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Señalan intereses económicos detrás de devastadores incendios en Argentina

Categorías: Argentina, Ambiente, Desastres, Medios ciudadanos

Incendio en Delta del Paraná. Imagen del Ministerio de Ambiente, Wikimedia Commons [1], agosto de 2020.

Hace meses que los incendios forestales azotan el centro y norte de Argentina, donde ya son más de 400.000 hectáreas [2] quemadas en lo que va de 2020, una extensión equivalente a más de 560.000 canchas de fútbol [3]. Según los últimos datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, trece de las veintitrés provincias se vieron afectadas [4], con la consecuente pérdida de ecosistemas naturales y biodiversidad.

Los primeros focos de incendio se registraron en el Delta del Río Paraná [5] en febrero de 2020, y el fuego se extendió debido a una temporada especialmente seca. En agosto, este incendio llega a su punto más álgido, y comienza otro gran incendio en Córdoba [6], provincia del centro del país. Es entonces cuando llega la alarma a los medios y a la opinión pública.

En este momento, el Estado Nacional reúne esfuerzos para apoyar a las provincias incendiadas con dotaciones de brigadas y equipamiento [7] para combatir el fuego. También enviaron ayuda desde otras provincias [8] del país.

El factor humano, particularmente la deforestación intencional [9], se considera la principal causa de la mayoría de los incendios, según declaró el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental al medio argentino Chequeado [10]:

Imagen satelital de incendios en la provincia de Córdoba. Foto de NASA FIRMS, Wikimedia Commons [11]. Septiembre 2020.

En el Delta [del río Paraná [12]], creemos que la mayoría o la totalidad fueron provocados, no casuales ni accidentales. Inferimos que la motivación fue la limpieza de terrenos para la producción ganadera o agrícola; por eso el ministro [de Ambiente] Juan Cabandié se presentó como querellante ante la Justicia.

Por supuesto, los factores climáticos [13] (altas temperaturas, vientos fuertes [14] y sequías extremas [15]) también contribuyen a agravar la situación, con incendios [16] que están fuera de control, familias evacuadas [17] y el fuego cada vez más cerca [18] de los centros urbanos.

Las imágenes de los incendios [19] que se compartieron desde la ciudad de Córdoba y otras localidades conmovieron e indignaron a la opinión pública, y cada vez se hicieron más frecuentes los informes [20] que apuntan a los intereses económicos [21] detrás de los incendios que buscan establecer agronegocios y proyectos inmobiliarios en las zonas protegidas y los bosques nativos arrasados por el fuego. Entre las causas también señalan el manejo irresponsable [22] de las llamadas «quemas controladas» de pastizales. La profesora en filosofía Constanza San Pedro y la activista Clarisa Mensa escribieron en un medio local [20]:

Necesitamos construir políticas a largo plazo, con las familias campesinas e indígenas, que tengan por objetivo el arraigo, el desarrollo y el buen vivir de la población en armonía con el medio ambiente.

En Twitter y otras redes sociales, la indignación y la tristeza ante la destrucción de los ecosistemas se expresa a través de dolorosas imágenes y con las etiquetas #ArgentinaEnLlamas [23], #ApaguenElFuego [24]#BastaDeQuemas [25] y #LeydeHumedalesYA [26], entre otras.

Si bien existe una Ley de Bosques [40] desde 2007, con la que se establece la creación de un Fondo Nacional para financiar la conservación de bosques nativos, varios informes [41] indicaron que no se estaba cumpliendo [42] correctamente. Por eso, diferentes partidos políticos, organizaciones y activistas tratan de impulsar leyes más específicas que prohíban la venta de zonas incendiadas [43], con el fin de desalentar los incendios intencionales.

Durante los últimos meses, se presentaron trece proyectos de ley [44] de protección de humedales, pensados principalmente para la zona del Delta del Paraná [12]. Se espera que la presión social [45] finalmente logre agilizar el tratamiento de esta ley antes de que sea demasiado tarde.