Tras 15 meses de gestión, parece que el presidente Nayib Bukele –político de 37 años que puso fin a un sistema bipartidario– está cumpliendo su promesa de reducir el legado de violencia y los homicidios en El Salvador. Desde que asumió el cargo, El Salvador ha tenido el menor índice de homicidios desde 2015, el año más letal en el El Salvador recientemente. Pero las hipótesis y análisis de cómo se han reducido las estadísticas son objeto de mucho debate en el país.
El presidente Nayib Bukele atribuye el éxito de su «plan de control territorial«. De otro lado, algunos analistas, periodistas y la oposición política cree que Bukele tiene una tregua secreta con las pandillas para reducir los homicidios y ganar votos en las próximas elecciones parlamentarías de febrero de 2021, como informó el diario El Faro.
El plan de control territorial de Bukele consiste de siete fases que se implementarán durante su periodo en el cargo. Las primera tres fases se refieren a aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, modernizar los equipos de la Policía y actividades de prevención para jóvenes en riesgo. El costo estimado de las tres fases iniciales del plan de seguridad es de 575 millones de dólares estadounidenses. Hacia inicios de octubre, solamente se han implementado la fase uno y parte de la fase dos. la falta de financiamiento está retrasando la implementación de la fase tres.
La fase uno del plan de seguridad buscar «recuperar el control» del territorio controlado por pandillas. Para lograrlo, el Gobierno desplegó grandes cantidades de soldados para ayudar a la Policía Nacional con la seguridad y trasladó a principales miembros de pandillas a prisiones separadas, mezclaron a pandillas rivales en las mismas celdas y retiró todos los teléfonos de las cárceles.
Autoridades de @CentrosPenales trasladaron a varios reos de alta peligrosidad a cárceles con mayor rigurosidad, con el objetivo que no sigan ordenando delitos. Esta acción es parte del #PlanControlTerritorial implementado por el gobierno, informa @SeguridadSV_. Fotos cortesía. pic.twitter.com/a2yDzCfpaj
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) June 21, 2019
Sofía Martínez, consultora en seguridad de América Central, cuestionó las tácticas usadas por el presidente Bukele, que ya fueron implementadas por presidentes anteriores de 2003 a 2018. Ninguna ha dado resultados positivos.
El diario digital de investigación El Faro informó el 3 de septiembre que la gestión de Bukele había negociado secretamente con la mayor pandilla de El Salvador, MS-13, para reducir la cantidad de homicidio y recibir apoyo electoral. MS-13 es tal vez la más conocida y tal vez más violenta pandilla callejera en el continente. La pandilla está firmemente establecida en los 14 departamentos de El Salvador, en zonas urbanas y rurales.
El Faro afirma que tienen cientos de páginas, como informes y listas de registro de prisiones de máxima seguridad como evidencia. El Faro escribió:
The documents reveal negotiations between the Salvadoran administration and incarcerated leaders of MS-13 dating back to June of 2019, when President Bukele took office.
Los documentos revelan negociaciones entre el Gobierno salvadoreño y líderes en prisión del MS-13 que datan de junio de 2019, cuando el presidente Bukele asumió el cargo.
El Faro afirma que a cabio de reducir los homicidios y recibir apoyo electoral en las próximas elecciones, el MS-13 recibiría pequeños privilegies en prisión, como pollo frito, pizza, dulces y pupusas en los bloques de sus celdas y se retiraría a los guardias de prisión agresivos. También estarían en juego mayores beneficios, como retirar la decisión de mezclar pandillas rivales en la misma celda y «hasta promesas de flexibilizar el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los miembros de pandillas ‘beneficios si el Gobierno puede tomar control de la Asamblea Legislativa en las elecciones de febrero de 2021″, según El Faro.
La gestión de Bukele respondió rápidamente en Twitter las afirmaciones de El Faro y las ridiculizó. Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de centros penales, llevó a los reporteros a las tres prisiones mencionadas por El Faro para mostrar que los reclusos no tenían beneficio algunos y que pandillas rivales estaban alojadas en la misma celda.
El informe de El Faro no es el primero de su tipo en indicar la presunta tregua entre el Gobierno y las pandillas. El Grupo Internacional de Crisis escribió un artículo el 8 de julio que cuestionaba si la reducción de la violencia era un «milagro o un espejismo».
El 1 de octubre InSightCrime publicó una investigación sobre Bukele y las pandillas que data de cuando era alcalde de San Salvador, la capital del país. La investigación de InSightCrime se centra en la rehabilitación del Distrito Histórico de San Salvador. InSightCrime afirma que Buekele logró esa rehabilitación debido a negociaciones secretas con pandillas de la zona.
El presidente Bukele ha seguido criticando y ridiculizando a El Faro y otros medios por las denuncias a su gestión. Estas críticas de El Faro y otros medios han generado preocupación entre periodistas y observadores internacionales sobre libertad de prensa en El Salvador. Periodistas latinoamericanos pidieron a la CIDH que actuara sobre los ataques del presidente en El Salvador en el contexto de la calumnia de El Faro.
El presidente Nayib Bukele negó las acusaciones de que está atacando a la prensa:
Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad.
En 2012, el gobierno del expresidente Mauricio Funes adoptó una tregua secreta para reducir el índice de homicidios con las dos principales pandillas salvadoreñas, MS-13 y Barrio 18. Las muertes disminuyeron en 2012 y 2013, pero cuando la tregua acabó, la cantidad de homicidios aumentó al duro índice de 2015, con 18.2 asesinatos diarios.
El periodista Oscar Martínez teme que esto podría volver a ocurrir ahora si hubiera una tregua secreta entre el Gobierno y las pandillas. Exhorta al presidente a negociar abiertamente con las pandillas para restablecer la paz en la sociedad. Sin embargo, Martínez puede estar en una minoría, pues la mayoría de la población se opone a negociaciones con pandillas, ya sean secretas o públicas, según encuestas que datan de 2014. Los encuestados afirmaron que esas negociaciones dan legitimidad a despiadadas organizaciones criminales.
Poco después de que se hicieron públicas las acusaciones de El Faro, Raúl Melara, fiscal general de El Salvador, inició una investigación de las presuntas negociaciones secretas.