Moderación del contenido perjudicial en línea en Sudán: Políticas y Medidas

Mujer trabajando en oficina en la Universidad sudanesa de Ciencias y Tecnologías. Créditos de fotografía: Usuario Muhammadsalah80 en Wikimedia (CC BY-SA 4.0).

La llegada de internet marcó un cambio radical en cómo las personas publican y comparten ideas, derribó fronteras y eliminó intermediarios. Pero este cambio vino acompañado de una nueva carga: regular y crear políticas para la moderación de contenido.

En Sudán, país donde solo 31 % de la población tiene acceso a internet, las plataformas en línea experimentan dificultades para aplicar los lineamientos y las normas para supervisar el contenido considerado perjudicial, como el discurso de odio y la desinformación.

Por su parte, las compañías tecnológicas en Estados Unidos, como Facebook, Instagram y Twitter a menudo incumplen con las medidas que han publicado. En muchos casos, estas plataformas no abordan en absoluto el tema del contenido perjudicial.

Difusión de datos personales, suplantación y desinformación

En mayo, Lugain Mohamed, activista que aboga por los derechos de las sudanesas, denunció una cuenta de Instagram activa que publicaba imágenes de mujeres sudaneses sin su autorización. Esto constituyó una violación de las normas comunitarias de Instagram, que no permiten que los usuarios difundan fotografías que no hayan tomado o no tengan el derecho de difundir.

Instagram, que pertenece a Facebook, aún no ha tomado acción al respecto por lo que la cuenta sigue activa, pues consideró que no infringe sus políticas, confirmó Mohamed a Global Voices en entrevista realizada por correo electrónico. También añadió que por esta experiencia comenzó a autocensurar más el contenido que publica en medios sociales:

Having been threatened by the admin of the page to share the rest of my pictures if I continued asking people to report the page made me a bit hesitant about continuing to campaign against such pages, as it threatened my personal safety.

Que el administrador de la página me amenazara con difundir el resto de mis fotografías si seguía solicitando a las personas que denunciaran la cuenta me hizo dudar un poco sobre continuar la lucha contra esas páginas. Mi integridad personal se vio amenazada .

Esta práctica de difundir fotografías de mujeres sin su consentimiento no es reciente en Sudán.

En 2016, más de 15 activistas mujeres fueron víctimas de doxing en una página de Facebook llamada “Sudanese Women Against the Hijab” [Sudanesas contra el hijab]. El doxing o doxeo es una práctica que consiste en publicar información personal de alguien sin su permiso con la intención de amenazar o intimidar. Las fotografías de las activistas en medios sociales fueron publicadas sin su consentimiento con citas falsas acerca de estar contra el uso del velo y la religión. Facebook eliminó la página después de que muchas personas la denunciaron como una violación de sus normas comunitarias.

Durante la revolución de Sudán, iniciada en diciembre de 2019, Twitter pareció ser un espacio perfecto para la suplantación: personas malintencionadas se apropiaron de cuentas que pertenecían a políticos, ministros, periodistas y activistas. El periodista Wasil Ali lanzó una campaña para instar al público a denunciar estas cuentas.

Como consecuencia, algunas cuentas fueron bloqueadas mientras que otras aún están activas. En una entrevista realizada por Global Voices a través de correo electrónico, Ali escribió:

…[F]ake accounts are, for the most part, used to harvest followers but unfortunately, a good number of them are used to sow division by spreading misinformation that has the potential to trigger unrest or even violence. Also in the simplest of terms, it would sow discord among Sudanese whether political or even tribal.

Generalmente, utilizan cuentas falsas para acumular seguidores, pero lamentablemente, una buena cantidad sirven para sembrar división mediante la difusión de información errónea que tiene el potencial de generar intranquilidad o incluso violencia. También en los términos más simples, sembraría discordia ya sea política o incluso tribal entre los sudaneses.

En junio de 2019, Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar respaldado por el Gobierno, implementó medidas enérgicas sobre los manifestantes que se opusieron al régimen militar en Jartum, que luego conocidas como la “masacre de Jartum“. Human Rights Watch y Amnistía Internacional publicaron informes con detalles de evidencias que señalan diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la milicia RSF.

Incluso, días después de la implementación de esas medidas, la compañía egipcia New Waves lanzó una influyente campaña en medios sociales –incluidas Facebook e Instagram– que aspiraba presentar y publicitar una buena imagen de la milicia RSF y sus líderes.

Hasta la fecha, Facebook no ha atendido las múltiples solicitudes de eliminar el contenido de la milicia RSF pues argumenta que su líder, Mohamed Dagalo, quien ejerce también como vicedirector del Consejo Soberano de Sudán, también actúa en favor del Estado, pese a que la empresa eliminó la cuenta de un funcionario de Myanmar buscado por cometer crímenes de guerra.

¿Las plataformas hacen lo suficiente?

En algunos casos, contactar directamente a las plataformas contribuye a eliminar el contenido perjudicial, como en el caso de una cuenta falsa de Instagram que se volvió viral en 2019 durante la revolución. La cuenta presuntamente proporcionó comida a los sudaneses y difundió información errónea también. Instagram la eliminó después de que el medio informativo estadounidense The Atlantic, los contactó.

En julio de 2018, YouTube cerró el canal Zoal Cafe, sin dar ninguna declaración, luego de que los usuarios denunciaran un episodio previo que refutó un programa de televisión kuwaití que se burló del pueblo sudanés. Muchos consideraron la refutación como racista. El canal estuvo inhabilitado solo por tres meses antes de que lo reinstituyeran.

