Grupos de derechos se movilizan en Túnez contra proyecto de ley de protección policial

Un policía patea a un protestante durante una manifestación contra el proyecto de ley de protección policial el 6 de octubre. Crédito de la imagen: Nawat, utilizada con permiso.

Mientras el Parlamento tunecino consideraba un controvertido proyecto de ley de protección policial, estallaron protestas en su contra en la ciudad de Bardo. El 6 y el 8 de octubre, grupos de derechos humanos y el movimiento ciudadano juvenil Hasebhom (traducido como “pedirles cuentas”), manifestaron en el exterior del Parlamento contra esa ley que, de aprobarse, concedería inmunidad a las fuerzas de seguridad frente al enjuiciamiento por su uso de fuerza letal innecesaria.

La decisión del Parlamento de celebrar una sesión plenaria para discutir el proyecto de ley, semanas antes del décimo aniversario de la revolución que acabó con la dictadura de Ben Ali, recibió críticas de grupos y activistas de derechos humanos que se han opuesto al proyecto desde que se presentó al Parlamento en 2015.

Mientras los activistas se movilizaron, se convirtieron en blanco de la Policía tanto en línea como fuera de línea. Estos ataques a la libertad de manifestación y de expresión son alarmantes y confirman la preocupación de las organizaciones de derechos humanos por las graves violaciones de derechos y los vacíos persistentes en la protección jurídica de derechos que amenazan los avances de Túnez en la protección de los derechos humanos desde la revolución de 2011.

Mientras tanto, el 8 de octubre el Parlamento anunció que aplazará la discusión sobre el proyecto de ley, mientras los activistas siguen decididos a retirarlo completamente.

Una “amenaza” a los derechos y libertades

La última versión del proyecto legislativo n° 25/2015 sobre el enjuiciamiento a las Fuerzas Armadas por abusos tiene diversas mejoras con respecto a la versión inicial, presentada al Parlamento el 13 de abril 2015. Por ejemplo, la versión anterior preveía sanciones penales contra los discursos considerados “denigrantes” hacía la Policía.

Sin embargo, los cambios introducidos en esta nueva versión no han acallado las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos.

El 6 de octubre, más de 20 organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración conjunta y lanzaron la campaña “Un preocupante retorno parlamentario”, en la que se instaba al Parlamento a rechazar el proyecto de ley, junto con otros que planteaban problemas de derechos, incluido un proyecto de ley sobre el estado de emergencia y proyectos de enmienda del decreto que regula los medios de difusión. Según la declaración, el proyecto “sigue representando una amenaza a los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pese a las enmiendas que se han incluido”.

Esta ley viola el artículo 21 de la Constitución tunecina de 2014, que establece que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin discriminación alguna”. El artículo 7 de la ley, que brinda a las fuerzas de seguridad inmunidad frente al enjuiciamiento por el uso de fuerza letal innecesaria contra los ciudadanos en situaciones consideradas “peligrosas”, es contrario a los acuerdos internacionales de Túnez sobre derechos humanos, en particular en lo que respecta al respeto del derecho a la vida y la lucha contra la impunidad.

En una declaración de Amnistía Internacional, la directora regional adjunta para Medio Oriente y Norte de África, Emna Guellali, dijo:

Time and time again, Tunisian and international civil society organizations have fought against this bill, warning of the detrimental impact it would have on the rule of law. If adopted, this draft law would reinforce the culture of impunity and send an alarming message to the security forces that they have the green light to use force as they see fit without worrying about being held accountable.

Una y otra vez, organizaciones de la sociedad civil tunecinas e internacionales se han enfrentado a este proyecto de ley, advierten de los efectos perjudiciales que tendría sobre el estado de derecho. De ser aprobada, esta ley reforzaría la cultura de impunidad imperante y transmitiría a las fuerzas de seguridad el alarmante mensaje de que tienen luz verde para usar la fuerza cuando lo consideren oportuno sin preocuparse de tener que rendir cuentas.

Los sindicatos de las fuerzas de seguridad citan el aumento de amenazas terroristas en Túnez posrevolucionario para presionar al Parlamento para que apruebe la ley. Sin embargo, hay muchas leyes y decretos que regulan o protegen la labor de seguridad y sancionan severamente los actos delictivos dirigidos contras las fuerzas de seguridad.

