Protestas en el Líbano: Autoridades asedian en espacio digitales para silenciar críticas

Manifestantes en Tiro, sur del Líbano, aclaman a una cantante en una manifestación contra la corrupción y las medidas de austeridad del Gobierno el 22 de octubre de 2019. Foto: RomanDeckert vía Wikimedia (CC BY-SA  4.0).

Nota editorial: Este artículo es parte de UPROAR, iniciativa de Small Media que insta a los Gobiernos a abordar los desafíos de derechos digitales en el Examen Periódico Universal (UPR)

Con el surgimiento de nuevas protestas en el Líbano, la represión en línea está listo para continuar.

Desde inicios de agosto, las protestas aumentaron mientras el país está muy afectado por las graves repercusiones de la explosión ocurrida el 4 de agosto en el puerto de Beirut que afectó la ciudad y dejó a decenas de miles de personas sin hogar en la capital libanesa.

Ante la cifra registrada de 190 muertos y más de 6000 heridos, la población se manifestó contra los muy denunciados malos manejos de la élite política de las miles de toneladas de nitrato de amonio que se informó fue la causa de la explosión. El nitrato de amonio estuvo abandonado durante seis años en un complejo del puerto de Beirut, y guardado al lado de 15 toneladas de fuegos artificiales y varias jarras de queroseno y acido hidroclórico, lo que preparó el terreno para la tragedia del 4 de agosto.

Hasta ahora, las autoridades libanesas han respondido con represión a las demandas de la población para un gran cambio político.

La represión del Gobierno en las calles llegó con represión en línea. Cuando internet se llenó de críticas a la arraigada corrupción en la élite política, las autoridades libanesas arremetieron contra los espacios digitales en línea —de redes sociales a servicios de mensajería— para restringir la libertad de expresión y opinión en línea y mitigar brotes contra el régimen, práctica muy criticada por activistas y defensores de derechos humanos.

Desde 2015, cuando las protestas contra el Gobierno sacudieron el Líbano por la mala gestión de las autoridades de la basura, los activistas de derechos humanos han presenciado un aumento de la represión en línea contra los disidentes.

El 17 de octubre de 2019, surgió otra ola de protestas a nivel nacional, que reveló el profundo descontento de la población. De nuevo, los manifestantes responsabilizaron a la corrupta élite política por llevar al país al borde del colapso.

Esta vez, las manifestaciones se iniciaron por el intento del Gobierno de implantar nuevos impuestos, incluido una enésima propuesta de gravar las llamadas de voz hechas a través de servicios de internet como WhatsApp, aplicación de mensajería gratuita muy usada en el Líbano, sobre todo entre los adultos jóvenes. Poco después, las quejas se convirtieron en los mayores disturbios contra el régimen que el país ha visto más de una década.

Cuando el malestar social aumentó, se intensificó la represión en línea del Gobierno. Como los manifestantes han usado medios sociales y WhatsApp para organizar, documentar y difundir la protesta, las autoridades libanesas han recurrido a identificar y perseguir disidentes por sus actividades en línea.

Social Media Exchange (SMEX, organización no gubernamental libanesa que defiende los derechos digital es en Medio Oriente y el Norte de África), rastreó el reciente aumento de la represión estatal con Muhal, observatorio para documentar violaciones de libertad de expresión en línea, e informó de cerca de 44 casos entre octubre de 2019 y agosto de 2020.

Mariam al-Shafie, gerente de conocimiento e impacto de SMEX, dijo a Global Voices:

Social media played a part in mobilizing the population during the mass protests; at the same time, we witnessed the increase of threats on the digital space with the calling in for investigations of many activists at the hands of different security agencies.

Los medios sociales jugaron un papel en la movilización de la población. Al mismo tiempo hemos presenciado el aumento de las amenazas, presenciamos el aumento de amenazas en el espacio digital con el llamado a investigaciones de muchos activistas a manos de diferentes agencias de seguridad.

Desde que la crisis de la basura de 2015 avivó las manifestaciones contra el sistema, la respuesta del Gobierno a la corrupción y acusaciones de mala gestión ha sido silenciar las críticas y la discrepancia en la actual crisis política y económica, tal como denunció Human Rights Watch en un informe de noviembre de 2019.