Facebook también tomó acciones para implementar su Política de Conducta Falsa en relación a Sudán. La empresa define “conducta falsa” como “asumir comportamientos diseñados para permitir otras violaciones contempladas en nuestros lineamientos comunitarios” mediante tácticas como el uso de cuentas falsas y bots.

En octubre de 2019, Facebook eliminó una red de cuentas falsas vinculadas a Yevgeniy Prigozhin, financista ruso a quien el Departamento de Estado estadounidense incluyó luego en una lista de sancionados por el papel que desempeñó al brindar “apoyo en la conservación de los regímenes autoritarios, como el del expresidente sudanés Omar al-Bashir, y en la explotación de recursos naturales”. Según su declaración, eliminó “17 cuentas de Facebook, 18 páginas, tres grupos y seis cuentas de Instagram que se originaron en Rusia y se enfocaban principalmente en Sudán“.

No obstante, los activistas afirman que las plataformas no realizan lo suficiente.

Lugain Mohamed indicó que logró retirar sus fotografías, pero no las de las demás puesto que la política de Instagram exige que el “propietario de la fotografía lo denuncie”. Afirma:

This is problematic in many ways, as these accounts are growing in number and followers day by day and they’re making a profit out of taking women’s pictures by advertising for different companies.

Esta es una situación problemática de muchas maneras, ya que estas cuentas siguen proliferando al igual que sus seguidores día con día y están obteniendo beneficios al tomar fotografías de mujeres y publicitarlas para diferentes compañías.

En cuanto a la reacción de Twitter sobre la campaña promovida por Ali de solicitar la inhabilitación de las cuentas suplantadas, Ali escribió:

Twitter is extremely slow on cracking down on these accounts & sometimes unwilling to take them down (like with an account impersonating me & tweeting fake news). Twitter simply refers you to their policy on these accounts.

Twitter es extremadamente lento para aplicar medidas enérgicas sobre estas cuentas y en ocasiones renuente a eliminarlas (como el caso de un cuenta que suplantó mi identidad y tuiteó noticias falsas). Lo único que hace Twitter es referirte a sus políticas que tratan sobre ese tema.

Twitter aún no habilita la opción de verificar por medio del teléfono para sus usuarios en Sudán, y esto añade una barrera en la verificación de cuentas lo que da espacio para que existan más cuentas falsas. En junio, se lanzó una campaña en línea para solicitar a Twitter que ofreciera esta opción. En marzo de 2018, Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, tuiteó sobre este tema, pero Twitter no ha cambiado su postura.

Falta de seguridad jurídica

Además de la pasividad de las plataformas, Sudán también carece de fuertes medidas jurídicas que protejan a los usuarios en línea.

Existen varias disposiciones legales en Sudán que brindan protección para algunos tipos de contenido perjudicial. Por ejemplo, la Ley de Delitos Informáticos de 2007 prohíbe la difamación y la inviolabilidad de la vida personal, que puede ser utilizada para imputar a quienes difunden fotografías de otros sin su consentimiento.

La Ley de Delitos Informáticos de 2018, cuyo borrador final no fue difundido públicamente, penaliza el uso de “Internet o cualquier medio de comunicación o información para incitar odio contra los extranjeros que resulte en discriminación y hostilidad“. El Parlamento del régimen destituido enmendó el proyecto de ley en 2018, antes de que el consejo transitorio a cargo de la gobernabilidad lo volvió a enmendar en 2020, pero el Ministerio de Justicia no ha dado a conocer la versión final completa.

Adicionalmente, el artículo 87 de la Ley de Telecomunicaciones y Regulación Postal sanciona a quienes envían contenido intimidatorio.

Regular este contenido resulta desafiante y en ocasiones se convierte en una amenaza hacia la libertad de expresión, particularmente en un país con una larga historia de abusos de derechos humanos.

Sudán cuenta con varias leyes imprecisas que penalizan el discurso, que es garantizado por las normas internacionales de derechos humanos. De acuerdo con el informe sobre Libertad en la Red 2019, el Gobierno “reconoce públicamente que bloquea y filtra sitios web que considere ‘inmorales’ y ‘blasfemos’, como los sitios de pornografía”.

En enero de 2019, la Fiscalía del Estado emitió órdenes de detención contra 38 periodistas y activistas y los acusó de difundir noticias falsas, término descrito de manera imprecisa en la ley de delitos informáticos.

Abordar adecuadamente el contenido perjudicial en línea en Sudán requiere de acciones colectivas.

Las empresas tecnológicas y las plataformas en línea necesitan cumplir las políticas que regulan el contenido y hacerlas directas y visibles para los usuarios. Deben escuchar a los activistas locales y tomar en consideración sus inquietudes al momento de implementar políticas.

La administración actual de Sudán debe enmendar la legislación existente con el fin de proteger a los usuarios de doxeo y el discurso de odio, sin amenazar aún más sus derechos y libertades fundamentales.


Este artículo forma parte de una serie llamada “La matriz de la identidad: Regulación de las plataformas sobre las amenazas hacia la expresión en línea en África”. Estas publicaciones analizan el discurso de odio en línea instigado por la identidad o la discriminación basada en el idioma o el origen geográfico, la desinformación y el acoso (particularmente contra las activistas y periodistas mujeres) que prevalece en los espacios digitales de siete naciones africanas: Argelia, Camerún, Etiopía, Nigeria, Sudán, Túnez y Uganda. El proyecto es financiado por el Fondo de Derechos Digitales de África de la Colaboración en Política Internacional de TIC en África Oriental y Meridional (CIPESA).

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