Brutales asesinatos en Guyana se consideran “continuación de anteriores trastornos étnicos”

A los primos Joel e Isaiah Henry los mataron en un brutal ataque el 6 de septiembre, en la comunidad de Cotton Tree, al sureste de Georgetown, Guyana, en la orilla occidental del río Berbice. Captura de pantalla de un informe de noticias en YouTube, publicado por HGPTV.

Como muchos otros territorios regionales, históricamente la política de Guyana se ha basado en la raza, realidad que se mostró en el reciente episodio electoral del país. El partido gobernante apeló predominantemente a los electores afroguyaneses y fue acusado de intentar arreglar los resultados a su favor.

Aunque la situación ya se resolvió y ya asumió el cargo el opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP), con una base de apoyo principalmente indoguyanesa, aún hay muchos asuntos urgentes, desde el arresto de Clairmont Mingo, funcionario electoral acusado de fraude hasta el atroz asesinato de dos jóvenes negros a quienes descuartizaron el 6 de septiembre.

Se presume que los a primos Joel y Isaiah Henry los mató un granjero indoguyanés porque estaban recogiendo cocos de su propiedad. Hay siete personas arrestadas. Desde que se conocieron los detalles del doble asesinato, los aldeanos de la comunidad de los muchachos han pedido justiciarealizando protestas como bloqueo de vías e incendios de desechos.

Robeson Benn, ministro del Interior de Guyana, criticó las declaraciones de “destacadas personalidades políticas” y “agitadores”, que decían que el ataque contra los muchachos tenía motivaciones raciales.

El 8 de septiembre 8, varios grupos de la sociedad civil señalaron que las muertes habían exacerbado las ya cargadas relaciones políticas de raza, y pidió a la  Comisión de Relaciones Étnicas, que trabaja en pos de la armonía y la justicia raciales, para ayudar a calmar las crecientes tensiones raciales.

Señalando la “violencia mental racial que realizan los medios sociales”, la Asamblea de la Década Internacional para Personas de Ascendencia Africana – Guyana (IDPADA-G), fundada durante el gobierno anterior bajo los auspicios de la Década de Naciones Unidas para Personas de Ascendencia Africana, calificó los asesinatos de “otra manifestación de la enconada división, conflicto étnico y su total desprecio por la vida de personas de otros grupos étnicos”.

La Sociedad para el Fortalecimiento de los Africanos de Guyana (SAGE) puso un matiz a político y racial a los asesinatos cuando dijo que el ataque enfatizó la “necesidad de manifestar y defender a los afroguyaneses contra la agresión del recién instalado gobierno del PPP”.

El día siguiente, el 9 de septiembre, Haresh Singh, de años y nieto de uno de los sospechosos del asesinato, también murió: lo encontraron muerto con heridas en la cabeza y cortes.

En un incidente no relacionado, Chatterpaul Harripaul, de 34 años, disparó su escopeta hacia una multitud de manifestantes, que en respuesta lo golpearon hasta matarlo.

El doctor Irfaan Ali, presidente con poco tiempo en el cargo, ha calificado las cuatro muertes de “barbáricas” y dijo que las violentas protestas “no tenían nada que ver con defender la justicia”.

El presidente, y otros actores políticos, criticaron las divisivivas afirmaciones del líder opositor del país, Joseph Harmon, que no enmarcó el incidente como una “lucha entre razas”, sino como una “lucha contra la opresión […], una lucha contra un Gobierno fraudulento”.

La politización que hizo la oposición del asunto, según el ministro de Asuntos Internos, está exacerbando la situación con las protestas y comprometiendo la seguridad en la zona del oeste de Berbice, donde están ocurriendo la mayor parte de los disturbios.

Por su parte, organizaciones como la Organización Juvenil Musulmana de Guyana (MYO) ha criticado los asesinatos. La Asociación de Derechos Humanos de Guyana  (GHRA) ha pedido al coordinador residente de Naciones Unidas en el país que solicitara que expertos forenses internacional ayudaran con las investigaciones.

La disputa que surgió tras el doble asesinato y las muertes en venganza son un incómodo recordatorio de la historia de violencia racial del país.

En una declaración, la Asociación de Derechos Humanos de Guyana (GHRA) señaló que la “pesada atmósfera política ha penetrado en la sociedad al punto que la confianza del público en una investigación imparcial virtualmente no existe”.

En un llamado a la reconciliación racial, GHRA señaló que “ambos lados son rápidos para ver [los asesinatos] como una continuación de disturbios étnicos” anteriores y que la “saga electoral del país […] precipitó este trágico acontecimiento”.

Guyana, al borde una gran prosperidad económica gracias al descubrimiento de reservas de petróleo y gas, no puede tener la violencia con motivación racial que hubo en la década de 1960, cuando Estados Unidos tuvo un rol activo en mantener fuera del cargo al político indoguyanés Cheddi Jagan, con inclinaciones marxistas. Murieron cientos de personas y muchos salieron del país, lo que resultó en una fuga de cerebros masiva, e inestabilidad económica y social.

Las crecientes tensiones entre los dos mayores grupos étnicos del país se intensificaron en el régimen del Congreso Nacional Popular, encabezado por Forbes Burnham desde 1964 hasta su muerte, en 1985. Burnham usaba la violencia autorizada por el Estado para reprimir la disidencia. El ejemplo más infame fue el asesinato del activista político negro Walter Rodney, aunque los indoguyaneses sufrieron discriminación en esa época.

Las tensiones raciales reaparecieron a inicios de 2000 cuando más de 400 personas, la mayoría negras, murieron a manos de bandas de delincuentes relacionados con los dos principales partidos políticos y presuntamente con apoyo de las fuerzas de seguridad.

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