Mphatso Gumulira, de 15 años, con su hijo Zayitwa en el hospital Queen Elizabeth en Blantyre, Malaui. Foto vía DFID/Flickr (CC BY 2.0).

Nota del editor: Este artículo fue escrito por Kondwani Magombo como parte del proyecto PROTECT, financiado por el Gobierno del Reino Unido para ARTICLE 19. Se publica aquí en virtud de un acuerdo de asociación de contenido.

Cuando Jazira Afiya, de 27 años y madre de tres hijos, votó en la repetición de las elecciones presidenciales de Malaui en junio, lo hizo con un deseo: que el gobierno entrante llevara los servicios de salud a donde vive.

Afiya vive en Kanyenga, remota aldea del turístico distrito lacustre de Mangochi. La estructura sanitaria más cercana está a unos 40 km, así que la manera más fácil de llegar es en mototaxi; el viaje ida y vuelta sale a unos 6000 kwacha (unos 8 dólares estadounidenses), precio demasiado alto para los agricultores como ella.

El salario mínimo diario en Malaui es de 1346 kwacha (1.80 dólares estadounidenses), lo que hace que el viaje en mototaxi equivalga a cinco días de sueldo.

Los habitantes de Kanyenga están muy familiarizados con los enfermos que mueren camino al hospital, o con las embarazadas que dan a luz durante el viaje y que, a veces, pierden el bebé en el proceso.

Afiya fue una de las que se pusieron de parto durante el viaje y luchó por llegar al hospital a tiempo.

“Busqué en el pueblo una moto para alquilar, pero no encontré ninguna», dijo a ARTICLE 19. «A eso de las 3 de la madrugada di a luz a mi pequeño en casa con la ayuda de vecinas».

“A la mañana siguiente, conseguí alquilar una moto, y cuando llegué al hospital, me dijeron que el bebé sufría neumonía grave, aparentemente debido a la exposición al frío durante el viaje. Así perdí mi pequeño», explicó Afiya a ARTICLE 19.

El acceso a los servicios sanitarios es una lucha para la mayoría de los malauíes y, en particular, para el 84 % de la población que vive en las zonas rurales. Al centro de esta enorme brecha están las mujeres y los niños que requieren servicios especiales como atención prenatal, atención materna y atención a los menores de cinco años.

El II Plan Estratégico del Sector Sanitario (2017-2022) afirma que «el 56 % de las malauíes adultas siguen mencionando la distancia a las estructuras sanitarias como una barrera clave al acceso a la atención sanitaria». La capacidad de recursos humanos del sistema de salud es débil y hay una tasa promedio de vacantes del 67 % para puestos clínicos, de enfermería y técnicos claves.

La situación está muy por debajo de los objetivos malauíes e internacionales. La Constitución del país se compromete a «proporcionar una atención sanitaria adecuada, acorde a las necesidades sanitarias de la sociedad malauí y las normas internacionales de atención sanitaria».

Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud tienen como objetivo la Cobertura Universal Sanitaria para 2030.

Debido a esos problemas, los servicios sanitarios se convirtieron en un tema central de la campaña en las recientes elecciones. El nuevo gobierno de la Alianza Tonse fue elegido con diversas promesas, como prestar servicios de salud esenciales en el país.

Mientras Afiya y sus vecinos esperan que el Gobierno cumpla sus promesas, las organizaciones de la sociedad civil del país están atendiendo los llamados de la comunidad local y exigiendo que se actúe.

“Mediante el Foro Nacional de Promoción, hacemos nuestras presentaciones al Gobierno sobre los problemas que afectan los derechos de las personas», explica Emma Kaliya, activista de género y directora ejecutiva del Centro de Recursos de Derechos Humanos de Malaui (MHRRC). Hemos presentado nuestro manifiesto al presidente en relación con el acceso a la atención sanitaria esencial para las mujeres y los niños».

Kaliya está pidiendo al Gobierno que introduzca urgentemente clínicas móviles para acceder a las zonas remotas y de difícil acceso, como el pueblo de Kanyenga.

“Las cuestiones en torno a la salud maternal e infantil deben ser prioritarias para ayudar a reducir los índices de mortalidad y morbilidad que siguen siendo muy elevados», dice la defensora de la atención sanitaria Dorothy Ngoma quien hasta 2018 presidía de la Organización Nacional de Enfermeras y Comadronas de Malaui.

Ngoma quiere que el Gobierno construya más «hogares de espera» para las madres y unidades de maternidad, y que contrate más enfermeras, médicos y demás personal sanitario.

“Me gustaría decir al nuevo gobierno que tanto la sociedad civil como los malauíes están observando y no aceptarán nada menos», dijo a ARTICLE 19.

El Gobierno dice que seguirá trabajando para resolver esos problemas, valorando las intervenciones y los recursos disponibles para las personas, especialmente para quienes viven en zonas rurales.

El doctor Charles Mwansambo del Ministerio de Salud de Malawi dijo ARTICLE 19: «Hemos desarrollado un plan que, entre otras cosas, prioriza la construcción de estructuras sanitarias en zonas remotas e inaccesibles para mejorar el acceso a los servicios sanitarios esenciales de todos los malauíes. Sin embargo, los recursos en dotación son limitados y, por eso solamente podemos avanzar a un ritmo más lento del deseable. Por tal motivo, el Ministerio también está trabajando en la movilización de más recursos de asociados locales e internacionales para que podamos construir más instalaciones».

Con la presión sobre los servicios sanitarios durante la pandemia, ha surgido otro grave problema: un aumento de embarazos y bodas infantiles. El distrito de Mangochi registró cerca de 7400 embarazos de adolescentes de enero a junio de este año, más de mil más en comparación con el mismo periodo de 2019.

Ngoma teme otras posibles complicaciones, ya que muchos pueden optar por abortar, lo que es legal en Malaui solo en los casos en que la vida de la mujer corre peligro.

“Debemos estar preparados para prestar servicio posaborto a las chicas embarazadas, tendremos que apoyar a los padres cuyas hijas se han visto afectadas», dijo.