Redes sociales en América Latina: Entre la espada y la pared

Manifestantes en Plaza Baquedano, en Santiago, la capital chilena, 8 de noviembre de 2019. Crédito: Usuario de Wikimedia B1mbo (CC BY-SA 4.0)

La autora de este artículo es Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, y profesora de derecho internacional y de internet y derechos humanos.

En enero de 2020, tras algunas denuncias informales de incidentes sobre contenidos de redes sociales relativos a las protestas, tres organizaciones chilenas, la Fundación Datos Protegidos, la Universidad de Chile y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, llevaron a cabo un estudio sobre la censura en redes sociales entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019. El estudio documentó 283 incidentes de censura en redes sociales en los que se eliminaron o bloquearon contenidos relacionados con las protestas. En algunos casos, los usuarios que eran participantes activos del movimiento de protesta del país sufrieron la eliminación o suspensión de sus cuentas, sin posibilidad de apelación oportuna. Según los autores y otras organizaciones de la sociedad civil que hicieron seguimiento del fenómeno, las principales causas aducidas se relacionaron con la automatización, la falta de contexto y la falta de claridad sobre las normas de las plataformas.

Entender cómo se aplican las normas sobre contenidos en América Latina es un desafío constante.

Si bien las empresas sostienen haber adoptado políticas globales, los criterios difieren de un país a otro y de una región a otra. Los últimos dos meses han sido muy reveladores en cuanto a estas prácticas, como en el caso del tratamiento diferenciado que recibieron los contenidos engañosos dentro de las principales plataformas. Por ejemplo, en marzo de 2020, Twitter eliminó publicaciones engañosas sobre las curas para el COVID-19 publicadas por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pero pareció ser más tolerante con algunos tuits similares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, mantuvieron los tuits engañosos de Trump sobre un posible fraude electoral, pero les pusieron etiquetas de contenido falso.

En 2017, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) llevó a cabo su propia investigación sobre las medidas de Facebook, YouTube y Twitter para combatir las noticias falsas y la desinformación. Nuestra intención era rastrear la desinformación respecto de los anuncios que habían hecho algunas empresas a escala global, particularmente luego de algunos acontecimientos de gran difusión, como la votación sobre el Brexit, el escándalo de Cambridge Analytica y el referéndum de Colombia, y comparar las medidas anunciadas y puestas en práctica a la luz de estos hechos con las que se habían implementado en América Latina.

Encontramos que se anunciaban nuevas políticas, a veces a diario, y que las nuevas herramientas, políticas y programas se superponían o contradecían entre sí con frecuencia, y esto dificultaba evaluar qué se hacía efectivamente y dónde. Fue muy difícil encontrar información desglosada sobre implementaciones por países, y los procedimientos y políticas no siempre estaban traducidos al idioma local, lo que imposibilitaba que algunos usuarios entendieran cómo se evaluaban sus contenidos y qué soluciones posibles tenían. Algunas iniciativas se implementaban en distintos países con variados niveles de recursos, lo que llevaba a una disparidad en su aplicación. Como investigadores, nos resulta muy difícil saber a ciencia cierta qué impacto tienen los anuncios globales de alto perfil sobre los usuarios América Latina. El CELE está finalizando un nuevo estudio para actualizar su informe de 2017 sobre las respuestas de las plataformas contra la desinformación, y sobre las 61 acciones más destacadas que se identificaron y analizaron en el documento: Los investigadores no lograron verificar la aplicación de al menos 28 de tales acciones en América Latina.

Todo esto habla de un problema más amplio en torno a la transparencia, la responsabilidad y el acceso a la información con respecto de las operaciones de las plataformas de internet más importantes. Si bien reconocemos los esfuerzos que se han hecho para mejorar los informes de transparencia durante los dos últimos años, sigue siendo difícil buscar datos desglosados para nuestra región. Ni siquiera se puede obtener información básica sobre qué políticas se aplican dónde, ni datos sobre el impacto regional y local de la moderación de contenidos, y de cómo difiere el contexto local del global. Facebook y Twitter, por ejemplo, empezaron hace poco a brindar más información sobre sus prácticas de moderación de contenidos, pero siguen sin estar desglosadas geográficamente. Esto socava profundamente la capacidad de actores estatales y no estatales de evaluar las implicaciones sociales de la moderación privada de contenidos a escala local.

Entonces, la falta de comprensión sobre cómo se modera contenido en América Latina y la falta de explicación de los contextos locales provocó que se exigiera con más fuerza una regulación sobre las principales plataformas, tanto desde los Gobiernos como desde la sociedad civil. Aunque las intenciones puedan ser buenas, a los gobiernos de la región les preocupa más desarrollar nuevas restricciones sobre la libre expresión que la reducción del espacio para la libertad de expresión, debido a su percepción de que el ciberespacio sigue muy poco regulado. Que se propaguen leyes o propuestas desde Europa y Estados Unidos que son hostiles para con la libertad de expresión no ayuda, ni tampoco las campañas de muchas de las democracias más antiguas del mundo, incluidas las de Europa y el Reino Unido, que presionan a las plataformas a usar más agresivamente sus términos y condiciones para atacar los contenidos dañinos pero legales. Aunque bien intencionadas, estas iniciativas promueven restricciones difusas y demasiado amplias contra la libertad de expresión en las plataformas digitales. En efecto, en el contexto de una región con una larga trayectoria de censura estatal, estas propuestas pueden dar protección política a los Gobiernos que buscan adoptar enfoques igualmente agresivos para restringir el discurso en línea.

Los usuarios latinoamericanos, particularmente los involucrados en el activismo o en movimientos sociales, se encuentran entre la espada y la pared. Dentro de este contexto, resulta más necesario que nunca que la sociedad civil y los activistas de América Latina alcen la voz en los debates globales sobre las prácticas de moderación de contenidos y libertad de expresión.


Este artículo es parte de una serie de trabajos que conforman la Iniciativa de Wikimedia y la Escuela de Derecho de Yale sobre Intermediarios e Información para recopilar perspectivas sobre el impacto global de las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas digitales. Puedes acceder a todos los artículos de la serie a través del blog o su cuenta de Twitter @YaleISP_WIII.

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