“Doble rasero” en el Caribe en aplicación de los protocolos de COVID-19

Captura de pantalla de la introducción a las Regulaciones de Salud Pública de Trinidad y Tobago de 2020, sobre el COVID-19.

En todo el Caribe, la pandemia de COVID-19 ha ampliado la brecha de la desigualdad social, incluidos los distintos tratos a los ciudadanos que violan las normas de seguridad.

En Trinidad y Tobago, las restricciones por el virus deberían de aplicarse a todos, pero hay recientes ejemplos que revelan una marcada diferencia en cómo la Policía regula las violaciones dependiendo de la clase y la condición social.

Según las ordenanzas de salud pública actualizadas, las autoridades prohíben las reuniones públicas de más de cibco personas y es obligatorio llevar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

Pese a estas ordenanzas, en una fiesta de cumpleaños con más de 20 invitados en una zona de piscina comunitaria en Bayside Towers, rascacielos residencial de lujo, nadie usaba mascarilla. Los administradores de la propiedad pidieron varias veces a los huéspedes que respetaran a los protocolos, y como se negaron, llamaron la Policía y dieron cuenta de los hechos. Cuando la Policía llegó, los pocos invitados que se habían quedado se libraron solo con una advertencia, a pesar de que habían incumplido varias disposiciones, como estar en una piscina pública con fines recreativos, no llevar la mascarilla y no respetar la distancia social.

Normalmente, las violaciones de estos protocolos conllevan fuertes multas y una posible detención de hasta tres días.

El vacío jurídico, según el comisario de Policía Gary Griffith, parecía ser que, si bien la reunión se celebraba en una zona común, la propiedad en sí es privada, razonamiento que no gustó a los usuarios de las redes sociales que acusaron a la Policía de seguir utilizando un doble rasero al aplicar las regulaciones de COVID-19.

En abril, en virtud de unas directrices de salud pública similares, la Policía detuvo a 27 jóvenes, incluidos menores de edad, reunidos en un grupo mayor al permitido en la comunidad de bajos ingresos de Sea Lots. Se hizo viral un vídeo que muestra a la Policía haciendo que el grupo se eche boca abajo en una playa rocosa y se disculpe con Griffith mientras los apuntaban con armas.

Para agravar la situación, Griffith se retractó de sus declaraciones hechas en abril, cuando afirmó que la Policía tenía autoridad para detener las fiestas privadas en casa: La fiesta en la piscina de Bayside, según dijo, era una “zona gris”, lo que sugiere que es necesario aclarar qué define un espacio privado y un espacio público.

El parlamentario opositor Dinesh Rambally expresó su apoyo a Griffith y calificó la ley de “confusa, incierta e imprecisa”. Sostuvo que esto conduce a una aplicación arbitraria y desigual de la ley.

Aunque el ministro de Salud, Terrence Deyalsingh, confirmó que existen regulaciones “hablan más o menos del espacio público”, añadió que “no necesitamos un argumento constitucional para decirle a la gente que la forma en que se comportan en locales privados hará fracasar todo el asunto”.

En una publicación en Wired868, Lasana Liburd se expresó sobre la hipocresía del asunto:

Commissioner of Police Gary Griffith tried to turn the table on persons critical of the Trinidad and Tobago Police Service’s handling of a pool party in Bayside Towers, by suggesting that they were the ones with a ‘hang-up’ on race and class—and not his lawmen. […]

Nobody was charged, although the public health ordinance carries a TT$1,000 fine [US$148)] for failure to wear masks — even if it is in your own vehicle alongside a single family member.

To date, the TTPS has charged 179 persons for failure to wear masks. So […] did the police choose not to hold someone accountable at Bayside Towers because it is an affluent neighbourhood?

El comisario de Policía Gary Griffith respondió a quienes criticaron cómo el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) manejó una fiesta en la piscina de Bayside Towers, y sugirió que eran ellos [los críticos] quienes tenían un “problema” con la raza y la clase, y no sus policías. […]

Nadie fue acusado, pese a que la ordenanza de salud pública conlleva una multa de mil dólares trinitenses (unos 148 dólares estadounidenses) por no llevar mascarillas, aunque la persona esté en su propio vehículo junto con un solo miembro de la familia.

De momento, la TTPS ha sancionado a 179 personas por no llevar mascarillas. Entonces, […] ¿la Policía eligió no culpar a nadie en Bayside Towers por ser un barrio privilegiado?

Griffith señaló que, bajo su liderazgo, la Policía de Trinidad y Tobago ha realizado retadas en barrios ricos como prueba de su imparcialidad.

Sin embargo, en una rueda de prensa, un periodista preguntó por qué no hay vídeos de la Policía en Bayside publicados en las redes sociales de la TTPS como pasó con otras retadas; Griffith amonestó a los medios por “ser quisquillosos”.

Cuando los miembros de los medios insistieron, Griffith replicó que no tenía los detalles de lo ocurrido y que las investigaciones estaban en curso. Y dijo también que algunos de los huéspedes podían no ser trinitenses y que la policía comprobaría sus documentos.

