Hombre con su teléfono móvil en un fuerte en Omán. Foto vía Pikist, fotos para diseño con licencia libre.

Nota del editor: Este artículo es de Khalid Ibrahim, director ejecutivo del Centro del Golfo para Derechos Humanos (GCHR), organización sin fines de lucro que promueve la libertad de expresión, asociación y asambles pacífica en el Medio Oriente y el Norte de África.

Mientras el mundo sigue preocupado por las repercusiones del COVID-19, el Sultanato de Omán aprobó un nuevo decreto que aumenta el control de las autoridades sobre internet. Esto hará que a críticos y disidentes les sea más difícil transmitir información fundamental sin ponerse en riesgo adicional.

El 10 de junio, el sultán Haitham bin Tarik emitió el decreto 64 de 2020 que establecía el Centro de Ciberdefensa, como una división que viene después del Servicio de Seguridad Interna, conocido por su continua represión de libertades públicas, que incluyen la libertad de expresión en internet. El 14 de junio, la Gaceta Oficial 1345 publicó el método del trabajo de este centro, que contiene 11 artículos.

El sistema del Centro de Ciberdefensa otorga absoluto control al Servicio de Seguridad Interna de las redes de comunicación y sistemas de información en el país. El decreto convierte al jefe del Servicio de Seguridad Interna como el jefe del Centro de Ciberdefensa.

Da mayor autoridad al Centro de Ciberdefensa de importar hardware y software avanzada que bloquea sitios web o vigila de cerca la internet. El centro tiene la autoridades de supervisar cualquier red electrónica en el país, y también de aislarla ‘para abordar cualquier amenaza que puede perjudicar el sistema de seguridad nacional, la economía del sultanato, o sus relaciones internacionales y regionales’.

El nuevo decreto implica que el Servicio de Seguridad Interna controla totalmente los dispositivos y datos de todas las instituciones y grupos de la sociedad, y puede usar este control para ofrecer evidencia e información sobre activistas de internet que expresan opiniones contrarias al Gobierno en asuntos de interés público. Esto puede resultar en amenazas y prisión para los activistas de internet, y que se use el Poder Judicial contra ellos, en caso de ser necesario.

Omán tiene vigentes varias leyes imprecisas y amplias que criminalizan la expresión del desacuerdo y críticas a las autoridades o gobernantes del país.

Por ejemplo, el artículo 17 de la ley de ciberdelito prescribe sentencias entre un mes y tres años de prisión contra los condenados de usar tecnologías de la información y la comunicación para distribuir materiales que “podrían perjudicar o infringir la ética pública”. Aunque el artículo 19 sanciona con el mismo tiempo en prisión a quienes son declarados culpables de distribuir y poseer contenido que “podría perjudicar el orden público o los valores religiosos”.

El 19 de julio, la División Especial del Servicio de Seguridad Interna citó al activista de internet Ghazi Al-Awlaki a una estación policial en la gobernación de Dhofar como resultado de sus actividades pacíficas en medios sociales. Estuvo detenido hasta el 7 de septiembre, sin acceso a abogado ni a su familia.

El sistema del Centro de Ciberdefensa es un claro intento de legalizar represivo patrones de Omán. Esta peligrosa novedad, que viola los derechos digitales de todos los ciudadanos, incluidos activistas de internet omaníes, que pasó desapercibida y no ha recibido cobertura en varios medios.

El Gobierno en Omán debe derogar inmediatamente el decreto que establece el sistema del Centro de Ciberdefensa para preservar el espacio abierto para que los ciudadanos ejerzan su legítimo derecho a la libertad de expresión en internet. Las autoridades deben poner fin a todas las formas de represión contra otras opiniones en internet y fuera de línea.

La tarea de preservar internet y de convertirla en una herramienta que contribuya a construir un futuro próspero para que todos los ciudadanos debe confiarse a un grupo de académicos y tecnologistas independientes en cooperación con el Ministerio de Tecnología and Comunicaciones y otros entes civiles especializados en gobernabilidad de internet para que la misión de los servicios de seguridad se limite a abordar asuntos de naturaleza penal.