 23 de junio de 2020, destaca que el material de la Policía Nacional de Haití se usó para cometer esas masacres en nombre de policías en colusión con la “federación de las bandas G9”. Se incluye al expolicía Jimmy Chérizier, ahora líder de una de las bandas de delincuentes del G9, también conocido por el nombre de “Barbecue”.

Aunque el Ministerio de Justicia [22] ha emitido un mandato de arresto en su contra por su participación en la masacre de La Saline, Barbecue sigue en libertad [23]. En junio de 2020, fue el artífice de una alianza [24] entre el G9 y otras bandas. En julio, el G9 bloqueó diversas rutas y vías de varios barrios de la capital para que el Gobierno les conceda reconocimiento legal [25].

Según Fondasyon Je Klere, las bandas de G9 y Barbecue son «agentes en misión» [26] por cuenta del Gobierno.

Haití – Gangsterización: El G9 es el trabajo del poder para controlar las próximas elecciones, según informe del FJKL.
Fondasyon Je Klere (FJKL) denuncia en un informe la alianza entre el Gobierno y los principales jefes de bandas del área metropolitana para sofocar cualquier movimiento de protesta y tomar el control de las elecciones
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Haití – Gangsterización: El G9 es el trabajo del poder para controlar las próximas elecciones, según informe del FJKL.

Más de un año después de la masacre de La Saline, los informes judiciales parecen seguir en punto muerto [29]. Las organizaciones locales, las embajadas [30] y personalidades diplomáticos [31] lanzan la alarma para que se haga justicia a las víctimas, que lamentan una falta de regulación [32] por parte del Gobierno.

El periodista Parker James Asmann resumió la situación en Insight Crime [24]:

The G9 alliance has reportedly benefited from strong ties to the government of President Jovenel Moïse. The gang leaders are seemingly free from persecution so long as they help keep the peace in the neighborhoods they control. In exchange, Moïse’s government has found in them loyal foot soldiers quelling insecurity, stamping out opposition voices and shoring up political support across the capital.

La alianza del G9 se habría beneficiado de estrechos vínculos con el gobierno del presidente Jovenel Moïse. Parece que a los jefes de bandas no los procesan porque contribuyen a mantener la paz en los barrios que controlan. A cambio, el gobierno de Moïse ha encontrado en ellos a leales soldados que reprimen la inseguridad, ahogan las voces de la oposición y refuerzan el apoyo político en toda la capital».

La red acusada de corrupción tendría beneficios económicos, y también electorales, Los defensores de derechos humanos acusan [33] al Gobierno de emplear a jefes de bandas para intimidar a sus posibles opositores políticos en tanto no se lleven a cabo elecciones legislativas, que debían realizarse en noviembre de 2019, a pesar de numerosas solicitudes [34]. Luego esos grupos armados serían usados para asegurar el control de lugares de votación lo que crea un clima de temor desfavorable para los electores [35].