Derechos digitales siguen amenazados en Malaui pese a histórica victoria de la democracia

Cartel de Celtel en Chirimba, Malaui, 21 de febrero de 2007. Foto de nchenga vía Flickr (CC BY 2.0).

Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar los retos de los derechos digitales en el Examen Periódico Universal (EPU).

En mayo, Malaui hizo historia cuando se volvieron a celebrar nuevamente las elecciones presidenciales después de una anulación judicial de los primeros resultados. A consecuencia de eso, ganó la oposición. Malaui recibió elogios internacionales porque era la segunda vez en África que se volvía a celebrar elecciones, pero era la primera vez en la historia que ganaba la oposición.

La anulación se produjo tras varios meses de sostenidas protestas ciudadanas contra el fraude electoral. La Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC en inglés), que lideró la mayoría de las protestas, utilizaba redes sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter para organizar y difundir sus mensajes.

Sin embargo, pese a la memorable victoria demócrata, los malauíes siguen enfrentando amenazas persistentes a los derechos humanos en el ciberespacio.

Malaui es un país mediterráneo con una población de más de 18 millones de personas que tiene una de las menores tasas de acceso a internet más bajas y de crecimiento más lento del mundo. Según el Censo de la Población y Vivienda en Malaui de 2018, cerca del 14 % de la población utiliza internet mientras el 52 % tiene un dispositivo móvil.

Esto es debido sobre todo a una infraestructura pobre y a las altas tarifas de los paquetes de datos, que incluyen un 17.5% de impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los teléfonos y servicios móviles, un 16,5% de IVA en los servicios de Internet y un 10% adicional de impuesto especial sobre los mensajes de texto de los teléfonos móviles y las transferencias de datos por Internet introducidos en mayo de 2015.

Por eso, el acceso a internet es prohibitivo para la mayoría de malauíes. A partir de julio de 2020, un paquete de 10GB de datos cuesta unos 21 dólares tanto con los proveedores de servicios Telecom Networks Malawi (TNM) y Airtel. Eso equivale a la mitad del salario mínimo mensual en Malaui. En el Índice de Internet inclusivo 2020, que analiza la disponibilidad de Internet, la asequibilidad, la relevancia del contenido y la capacidad, Malaui ocupa la posición 97 sobre cien países.

Además de los elevados costos de internet, otras amenazas para los derechos humanos en el ciberespacio son la vigilancia de los usuarios en línea, la eliminación de contenido en línea y las duras sentencias para los usuarios que violan las leyes del país.

Amenazas legales

La práctica de la vigilancia en línea por parte del Gobierno está arraigada en la ley.

En 2016, el Parlamento malauí aprobó la Ley sobre las Transacciones Electrónicas y Seguridad Digital, que limita los derechos humanos en el ciberespacio; el artículo 24(2)(e) establece que las comunicaciones en línea podrían ser limitadas para “proteger el orden y la seguridad nacional”, mientras que la sección F del mismo artículo establece que la comunicación en línea puede restringirse a fin de “facilitar la restricción técnica al acceso condicional a la comunicación en línea”.

La ley sobre la ciberseguridad también establece la “comunicación ofensiva” por medio de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) con penas de multas o una pena máxima de 12 meses de prisión, y establece restricciones al cifrado. Legalmente, esto significa que las herramientas de mensajería encriptada como Signal y WhatsApp se consideran ilegales en Malaui, al menos en teoría.

Además, hay también innumerables leyes heredadas de la época colonial británica (1891-1964) y de la época dictatorial del Partido del Congreso de Malaui (1964-1994), que amenazan los derechos humanos en el ciberespacio, como por ejemplo la sección 50 y 51 del Código Penal, que establecen el delito de sedición, y la sección 4 de la Ley de la Bandera, Emblemas y Nombres Protegidos que tipifica como delito “realizar cualquier acto o pronunciar cualquier palabra o publicar o pronunciar cualquier escrito calculado para insultar, ridiculizar o faltar al respeto” al “presidente, la bandera nacional, las insignias de armadura, el emblema público o cualquier emblema o similares protegidos”.

La combinación de esas leyes ha permitido que se produzcan violaciones de los derechos digital en Malaui, que, últimamente, han adoptado muchas formas, como vigilancia estatal, restricciones de acceso a internet y penalización de algunas formas de comunicación en línea.

Ciertamente, hay varios casos recientes en los que las autoridades han utilizados esas disposiciones tan retrógradas para silenciar la libertad de expresión de usuarios en línea, periodistas, blogueros y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en febrero de 2016, tres políticos opositores fueron detenidos y acusados de delito de sedición por una conversación en WhatsApp en la que, presuntamente, complotaban para destituir al presidente. El Tribunal Supremo los exoneró de culpa en marzo de 2017 por falta de pruebas.

Durante el periodo previo a las elecciones de mayo de 2019, el trabajador bancario Tumpale Mwakibinga fue detenido y acusado de haber “ofendido la decencia de una mujer, ciberviolación y comunicación ofensiva” con una publicación en Facebook en la que bromeaba sobre la forma de vestir de la entonces primera dama de Malaui, Gertrude Mutharika, que le hacía parecerse al personaje de dibujos animados “Rango” (N. del E. película cómica de animación por computadora). Ahora está bajo fianza en espera del juicio y, en virtud de una las condiciones de la fianza. Una de sus condiciones le prohíbe toda publicación en redes sociales relacionada con la ex primera dama.

Antes de esto, el 21 de agosto de 2018, la Policía de Malaui detuvo a la activista Manes Hale. La acusaron en virtud de la sección 4 de la Ley de Bandera, Emblemas y Nombres Protegidos de haber insultado al presidente con observaciones críticas en su página de Facebook. Luego, el Estado retiró el caso sin dar ninguna explicación.

Defensores de derechos humanos son blanco de ataques

El Estado también ha utilizado la vigilancia en línea para controlar las comunicaciones de los defensores de derechos humanos.

El 26 de agosto de 2019, partidarios del partido gobernante infiltrados en el grupo de WhatsApp de los miembros de HRDC, grupo de derechos humanos detrás de las protestas electorales, filtraron sus conversaciones a las autoridades estatales, lo que empeoró las ya malas relaciones con el Gobierno y las facciones del partido gobernante.

Antes de esto, el grupo fue objeto de crecientes amenazas por parte del entonces presidente Peter Mutharika y los cuadros del partido gobernante por liderar manifestaciones contra el fraude electoral. Por ejemplo, en un discurso televisado pronunciado el 6 de julio de 2019 para conmemorar la independencia de Malaui, el presidente acusó a los defensores de derechos humanos de trabajar con la oposición para crear “anarquía” “desorden” y tratar de “derrocar al Gobierno”. También advirtió que haría responsable a cada uno, y que “la fuerza se enfrentará a la fuerza” y que “este sinsentido llegará a su fin”.

Poco después, varios importantes defensores de derechos humanos, como Timothy Mtambo, el reverendo McDonald Sembereka y Gift Trapence, fueron blanco de amenazas de muerte. El 9 de julio, Trapence y Sembereka, fueron detenidos por fraude, acusación con tinte político según Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

Las autoridades de Malaui tienen la obligación de respetar, proteger, promover y hacer que se cumplan los derechos humanos de los ciudadanos, tanto en línea como fuera de línea.

Por lo tanto, el histórico cambio de gobierno debería ser una oportunidad para lograr cambios significativos para asegurar que los malauíes disfruten de los derechos humanos en el espacio digital.

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