Señalan intereses económicos detrás de devastadores incendios en Argentina

Incendio en Delta del Paraná. Imagen del Ministerio de Ambiente, Wikimedia Commons, agosto de 2020.

Hace meses que los incendios forestales azotan el centro y norte de Argentina, donde ya son más de 400.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2020, una extensión equivalente a más de 560.000 canchas de fútbol. Según los últimos datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, trece de las veintitrés provincias se vieron afectadas, con la consecuente pérdida de ecosistemas naturales y biodiversidad.

Los primeros focos de incendio se registraron en el Delta del Río Paraná en febrero de 2020, y el fuego se extendió debido a una temporada especialmente seca. En agosto, este incendio llega a su punto más álgido, y comienza otro gran incendio en Córdoba, provincia del centro del país. Es entonces cuando llega la alarma a los medios y a la opinión pública.

En este momento, el Estado Nacional reúne esfuerzos para apoyar a las provincias incendiadas con dotaciones de brigadas y equipamiento para combatir el fuego. También enviaron ayuda desde otras provincias del país.

El factor humano, particularmente la deforestación intencional, se considera la principal causa de la mayoría de los incendios, según declaró el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental al medio argentino Chequeado:

Imagen satelital de incendios en la provincia de Córdoba. Foto de NASA FIRMS, Wikimedia Commons. Septiembre 2020.

En el Delta [del río Paraná], creemos que la mayoría o la totalidad fueron provocados, no casuales ni accidentales. Inferimos que la motivación fue la limpieza de terrenos para la producción ganadera o agrícola; por eso el ministro [de Ambiente] Juan Cabandié se presentó como querellante ante la Justicia.

Por supuesto, los factores climáticos (altas temperaturas, vientos fuertes y sequías extremas) también contribuyen a agravar la situación, con incendios que están fuera de control, familias evacuadas y el fuego cada vez más cerca de los centros urbanos.

Las imágenes de los incendios que se compartieron desde la ciudad de Córdoba y otras localidades conmovieron e indignaron a la opinión pública, y cada vez se hicieron más frecuentes los informes que apuntan a los intereses económicos detrás de los incendios que buscan establecer agronegocios y proyectos inmobiliarios en las zonas protegidas y los bosques nativos arrasados por el fuego. Entre las causas también señalan el manejo irresponsable de las llamadas “quemas controladas” de pastizales. La profesora en filosofía Constanza San Pedro y la activista Clarisa Mensa escribieron en un medio local:

Necesitamos construir políticas a largo plazo, con las familias campesinas e indígenas, que tengan por objetivo el arraigo, el desarrollo y el buen vivir de la población en armonía con el medio ambiente.

En Twitter y otras redes sociales, la indignación y la tristeza ante la destrucción de los ecosistemas se expresa a través de dolorosas imágenes y con las etiquetas #ArgentinaEnLlamas, #ApaguenElFuego#BastaDeQuemas y #LeydeHumedalesYA, entre otras.

Si bien existe una Ley de Bosques desde 2007, con la que se establece la creación de un Fondo Nacional para financiar la conservación de bosques nativos, varios informes indicaron que no se estaba cumpliendo correctamente. Por eso, diferentes partidos políticos, organizaciones y activistas tratan de impulsar leyes más específicas que prohíban la venta de zonas incendiadas, con el fin de desalentar los incendios intencionales.

Durante los últimos meses, se presentaron trece proyectos de ley de protección de humedales, pensados principalmente para la zona del Delta del Paraná. Se espera que la presión social finalmente logre agilizar el tratamiento de esta ley antes de que sea demasiado tarde.

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