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Ciudadanía por inversión en el Caribe: ¿Auge económico o campo minado de la diplomacia?

Categorías: Caribe, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Derecho, Desarrollo, Economía y negocios, Gobernabilidad, Medio ambiente, Medios ciudadanos, Migración e inmigración, Periodismo y medios, Política, Viajes
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El Caribe desde un avión. Foto [1] de Vilseskogen [2] en Flickr (CC BY-NC 2.0 [3]).

Los programas de ciudadanía a cambio de inversiones, dirigidas a reactivar las economías que viven del turismo, están resultando un problema para algunos países caribeños.

La pandemia de COVID-19 [4] ha atestado un fuerte golpe a las vulnerables economías del Caribe, muy dependientes del turismo. Según ciertas previsiones [5], a la región le costará mucho tiempo [6] recuperarse de la pérdida de visitantes. A pesar de los insistentes esfuerzos por atraer turistas para la próxima temporada de fin de año, las cifras de nuevos casos de COVID y de muertes causadas por esta enfermedad en algunas islas siguen aumentado [7], y hay una gran incertidumbre [8] entre los empresarios.

El llamado “pasaporte de oro” —conocido como ciudadanía por inversión, CBI— ofrece a los visitantes ricos la oportunidad de viajar con libertad por unos 149 países. En un momento en el que aumentan las restricciones para visados y las que impone el COVID-19, una segunda ciudadanía parece una opción aconsejable [9]: seguridad en tiempos inseguros. Según un agente de ciudadanía, el negocio florece [10]: las solicitudes de un segundo pasaporte se han incrementado en un 42 % desde 2019.

Como miembros pequeños pero bien establecidos del sector CBI [11], que mueve unos 25 000 millones de dólares estadounidenses [12] al año, cinco países caribeños [13] —Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada y Santa Lucía —, esperan beneficiarse del repunte. Todos ofrecen planes CBI libres de impuestos a cambio de inversiones en propiedades o donaciones en efectivo, sin obligación de vivir en el país.

Medidas drásticas para tiempos desesperados

Se trata de una estrategia innovadora [14] para mantenerse a flote y quizás conseguir algo de recuperación económica. Un segundo pasaporte puede costar entre 100 000 y 300 000 dólares por persona. Las solicitudes se llegan a procesar hasta en apenas tres meses.

El país insular de San Cristóbal y Nieves, fue el primero del mundo que adoptó el sistema CBI [15]. Hoy, su programa ofrece un descuento por COVID-19 [16] a familias de cuatro miembros hasta el 31 de diciembre de 2020. El plan de San Cristóbal y Nieves, junto con el de Granada, está entre los cinco mejor valorados del mundo, según la revista Forbes [17].

El sistema de Granada parece mejor equilibrado. Hermanos, padres y abuelos pueden incluirse en las solicitudes CBI de la isla, y los ciudadanos granadinos pueden también establecer negocios en Estados Unidos por medio de un visado de trabajo E-2, gracias a un tratado de inversión [18] firmado por el presidente Ronald Reagan en 1983, año de la invasión de Granada [19].

Estados Unidos no es el único objetivo

Cuando los ricos “huyen [20]” del COVID-19, y en el caso de algunos estadounidenses, de la incertidumbre en su país, la ciudadanía no es la única ventaja que se les ofrece. Residencias de trabajo a distancia, como el visado “Welcome Stamp [21]” (sello de bienvenida) de Barbados —que supuestamente recaudó [22] un millón de dólares en solo dos meses— también están resultando muy fructíferas.

Los programas CBI también están atrayendo el interés de africanos ricos [23]. Granada, por ejemplo, ha hecho un llamado a nigerianos [24] acomodados que han sufrido las incertidumbres del mercado provocadas por el COVID-19, la disminución de los precios del petróleo y la devaluación de divisas.

¿Ayuda o daño?

Dominica, con una población de solo 71 000 habitantes, estableció su programa CBI en 1993. Después de quedar casi completamente destruida [25] por el huracán María [26] en 2017, la isla puso sus esperanzas en reconstruir infraestructuras y servicios esenciales con fondos procedentes de los programas CBI. Desde entonces, su Gobierno ha construido [27] una red de clínicas y un nuevo hospital.

Entre otras opciones de inversión, la Unidad de Ciudadanía por Inversión [28] de la vecina Antigua y Barbuda acepta donaciones para el cuarto campus [29] de la universidad de West Indies recién inaugurado en Antigua. Muchas islas ofrecen opciones similares: San Cristóbal y Nieves agradece donaciones a una fundación gubernamental [30] dedicada a ayudar a trabajadores desplazados de la industria azucarera.

En Granada, donde se inició el programa [31] en 2013 junto al National Transformation Fund [32], los solicitantes del CBI pueden invertir en cualquier nuevo proyecto aprobado [33] del sector turístico, incluidos tres controvertidos proyectos desarrollados a toda prisa que plantean serias dudas [34] sobre su impacto ambiental [35] y su desacato a la forma adecuada de proceder. Ahora que se ha lanzado una petición [36] para protestar por estos proyectos, los ciudadanos caribeños comienzan a darse cuenta de que los programas CBI no siempre son convenientes para ellos [37].

¿Quién invierte?

Una gráfica [38] en el sitio web de CBI [28] de Antigua y Barbuda muestra que aproximadamente un tercio de las solicitudes de ciudadanía recibidas por su programa desde su inicio hasta el 31 de diciembre de 2019, procedían de China. También hay cifras considerables de Líbano, Siria, Rusia, Libia y Bangladés.