Manifestantes y activistas son el blanco

Durante la manifestación del 6 de octubre, los manifestantes levantaron carteles y lemas contra la violencia e impunidad policial, mientras que los miembros del grupo LGBT, Damy y Outcasts, estuvieron presentes para denunciar violencia policial contra las personas LGBTQI+.

Las imágenes y los testimonios difundidos por periodistas ciudadanos y el medio ciudadano Nawaat, mostraron que la Policía agredió físicamente a los manifestantes. Cuatro estuvieron detenidos en la comisaría de Bardo durante tres horas y se les negó el acceso a los abogados, lo que constituye una flagrante violación de sus derechos en virtud de la legislación tunecina. Algunos diputados, que apoyaron a los manifestantes, también fueron agredidos, como Yassine Ayari, que habló del ataque en un programa de radio local.

Global Voices habló con Asrar Ben Jouira, una de los activistas detenidos, coordinadora de la campaña Hasebhom e integrante de la Liga Tunecina de Derechos Humanos. Jouira dijo que fue objeto y también testigo de agresiones verbales y físicas por parte de la Policía, en uniforme y encubiertos; dijo que un policía la acosó sexualmente, que le tocó el pecho y que otras manifestantes les tocó los glúteos y las acosó verbalmente. Además, informó que los policías utilizaron sus propios teléfonos móviles para grabarla a ella y a otras manifestantes, pese a que había técnicos de la Policía que utilizaban cámaras profesionales.

Cuando supo que dos activistas estaban detenidas, fue a la comisaría de Bardo para comprobar que estaban bien y que tuvieran abogados. Un policía la condujo a la comisaría y hizo creer que podría ver a los activistas, pero rápidamente cerró la puerta y le informó que también sería detenida por “disturbios”. Le explicó que habían visto su cara en una grabación hecha durante la protesta.

Otro policía le mostró una publicación en la página Hasebhom de Facebook que tradujo el proyecto de ley del árabe estándar legal al dialecto tunecino, y le dijo: “Sabemos que lo escribiste tú”.

Asrar y los otros detenidos fueron liberados tras la intervención de varios diputados.

Atacan a activistas por sus posturas en línea

El 6 de octubre, Al Bawsala y otros grupos de la sociedad civil organizaron una transmisión en directo en Facebook para denunciar proyectos de ley que amenazan los derechos humanos. Yosra Frawes de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD) denunció a los sindicados policiales por sus “prácticas ilegales” como “organizar campañas coordinadas de acoso en las redes sociales contra ciudadanos y discursos de odio basados en la identidad de género”.

El 7 de octubre, la activista Myriam Bribri recibió una citación policial por sus publicaciones críticas sobre el proyecto de ley. Luego, un fiscal general la acusó de “insultar a otros en las redes sociales”. Quedó libre a la espera del juicio que se celebrará el 14 de diciembre. Además, fue blanco de ataques en redes sociales. En una declaración de apoyo a la activista, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) dijo:

This summons comes after she was systematically harassed whether through her page on social media or threatening phone calls coming from personal and administrative phone numbers of police union members.

Esta citación llega después de que la acosaron sistemáticamente, ya sea a través de su página en medios sociales o de llamadas telefónicas amenazantes procedentes de números de teléfono, personales y administrativos, de miembros del sindicato de la Policía.

El abuso del poder por parte de la Policía y de las fuerzas de seguridad sigue siendo un grave problema en Túnez, ya que sigue todavía en estado de emergencia continuo desde noviembre de 2015, periodo caracterizado por el enjuiciamiento penal de los discursos pacíficos en línea y fuera de línea, ataques contra periodistas, detenciones arbitrarias por parte de la Policía y numerosos casos de brutalidad y torturas a mano de la Policía.

Mientras Hasebhom organizaba la segunda protesta el 8 de octubre, el Parlamento terminó su sesión plenaria sin debatir el proyecto de ley, y aplazó su aprobación hasta una fecha indeterminada, como ocurrió en 2017.

Los activistas celebraron esa pequeña victoria, pero no descansarán hasta que el proyecto de ley no sea retirado o rechazado. Mientras la sociedad civil sigue luchando contra el proyecto de ley de la protección policial, las autoridades tunecinas deben respetar el derecho a la protesta pacífica y evitar las detenciones arbitrarias incluso bajo este perenne estado de emergencia.

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