Una manifestación en Lilongwe, la capital, organizada por la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC), sobre el fraude en las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas Foto por Steve Sharra.
Este artículo es parte de UPROAR [1], iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar los retos de los derechos digitales en el Examen Periódico Universal (EPU) [2].
En Malaui, las autoridades exigen cada vez más a los ciudadanos que entreguen sus datos personales para poder intervenir en la vida cotidiana, desde el uso del teléfono móvil hasta la participación en las elecciones. Sin embargo, sin una ley adecuada de protección de datos, los derechos de los ciudadanos a la privacidad están amenazados.
En 2017, el Gobierno malauí puso en marcha un sistema de registro nacional: cada ciudadano mayor de 16 años debía inscribirse en el registro nacional para obtener así un documento nacional de identidad. Esto siguió al sistema nacional de registro e identificación de enero de 2010, en virtud de la Ley de Registro Nacional del entonces presidente Bingu wa Mutharika. El sistema tardó cinco años en entrar en funcionamiento, el 1 de agosto de 2015.
Según la Oficina Nacional del Registro, el sistema nacional de identidad serviría para muchos propósitos [3] por medio de la adquisición «información sobre la población» que permitiría a los «legisladores utilizar la planificación basada en datos» para el desarrollo y la prestación de servicios. En el caso de las personas, esto les daría «prueba de su nacionalidad e información personal para que puedan utilizarla para reclamar sus beneficios».
La epopeya del registro de votantes
Más recientemente, estos sistemas de registro de identificación fueron cuestionados en los días previos a las elecciones de Malaui en junio, cuando el entonces candidato opositor, doctor Lazarus Chakera, de la Alianza Tonse, denunció [4] que se estaba registrando a menores de edad como parte de un complot para manipular las nuevas elecciones.
En las redes sociales, los internautas publicaron las fotos de unos niños haciendo cola, supuestamente inscribirse [5] en el Sistema Nacional de Registro, sincronizado con el registro de los votantes. La Oficina Nacional del Registro negó estas acusaciones.
La Coalición de Defensores de los Derechos Humanos escribió [6] a la Oficina Nacional del Registro para expresar su preocupación sobre el asunto, mientras la Comisión de Derechos Humanos de Malaui abrió [7] una investigación.
La Corte Suprema de Apelaciones dictaminó que en las nuevas elecciones, solo podían votar los electores previamente registrados en la elección original de mayo de 2019 y que los nuevos votantes no eran aptos [8]. La decisión se dictó cuando el entonces presidente, Peter Mutharika, impugnó el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó las nuevas elecciones.
Registro de tarjeta SIM y protección de datos
El proceso de identificación nacional se vinculó entonces al proceso de registro de la tarjeta nacional SIM.
En enero de 2018, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Malaui (MACRA) anunció un ejercicio de registro nacional obligatorio de las tarjetas SIM [9].
En virtud de la Ley de las Comunicaciones de 2016, se exige que toda persona con un número de teléfono móvil en el país registre su tarjeta SIM. MACRA emitió una fecha límite del 31 de marzo de 2018 para registrar toda tarjeta SIM, después de la cual todos los números no registrados dejarían de funcionar. La fecha límite se amplió posteriormente hasta el 30 de septiembre del mismo año, con el requisito de que todas las tarjetas SIM recién compradas se registraran en un plazo de siete días. Se estima que para octubre de 2018 se habían inscrito hasta nueve millones de malauíes en el Registro Nacional.
MACRA dijo que este ejercicio [10] es importante para varias razones: ante todo, evita la práctica fraudulenta llamada «SIM boxing» [11], ayuda en recuperar los móviles robados, ofrece protección contra textos violentos, amenazador o llenos de odio, inculca «disciplina» a los abusadores, ayuda a las fuerzas del orden a resolver delitos y comprueba el fraude y el robo cometidos a través de teléfonos móviles.
Los bancos y las compañías telefónicas, que prestan servicios de dinero en el móvil, emprendieron un ejercicio de «conozca a sus clientes» [12] en el que se exigía a los malauíes que presentaran su documento de identidad nacional para todas las transacciones; anunciaron también que no presentar dicho documento resultaría en el bloqueo de la cuenta.
En agosto 2019, Jimmy Kainja, académico de la Universidad de Malaui, señaló [13] que los malauíes se debían proporcionar muchos datos personales, tanto a instituciones privadas y públicas, cuando el país no tenía una ley de protección de los datos; Kanija sostuvo, en su artículo titulado «¿Están los malauíes caminando como sonámbulos hacía un estado de vigilancia?», que el país necesitaba una ley de protección antes de que se obligara a los ciudadanos a proporcionar todos los datos personales.
Como afirma la Oficina Nacional del Registro, los datos recopilados por el Registro Nacional [3] incluyen datos básicos como nombres y apellidos, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, datos sobre género, domicilio actual, altura, color de ojos, número de pasaporte, estado civil e información de los padres. La oficina también recolecta la información biométrica, las 10 huellas dactilares, una fotografía personal y una firma.
¿Qué tan seguros eran estos datos personales? ¿Qué garantía había de que los terceros no tendrán acceso? ¿Quién sería responsable en caso de que se produjeran filtraciones de los datos?
En julio, el periodista Gregory Gondwe observó que la vigilancia digital [14] se estaba introduciendo lentamente en Malawi aunque escondida en instrumentos jurídicos. Gondwe sostuvo que el país carecía de un «marco gubernamental dedicado a los datos» que ponía a los ciudadanos «a merced de quienes custodiaban esos datos personales para utilizarlos en su contra o, peor aún, empeñarlos para obtener un beneficio».
Zangaphee Chimombo, experto en tecnología de información, dijo a Global Voices que el registro de las tarjetas SIM es necesario, especialmente cuando el país se plantea la introducción [15] de la criptomoneda.
Sin embargo, advierte sobre el posible abuso de los datos de estas tarjetas por parte del equipo de telecomunicaciones y de las autoridades gubernamentales. En los casos en que sea necesario «se debe garantizar el uso de órdenes de registro policial válidas», instó Chimombo.
Un proyecto de ley de protección de datos
Según Kainja y Gondwe, actualmente el Gobierno está redactando una ley de protección de datos, pero su tramitación en el proceso legislativo podría ser un proceso muy largo.
El académico Edge Kanyongolo de la Universidad de Malaui dijo a Gondwe [16] que esta ley tendría más posibilidades de aprobarse si hubiera una presión coordinada entre grupos de ideas afines, como los defensores de los derechos humanos, los médicos, los abogados y los miembros de la oposición.
En virtud del resultado de las nuevas elecciones, celebradas el 23 de junio, el doctor Lazarus Chakwera se convirtió en el presidente del país. Desde entonces, prometió a los malauíes una nueva era en la que el estado de derecho será prioritario, entre otras reformas decisivas.
Kainja espera que la promulgación de esta ley sea una de estas reformas; además observa que los malauíes han estado demasiado dispuestos a entregar sus datos personales sin tener garantía de seguridad y protección.