San Cristóbal y Nieves, por ejemplo, no acepta [39] clientes de Irán ni Afganistán, pero los agentes dicen que hay una gran demanda de programas CBI en Medio Oriente y Asia. Una empresa de inmigración radicada en Medio Oriente comentó [40] el extraordinario aumento de interés desde el comienzo de la pandemia:

COVID-19 has triggered a sense of urgency, especially amongst those with restrictive nationalities who live in unstable countries […] Millions have lost their jobs or simply cannot sustain themselves in their countries of residence following steep salary reductions and indefinite unpaid leave. People are actively, more than we’ve ever seen, looking into options. Fast Citizenship [programmes] of the Caribbean Community have been popular in the Middle East. St Kitts and Nevis, Commonwealth of Dominica, Grenada, St Lucia and Antigua and Barbuda have been the stars of the citizenship by investment industry for a long time.

El COVID-19 ha causado un sentido de urgencia, sobre todo entre la gente con nacionalidades restrictivas que viven en países inestables (…). Millones han perdido sus trabajos, o simplemente no pueden mantenerse en sus países de residencia tras las severas reducciones de salario y las bajas indefinidas sin remuneración. La gente está buscando activamente otras opciones, más de lo que hemos visto jamás. Los programas rápidos de ciudadanía de la comunidad caribeña han sido populares en Medio Oriente. San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, la Mancomunidad de Dominica, Granada y Santa Lucía son las estrellas del sector de la ciudadanía por inversión desde hace tiempo.

El lado oscuro de la iniciativa

Antes de la propagación del COVID-19 en noviembre de 2019, Al Jazeera publicó un reportaje de investigación en cuatro partes [41] sobre planes de segundos pasaportes. Se titulaba “Diplomáticos en venta”, y se centraba específicamente en los solicitantes de Dominica, Granada y Santa Lucía, y resultó extremadamente embarazoso [42] para algunos políticos, ya que el informe expuso [43] “cómo se venden y compran pasaportes diplomáticos en el mercado abierto y cómo los extranjeros adinerados han conseguido convertirse en embajadores de países caribeños”.

Como resultado de estas alarmantes afirmaciones, cuando se plantearon preguntas sobre transparencia en Santa Lucía y en San Cristóbal y Nieves, el presidente [44] y el primer ministro [45] respectivos, defendieron resueltamente sus programas, y no fueron los únicos. Antigua y Barbuda informó [46] que el pago por un seguro para la esposa del primer ministro y el alojamiento y manutención del boxeador Mike Tyson contaron como gastos a pagar con los fondos recaudados con el programa de inversiones.

No obstante, el partido opositor de Granada expresó su preocupación [47] por las presuntas prácticas corruptas del programa CBI de la isla.

Un blog dedicado a delitos financieros calificó el tema como alarmante [48], y explicó cómo los delincuentes ocultan sus identidades por medio de esta iniciativa de inversión:

Money launderers, career while-collar criminals, terrorist financiers and intelligence agents have been, of late, using what we call the 2-step CBI technique to effectively conceal their true identity from compliance officers conducting due diligence inquiries at account opening, or law enforcement agents investigating financial crime. It appears to be a nearly foolproof tactic for those who must present an alias that cannot be broken, which then enables them to operate with impunity in the financial sector.

Blanqueadores de dinero, delincuentes de guante blanco, financistas del terrorismo y agentes de inteligencia han estado usando últimamente lo que llamamos la “técnica CBI en dos pasos” para esconder eficazmente su verdadera identidad de los agentes de vigilancia que realizan las verificaciones al abrir una cuenta, o a los policías que investigan los delitos financieros. Parece haber una táctica casi infalible con la que consiguen una identidad falsa imposible de detectar, lo que les permite operar con impunidad en el sector financiero.

¿Son suficientes los controles y compensaciones previstos?

No está claro si los solicitantes de estos “pasaportes de oro” han sido debidamente investigados. Un magnate indio de los diamantes que había obtenido la ciudadanía en Antigua y Barbuda resultó ser un fugitivo buscado [49] por fraude bancario.

También surgieron dudas sobre un recién estrenado ciudadano de Antigua y Barbuda, el presidente de Bitcoin.com, Roger Ver [50]. Tras la reciente aprobación en el país de la ley de activos digitales [51] —y a pesar de los problemas legales que lo acosan—, Ver está estableciendo vínculos comerciales con el Gobierno del país, que generó que un reportaje conjeturase [52] que “tiene la intención de retirarse a jurisdicciones como Antigua, donde cree que podrá seguir operando globalmente con impunidad”.

En su informe de 2014 sobre los planes CBI en el Caribe, el Consejo Caribeño concluye [53]:

In their desire to create new sources of income, Caribbean nations are understandably anxious to create new revenue sources. However, if economic citizenship, without any significant residence requirement or the most detailed and exhaustive of checks, were to be proved to have facilitated criminality, money laundering or at worst terrorism, the measure will not only have become self-defeating for the country concerned, but also potentially damaging to the region as a whole.

En su deseo de crear nuevas fuentes de ingresos, los países caribeños están comprensiblemente ansiosos por crear nuevas fuentes de financiación. No obstante, si se demostrara que la ciudadanía económica sin ninguna exigencia significativa de residencia, o el más detallado y exhaustivo de los controles, facilita la criminalidad, el blanqueo de dinero o en el peor de los casos, el terrorismo, la medida no solo se convertiría en una autoderrota para el país afectado, sino también en algo potencialmente dañino para toda la región.