Sin embargo, la agencia de noticias Wired868 se burló del intento de reformular la cuestión:

Griffith did not explain why the deportation of Venezuelan refugees — whose reason for being at the Bayside Towers event is uncertain — might be considered a suitable response to an arrogant, reckless Bayside resident’s failure to show due consideration to COVID-19 regulation.

Griffith no explicó por qué la deportación de los refugiados venezolanos, cuya razón de estar en la fiesta de Bayside Towers es incierta, podría considerarse una respuesta adecuada a la arrogante e imprudente incapacidad de un residente de Bayside de mostrar la debida consideración a las regulaciones de COVID-19.

En Facebook, Ian Y. Dass expresó un sentir similar:

So let me get this straight…

A party with 40 persons at Bayside Towers is not a breach of the public health ordinance because it's in private property. I'm pretty sure all these persons aren't living under the same roof. And I'm pretty sure they will be mingling with the public at some point in the near future.

Meanwhile, if a family who lives in the same house is seen in their PRIVATE vehicles not wearing masks, they get charged $1000 (inclusive of children over the age of 8).
Make. It. Make. Sense.

You see, I have no problem with there being laws in place to help reduce the spread of the virus. BUT…these laws should be ACROSS THE BOARD. I guess in sweet T&T, some are above the law. Injustice and unfairness in big daylight. Right in front we eyes.

But we like it so.

Así que, a ver si entiendo esto…

Una fiesta con 40 personas en Bayside Tower no es una violación de la ordenanza de salud pública porque era en una propiedad privada. Estoy bastante seguro de que esas personas no viven bajo el mismo techo, estoy seguro de que se mezclarán con el público en algún momento del futuro próximo.

Mientras tanto, si a una familia que vive en la misma casa se le ve en su auto PRIVADO sin mascarillas, será sancionada con una multa de mil dólares (incluidos los niños mayores de 8 años).
Hazlo. Tiene Sentido.

Verán, no tengo ningún problema con que haya leyes que ayuden a reducir la propagación del virus. PERO estas leyes DEBERÍAN SER GENERALES. Supongo que en la dulce Trinidad y Tobago, hay algunos que están por encima de ley. Injusticia y abusos a plena luz del día. Justo delante de nuestros ojos.

Pero nos gusta así.

Los memes y las burlas no tardaron en llegar, pero los usuarios de las redes sociales eran realmente conscientes de la gravedad del problema. Esto lo demuestra otro incidente en el que una joven afirmó que la norma, que establece que es un delito “ser encontrado en una playa [..] o cuerpo de agua”, no se aplica a ella ni su familia pues están en su propiedad “privada”. En Trinidad y Tobago no existen playas privadas.

Aunque las regulaciones de COVID-19 cambian a lo largo del Caribe, escenarios como estos se han desarrollado en formas comparables.

En Jamaica, las redes sociales estallaron después de que el laureado atleta Usain Bolt celebró su cumpleaños con una gran fiesta el 21 de agosto. Los videos de la fiesta mostraron muy poco respeto de los protocolos de COVID-19 de Jamaica. Semanas después, la Policía confirmó que Bolt había recibido autorización. Sin embargo, las autoridades siguen esperando saber si varios huésped de alto perfil que llegaron del extranjero para participar a la fiesta, cumplieron con los protocolos de cuarentena exigidos a su llegada.

El Gobierno ya dijo que Bolt no recibirá ningún trato de favor y que siguen las investigaciones sobre posibles violaciones de la Ley de Cuarentena del país.

Actualmente, Jamaica, como Trinidad y Tobago, está experimentando una transmisión comunitaria y los funcionarios gubernamentales siguen revisando y actualizando los protocolos de COVID-19 según sea necesario, mediante enmiendas a la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres que se publican en Parlamento.

Tres días después de la fiesta, Bolt resultó positivo al virus, lo que obligó a muchos de sus invitados a ponerse en cuarentena.

Jamaica es un destino popular entre las celebridades. La popular estrella pop Madonna llegó con su séquito durante la cuarentena para celebrar que cumplía 62 años. Los videos y las fotos publicados en las redes sociales mostraron que durante la fiesta, que se celebró al aire libre, los invitados no mantuvieron la distancia de seguridad y ni usaban mascarillas.

Por otro lado, con los casos en aumento, la Policía de Jamaica ha detenido a varios ciudadanos por no llevar mascarillas en lugares públicos. El 1 de septiembre, varios jóvenes fueron detenidos en la transitada área de Half Way Tree en Jamaica, acciones que algunos abogados están cuestionando. A diferencia de Trinidad y Tobago, en las medidas de seguridad pública, como el uso de máscaras, no son leyes sino recomendaciones.

Sin embargo, el ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, doctor Christopher Tufton, ha dejado en claro que se pueden imponer multas de hasta un millón de dólares jamaicanos (poco menos de 7000 dólares estadounidenses) o seis meses de prisión a quienes incumplan los protocolos de COVID-19.

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