Creación de espacios en línea más seguros en Myanmar

Monje usan dispositivo móvil en la pagoda Shwedagon, Myanmar. Foto y pie de foto de Remko Tanis, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Este artículo fue escrito por Aye Min Thant, directora de Tech for Peace en Phandeeyar, centro de innovación en Myanmar.

Toda persona en Myanmar mayor de 10 años ha vivido parte de su vida, e incluso la mayor parte, bajo una dictadura militar caracterizada por una obsesión por conseguir autonomía de influencias internacionales. Antes de las reformas económicas y políticas de la década anterior, Myanmar era una de las naciones más aisladas del mundo. La revolución digital que ha remodelado casi todos los aspectos de la vida humana a lo largo de los últimos cinco años fue algo que el birmano promedio no ha vivido.

Las recientes reformas trajeron una explosión de grandes esperanzas y acceso a la tecnología, y Myanmar experimentó un salto digital, pues el acceso a internet pasó de casi 0 % 2015 a más del 40 % en 2020. A los 27 años, recuerdo vivir en una Rangún donde tener un refrigerador se consideraba alta tecnología, y ahora hay niños de 10 años que hacen videos en TikTok

A todo el mundo le entusiasmaba la idea de que la revolución digital en Myanmar impulsara los cambios económicos y sociales necesarios para que el país pasara de ser un estado paria a la próxima frontera económica. Turistas, ayudas para el desarrollo e inversiones económicas inundaron el país. El coste de las tarjetas SIM bajó de unos mil dólares estadounidenses en 2013 a poco más de un dólar actualmente. Esta drástica caída del precio coincidió con un exceso de smartphones relativamente asequibles y proveedores telefónicos que proporcionaban paquetes de datos que hacían que las plataformas de redes sociales como Facebook fueran de uso gratuito, o casi gratuito. Esto condujo a la actual situación donde unos 21 millones de los 22 millones de personas que usan internet tengan perfil en Facebook. Esta red social se convirtió en el principal medio para acceder a internet, y ahora se utiliza para casi cada actividad en línea, como vender ganado, ver pornografía, leer las noticias o discutir sobre política.

Entonces, luego del éxodo de más de 700 000 rohinyás del estado birmano de Rakaín, azotado por la guerra, se acusó a Facebook de permitir un genocidio.

Las continuas guerras civiles en el país y la violencia estatal contra los rohinyá, calificado por Naciones Unidas como una limpieza étnica con intención genocida, sacó a la luz el daño potencial causado por la conectividad digital. Dado su dominio del mercado, Facebook ha enfrentado intenso escrutinio en Myanmar por el papel que la red social ha desempeñado en la normalización, promoción y facilitación de violencia contra los grupos minoritarios.

Facebook fue, y sigue siendo, la herramienta preferida para difundir el odio y la desinformación contra los rohinyá, los musulmanes en general y otras comunidades marginadas. A pesar de repetidas advertencias de organizaciones de la sociedad civil en el país, Facebook no abordó las nuevas dificultades con la urgencia y el nivel de recursos necesarios durante la crisis de los rohinyá, y en muchos casos ni siquiera aplicó sus propias normas comunitarias.

Sin duda, ha habido mejoras en los últimos años, como la designación de un equipo centrado en Myanmar que ha expandido el número de revisores de contenido en birmano, añadido revisores de contenido en lenguas minoritarias, establecido un contacto más regular con la sociedad civil y dedicado recursos y herramientas enfocadas en limitar la desinformación durante las próximas elecciones de Myanmar. La compañía también eliminó las cuentas de autoridades militares birmanas y docenas de páginas en Facebook e Instagram conectadas con el Ejército por participar en “conductas coordinadas no auténticas“. La empresa define “conducta no auténtica” como “participación en conductas diseñadas para facilitar otras infracciones bajo las normas de nuestra comunidad”, mediante tácticas como el uso de cuentas falsas y bots.

Al reconocer la seriedad de este problema, todos, desde la Unión Europea hasta las compañías de telecomunicaciones y las organizaciones de la sociedad civil, han invertido recursos en programas de alfabetización digital, campañas contra la incitación al odio, seguimiento de redes sociales y apoyo para intentar lidiar con este problema. En general, gran parte de esta programación se centra en lo que Myanmar y su población no tienen: un Estado de derecho, leyes que protejan la libertad de expresión, alfabetización digital, conocimiento de lo que constituye la incitación al odio, y recursos para financiar y ejecutar la planificación necesaria.

En el frenesí de la lucha desesperada de las organizaciones en el terreno, se ha prestado una menor atención a problemas sistemáticos más importantes que contribuyen al furor.

Debemos considerar en mayor medida a aquellos grupos coordinados que tratan de difundir teorías conspiratorias, información falsa y odio, con el fin de entender quiénes son, quiénes los financian y cómo se podría interrumpir sus actos, y si es necesario, penalizarlos.

Debemos reevaluar cómo están diseñadas las plataformas de redes sociales de forma que incentive y recompense el mal comportamiento.

También debemos cuestionar hasta qué punto queremos atribuir la culpa a las compañías de redes sociales, y si es bueno en general otorgarles la responsabilidad y, por lo tanto, el poder de determinar qué es o no un discurso aceptable.

Finalmente, debemos preguntarnos qué alternativas podemos elaborar, cuando muchos Gobiernos han demostrado estar más que dispuestos a vigilar y juzgar a los internautas bajo el pretexto de la salud, la seguridad y la penalización al discurso de odio.

Es peligroso pretender que unas corporaciones multinacionales, privadas y de lucro reciban el poder de delinear el límite entre el discurso de odio y la libre expresión. Igual de peligroso es otorgar ese mismo poder a los Gobiernos, especialmente en estos tiempos en que están surgiendo sentimientos etnonacionalistas en todo el mundo y aumentando la disposición de los Gobiernos a recopilar abierta o encubiertamente tantos datos como les sea posible para usarlos contra los gobernados.

Asimismo, podemos ver por los continuos procedimientos legales contra Myanmar en los tribunales internacionales, y en el hecho de que Facebook no haya brindado a los investigadores de Naciones Unidas en Myanmar pruebas de delitos graves cometidos contra los rohinyá y otras minorías étnicas, que ni las políticas empresariales y las leyes nacionales bastan para garantizar la seguridad, la justicia y la dignidad para las poblaciones vulnerables.

La solución a todo esto, por muy poco atractiva que suene, es un esfuerzo multifacético, con participación múltiple y a largo plazo por formar fuertes instituciones legales y culturales que dispersen el poder y la responsabilidad de crear y mantener espacios en línea seguros e inclusivos entre Gobiernos, personas, el sector privado y la sociedad civil.


Aye Min Thant es la directora de Tech for Peace en Phandeeyar, centro de innovación que promueve espacios digitales más seguros e inclusivos en Myanmar. Antes, fue periodista y fue galardonada con un premio Pulitzer, y realizó reportajes sobre negocios, política y conflictos etnorreligiosos en Myanmar para Reuters. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter: @ma_ayeminthant.

Este artículo fue redactado por la Iniciativa de Wikimedia/Escuela de Derecho Yale sobre Intermediarios e Información (WIII) como parte de una serie de documentos para captar perspectivas sobre el impacto mundial de las decisiones de moderación de contenido en plataformas en línea. Puedes leer todos los artículos de la serie en su blog, o en su lista de Twitter, @YaleISP_WIII.

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