Vigilancia en el Líbano: Una crisis de privacidad

Grafiti de cámara de vigilancia. Publicada y etiquetada para reutilización en Pixabay.

Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media para exigir a los Gobiernos que aborden la problemática de los derechos digitales en Universal Periodic Review (UPR)

Si hubo algo que la Primavera Árabe puso en evidencia en materia de revuelta digital, ciberactivismo y democratización fue la ola de revueltas que sacudieron Medio Oriente desde 2011 han caído víctimas del mismo factor que inicialmente fue su catalizador: la tecnología

Uno de los lugares donde se dio este fenómeno es el Líbano, cuyos ciudadanos hoy sufren serias amenazas tecnológicas contra su libertad, y donde las intrusiones a la privacidad son generalizadas y, con frecuencia, se llevan a cabo sin la adecuada supervisión judicial.

La tensión entre ciudadanos y Gobierno se agravó durante las protestas de la Revuelta de Octubre —iniciada en 2019 y aún en curso— cuando la detención de manifestantes planteó el tema de las agencias de seguridad que les incautan sus teléfonos y les exigen las claves para desbloquearlos. Algunos perciben que los movimientos de protesta van contra los programas de austeridad, la cantidad de demandas que plantean apuntan a un revolucionario objetivo de redefinir el sistema político sectario del Líbano, plagado de clientelismo, partidismo, duplicidad y mala administración, entre otros. Además de exigir los derechos de la mujer, una economía estable, empleo y servicios públicos, las demandas también incluyen la libertad en línea: “Quiero tuitear sin que me arresten”.

Las agencias de seguridad libanesas también son conocidas por usar programas espías muy invasivos. En 2018, Lookout y la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF) publicaron un informe en el que revelaban la existencia de “cientos de gigabytes de datos exfiltrados” que violaban los derechos básicos de privacidad de los libaneses. Tal vez lo que más impactó de este informe fue la afirmación de que, al parecer, la cruzada global de ciberespionaje llamada Dark Caracal, campaña de nivel avanzado de amenaza persistente (APT) que ha apuntado a 21 países desde 2012, se “administraba fuera de un edificio que pertenece al Directorio General de Seguridad Libanés en Beirut”. Los grupos APT son organizaciones que dirigen “ataques contra los recursos informativos de importancia para la seguridad nacional o la economía estratégica de un país a través del ciberespionaje o del cibersabotaje”, y también alcanzan a las grandes empresas. Generalmente, se valen de una serie de mecanismos para extraer datos e información sobre delitos de guante blanco, como la absorción de rescates o el cibervandalismo.

Dado el consumismo y la naturaleza proxy, el programa espía que abarca más de 20 estados y catalizadores externos (no estatales) ha considerado la “vigilancia gubernamental un servicio de pago”. Se ha dicho que Dark Caracal, con un simple programa de hackeo y viejos trucos de ‘phishing’, logró invadir por completo la correspondencia encriptada de las aplicaciones de redes sociales, como Whatsapp. 

Hay quienes argumentan que la tecnología de vigilancia evita los delitos y ayuda a mantener el estado de derecho, además de la disciplina de baja intensidad, incluso en ámbitos como la educación. No obstante, algunos activistas por los derechos humanos alegan que el programa de vigilancia se usó para apuntar a miles de personas, incluso activistas y periodistas.

El Director General de la Dirección de Seguridad General Libanesa (GDGS), Abbas Ibrahim, conocido como los “ojos y oídos del Estado libanés”, emitió una declaración donde refuta el informe de EFF. Ibrahim declaró que la “Seguridad General no tiene estas capacidades. Ojalá las tuviera”.

Anteriormente, las agrupaciones activistas documentaron el uso del programa espía FinFisher por parte de esta dirección. FinFisher tiene la capacidad de de espiar varias aplicaciones de redes sociales —incluidas WhatsApp, Viber y Skype— y acceder a datos privados, como ubicación, contraseñas, registro de llamadas, mensajes de texto, archivos, fotos, videos y calendario.

¿Qué establece la ley libanesa?

Los aspectos legales de la norma sobre vigilancia son un enigma en sí mismos y se han interpretado de diversas maneras. La Ley de Interceptación de las Telecomunicaciones del 27 de diciembre de 1999, mejor conocida como Ley 140/1999, preserva la privacidad de los libaneses, salvo en caso de emergencia, como en las actividades delictivas. Y el artículo 14 de la Constitución libanesa establece que el “lugar de domicilio del ciudadano es inviolable. Nadie debe ingresar, excepto dentro de las circunstancias y mediante las formas previstas por la ley”. 

Aún así, no debe darse por sentado que el “lugar de domicilio del ciudadano” es una entidad separada de la presencia intangible y la privacidad del ciudadano en sus dispositivos electrónicos. Ambos dominios aún no están conectados —ni se distinguen uno de otro— ante la ley libanesa. Para muchas personas que dependen de sus teléfonos en un país donde la mayoría de la población usa internet, el ámbito digital es, efectivamente, como un hogar. La protección legal de la privacidad debe extenderse para incluir los dispositivos electrónicos y las comunicaciones en línea, no solo el “lugar de domicilio”.

Según el artículo 14, se debe decretar una “orden judicial o administrativa” para habilitar la vigilancia sobre las comunicaciones. Esta norma es ineficaz para mantener la responsabilidad y los límites de las agencias de inteligencia, que actúan directamente bajo la autoridad del Ministerio del Interior, que también tiene la autoridad para sancionar la interceptación.

El artículo 9 de la Ley de Interceptación establece que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa pueden otorgar la aprobación administrativa, luego de que el primer ministro haya ratificado la ley y la forma de interceptación. Este tipo de investigación no puede exceder los dos meses de duración y solo puede permitirse dentro de circunstancias excepcionales, como para combatir el terrorismo, el crimen organizado o las amenazas de seguridad contra el Estado. Sin embargo, existe un vacío jurídico por el cual estos delitos pueden fácilmente asociarse a los activistas y a los disidentes.

Mientras tanto, activistas y ciudadanos tratan de proteger su privacidad en línea con softwares descargables de seguridad digital, como Detekt, y denuncias de las irregularidades ante las autoridades. Aunque, naturalmente, esto último es inútil si son las autoridades quienes están involucradas en actividades extrajudiciales de vigilancia y violación de la privacidad. 

El Líbano ha mantenido históricamente la reputación de ser un país más liberal que otras naciones árabes. En medio de una aparente serie de intentos por controlar o negar la privacidad digital, la interferencia sobre los derechos digitales es motivo de preocupación.

Para garantizar de manera fundamental los derechos digitales, será necesario reformar las viejas leyes o crear nuevas que limiten la intrusión en la privacidad de los ciudadanos y permitan una sólida supervisión independiente sobre las prácticas de vigilancia. Solo entonces la ciudadanía gozará de genuina privacidad, libertad y seguridad digital.

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