La estrategia de reprensión del Gobierno ha dependido mucho de las leyes de difamación, que sancionan a quienes critican al Ejército, al presidente y los funcionarios públicos hasta con tres años de prisión.

Según evidencia reunida por Human Rights Watch, el uso de estas leyes para silenciar el discurso en línea ha aumentado en años recientes, con predominio de casos de difamación presentados por “personas poderosas locales” que fueron acusadas de “mala gestión, corrupción o fraude”. Usando las controvertidas leyes de difamación, las autoridades estatales procesan a las personas y las acusan de enlodar la imagen del Estado y difamar la reputación de representantes estatales.

Del lado legal, “el Líbano solamente brinda protección condicional a la libertad de expresión, en línea y fuera de línea, que permite que los entes judiciales y no judiciales impongan restricciones”, dice al-Shafie. “Aunque el Líbano ha firmado varios tratados y compromisos que afirman su compromiso para proteger la libertad de expresión, sus leyes se quedan cortas”.

El 15 de junio, la Agencia de Noticias del Líbano informó que la Oficina contra el Ciberdelito y Derechos de condicional Propiedad Intelectual (Oficina de Ciberdelito) está a la búsqueda de publicaciones en medios sociales que infrinjan las leyes de difamación e insulten al presidente, según Amnistía Internacional. El riesgo es que esta operación puede aumentar los ataques contra la libre expresión de parte de las autoridades estatales, lo que resultó en más arrestos e investigaciones.

En Muhal, la mayoría de los casos de represión en línea se parecen. Recientemente, Raed al-Masry, profesor de política y estudios internacionales, y Alwan Amin al-Din, fundador y director de Centro Sita para Estudios, fueron citados por la Oficina de Ciberdelitos el 3 de agosto, por un artículo escrito por Masry y publicado en el sitio web del centro. El artículo acusaba de corrupción al presidente de la Universidad Libanesa, Fouad Ayoub. Ambos fueron liberados después de que comparecieron en la oficina.

En un caso similar, un informe anónimo expuso fraude fiscal en el Banco Central del Líbano, según revelación de la periodista Dima Sadek que se publicó en la plataforma de medios independiente Daraj. El 18 de mayo, Oficina de Ciberdelitos contactó a Sadek, pues la estaban investigando por “socavar la condición financiera del Estado”, según los artículos 319 y 320 del Código Penal, destacan las fuentes de SMEX.

Riad Salamé, director del Banco Central del Líbano, presentó la demanda. SMEX informa que, según fuentes disponibles, a Sadek la interrogaron durante cinco horas. Hacia mediados de septiembre, no había novedades en el caso.

Los manifestantes siguen usando grupos de WhatsApp para organizar y coordinar las manifestaciones, y las autoridades libanesas han empezado a infiltrarse en esos grupos. Según información reunida por una investigación de una radio pública nacional de Estados Unidos, las autoridades usan esta estrategia para identificar y procesar a los líderes de la protesta. La estrategia ha creado temor entre participantes y manifestantes, cuya identidad y anonimato están en riesgo.

Los arrestos y los interrogatorios arbitrarios por actividades en línea, publicaciones en medios sociales y chats en WhatsApp ponen en peligro la vida y libertad de expresión de periodistas, activistas y líderes de las protestas, y también el futuro de las propias protestas. “Ahora, muchos jóvenes sienten que no hay resultados a sus acciones. Por las tácticas de las autoridades libanesas, muchos han dejado de participar”, dijo al-Shafie.

“Después de la explosión del puerto de Beirut del 4 de agosto, vimos que muchos volvieron a las calles para protestar contra la élite política y las personas en el poder, cuya corrupción condujo a esta enorme explosión”, agrega. “Pero en el Líbano la situación siempre cambie, y con el aumento del COVID-19, no podemos adivinar qué va a suceder”.

Ahora más que nunca, la seguridad y derechos digitales siguen siendo importantes para garantizar la libertad de expresión de periodistas y activistas, y salvaguardar sus derechos de protestar en medio del clamor masivo.

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