El 3 de agosto se celebró una protesta contra la prevista reposición de la ley penal de difamación en Timor Oriental. Foto de la página de Facebook de la Asociación de Periodistas de Timor Oriental (APTO), utilizada con su autorización.

El 25 de agosto, se presentó una petición al ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros de Timor Oriental (cuyo nombre oficial es República Democrática de Timor Oriental) en la que se exigía el rechazo de la propuesta de reponer el delito de calumnia en el Código Penal del país.

La peticiión fue presentada por el Movimiento Contra la Criminalización, Difamación y Perjuicio (MKKDI ), formado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil, la Asociación de Periodistas de Timor Oriental (AJTL en inglés), el Consejo de la Prensa, académicos y estudiantes universitarios.

Ellos se oponen al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia el 5 de junio, que reafirmaría el delito de calumnia eliminado por el Gobierno cuando adoptó un nuevo Código de Prensa en 2014.

MKKDI señaló en su petición que la consulta pública sobre la propuesta se hizo apenas en una semana en junio.

Mong Palatino, autor de Global Voices de este artículo, habló por correo electrónico con el portavoz del grupo, Alberico Junior, sobre la petición y esta fue su respuesta:

…the movement thinks that this proposed law is to protect those in power from criticism when they commit any act of corruption and any other acts of crime. We do not want this law to be applied in the country as we do not want to be back to Indonesia's authoritarian regime and Portuguese colonial time, this law is actually the product of colonialists, which was used to ban the Timorese people from criticizing the government at that time.

…el movimiento cree que esta propuesta de ley es para proteger a quienes están en el poder de las críticas en caso cometan cualquier acto de corrupción u otro acto delictivo. No queremos se aplique esta ley en el país, no queremos volver al régimen autoritario de Indonesia ni a la época colonial portuguesa, cuando se utilizó para prohibir a los timorenses criticar al Gobierno de aquel entonces.

Timor Oriental fue una colonia portuguesa desde 1702 hasta 1975 cuando fue ocupada por Tailandia, hasta 1999.

Tras la petición pública, el Ministerio de Justicia anunció el 19 de julio que eliminó una disposición que duplicaba o triplicaba la pena para quienes fueran declarados culpables de difamar a un funcionario público o si se hacía a través de los medios de comunicación, incluidos las redes sociales. La decisión se tomó en respuesta a las críticas públicas de que la disposición podría utilizarse para sofocar la libertad de expresión.

Sin embargo, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) dijo que esta afirmación no era exacta ya que la ley seguía intacta. Jim Nolan, que brinda asesoría legal gratuita a la FIP de Asia y Pacífico, escribió:

Upon scrutiny, the only ‘concession’ offered by the Ministry of Justice, turns out to be no concession at all. All it achieves is a clumsy attempt to blunt the serious and well-founded criticisms levelled by civil society groups. The substance of these criticisms has been left unanswered by this present proposal.

Tras un examen, la única «concesión» ofrecida por el Ministerio de Justicia, resulta no ser ninguna concesión. Todo lo que consigue es un tosco intento de mitigar las serias, y bien fundadas, críticas de los grupos de la sociedad civil; su esencia ha quedado sin respuesta en la presente propuesta.

Jonas Guterres, exconsejero de la Oficina del Comisionado de la Comisión Contra la Corrupción de Timor Oriental, advirtió sobre el posible impacto del proyecto de ley en la lucha contra la corrupción:

…the move by the government of Timor-Leste to criminalize defamation is against the national interest, and will likely undermine efforts to curb corruption, by suppressing to a greater or lesser extent the voices
of whistleblowers and the media. If anything, there is a need instead for anticorruption efforts to be strengthened even further, by enhancing whistleblower protections and asset recovery processes.

…la medida del Gobierno de Timor-Leste de tipificar la difamación como delito va en contra del interés nacional, y es probable que socave los esfuerzos para frenar la corrupción al suprimir, en mayor o menor medida, las voces
de los denunciantes y los medios de comunicación. Si acaso, es necesario más bien que se refuercen aún más las medidas anticorrupción, que se mejore la protección de los denunciantes y los procesos de recuperación de activos.

El 3 de agosto, los periodistas organizaron una acción de protesta contra el proyecto de ley.

El 11 de agosto, el grupo de la sociedad civil La'o Hamutuk se reunió con Francisco Guterres, presidente de Timor Oriental. Durante el mitin, se informó que el presidente expresó su preferencia por la educación y no la criminalización para tratar el problema de la difamación. También añadió que el proyecto de ley no es una de las prioridades del Gobierno.

El Parlamento de Timor Oriental está en receso y reanudará sus sesiones en la segunda semana de septiembre.