Como parte de la Semana de Desarrollo Ecológico de Ruanda de 2017, un participante documenta materiales de construcción libres de carbono. Imagen cortesía de Rwanda Green Fund a través de Flickr (CC BY-ND 2.0).

Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar los retos de los derechos digitales en el Examen Periódico Universal (EPU).

El Estado ruandés está formado por dos relatos que compiten entre sí. 

Por un lado, Ruanda es el «país mimado» de Occidente y es visto como un claro ejemplo de desarrollo en el continente africano, especialmente en lo relacionado al crecimiento de internet y la transformación digital. Además, ha recibido reconocimiento mundial por su creciente cobertura de red móvil, una cobertura 4G admirable, y la producción local de smartphones.

Pero por otro lado, es un Estado autoritario con un poder hegemónico y fuertemente centralizado. El Frente Patriótico Ruandés (FPR), el partido político gobernante, se ha posicionado como el único garante de la seguridad, el desarrollo y la paz luego de que el país atravesara una profunda transición política como resultado del genocidio y la guerra civil de 1994. En ese momento muchos políticos, periodistas y diversos actores de la sociedad civil fueron asesinados, obligados a exiliarse o desprestigiados.

El Estado justifica su fuerte control sobre la libertad de prensa, la supresión y la hostilidad hacia voces opositoras por razones de seguridad y unidad nacional, especialmente al apuntar a ruandeses que viven exiliados del país desde el final de la guerra y que son políticamente activos. Esto incluye a antiguos miembros de los grupos rebeldes armados del este de la República Democrática del Congo, así como a antiguos funcionarios gubernamentales que dejaron el país para unirse a las filas de diversos partidos políticos en Europa y Estados Unidos.

Dada la historia ruandesa de violencia étnica divisionista, el Gobierno ha desarrollado una estrategia sofisticada para supervisar –de manera activa– y eliminar a las voces opositoras por medio de la vigilancia cibernética, las amenazas y la violencia (no solo dentro de la región de los Grandes Lagos de África sino también alrededor del mundo).

Durante los últimos tres años, el Estado también ha aumentado su gran capacidad de vigilancia local mediante la reciente implementación de cámaras de circuito cerrado de televisión en los barrios de Kigali, la capital del país.

Hay muchos ejemplos que muestran que el Estado presuntamente hace uso de la tecnología contra las voces disidentes. Así lo evidencian distintos casos judiciales en los que la fiscalía presentó comunicaciones privadas obtenidas de aplicaciones de mensajería móvil.

En septiembre de 2017 apareció evidencia que probaba que la seguridad del Estado y los servicios de inteligencia utilizaban la tecnología y los mecanismos de espionaje para vigilar las actividades en línea de los opositores al régimen gobernante.

Por ejemplo, apenas meses después de que la política Diane Rwigara anunciara su candidatura presidencial en 2017, fue arrestada junto a su madre y a su hermana por cargos falsos que incluían evasión de impuestos e incitación contra el Gobierno. Durante la audiencia previa al juicio, la fiscalía presentó como evidencia en su contra un mensaje de audio de WhatsApp presuntamente tomado desde los teléfonos celulares de Rwigara y de su madre. Se cree que las autoridades obtuvieron esos mensajes por medio de software espía.

En 2019, un informe de investigación elaborado por The Financial Times mostró la existente tendencia del Estado a seguir de cerca el uso que los ciudadanos dan a las redes sociales. El informe también reveló un posible uso del software espía Pegasus, creado por una empresa de tecnología israelí.

A través de este software espía, las agencias de seguridad pueden recolectar información de los teléfonos celulares de los ciudadanos sin dejar evidencia alguna. Esto incluye llamadas telefónicas, contactos, contraseñas y cualquier otra información enviada a través de aplicaciones como WhatsApp o Skype.

La Constitución de la República de Ruanda consagra el derecho a la privacidad, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Ruanda es signataria.

Sin embargo, la ley 60 del 2013, que regula la interceptación de las comunicaciones, autoriza a la fiscalía a emitir una «orden verbal» que permite a los servicios de inteligencia y a la seguridad del Estado vigilar, interceptar y descifrar toda información generada, enviada, recibida o archivada en cualquier dispositivo informático por razones de seguridad nacional.

Aún más, la ausencia de legislación específica sobre protección de datos personales le ha dado a los servicios de seguridad ruandeses una discrecionalidad sin límites para recabar información con impunidad.

Cuando el Estado hace uso abusivo de las herramientas de vigilancia y control pone a todos sus ciudadanos en peligro. Ruanda actualmente carece de un marco legal adecuado que sirva de orientación en cuanto al uso de las tecnologías en línea en un contexto de seguridad nacional.

El Estado debe considerar cómo regular el uso y la aplicación de estas nuevas tecnologías. La autorización del uso de estas tecnologías debe basarse en evidencia objetiva proveniente de un juez o de algún otro cuerpo legal independiente. Asimismo, el Estado debería también prohibir la recopilación indiscriminada de información personal, y permitirlo esto solo en los casos en que sea absolutamente necesario.