Ocupación venezolana bajo amenaza de desalojo en Brasil

En medio de la pandemia, los militares anuncian que los migrantes deben abandonar la comunidad “Ka'Ubanoko” antes del 28 de octubre | Foto: Bruno Mancinelle/Amazônia Real)

Este texto es de Tainá Aragão y se reproduce aquí por un acuerdo entre Global Voices y la agencia Amazônia Real.

“Tengo poca leche y recuerdo que no podía preparar comida para mi bebé recién nacido en el refugio. Pedí permiso para calentar el agua y me lo negaron. Así que iba a la calle a las 6 en punto, poco después de dar a luz, para pedirle a la gente que hirviera un poco de agua para que mi hijo pudiera comer”.

El recuerdo es de Yidri Torrealba, venezolana que emigró a Boa Vista, en el estado de Roraima, al norte de Brasil, el 12 de enero de 2018.

Yidri y su hijo vivieron durante meses en el sitio ofrecido por la Operación Acogida, acción coordinada por el Ejército brasileño. Dos años después, se enfrenta a otro obstáculo, junto con unas 200 familias venezolanas. El 17 de septiembre, el Ejército anunció que debían abandonar el espacio que convirtieron en vivienda, un antiguo club para funcionarios, abandonado hace más de diez años, propiedad del Gobierno de Roraima.

En septiembre, el Ejército brasileño comunicó a la comunidad Ka'Ubanoko”, palabra en warao que significa “mi espacio para dormir”, que debían irse antes del 28 de octubre. Después de que los ocupantes se resistieron a irse en medio de la pandemia de COVID-19, el plazo se amplió hasta diciembre.

La operación sugirió dividir la comunidad, crear un refugio para los indígenas y reubicar a los no indígenas en los refugios administrados por el propio Ejército. Otra alternativa ofrecida a la comunidad no indígena era trasladar a los migrantes a otros estados de Brasil, con la justificación de que tendrían más posibilidades de encontrar trabajo.

Durante la pandemia, se envió a cerca de 1500 migrantes al mes a otras ciudades de Brasil, según datos de la Secretaría de Estado de Trabajo y Bienestar Social de Roraima (Setrabes); la planificación de fronteras, el alojamiento y la interiorización de los migrantes son los pilares de la actual gestión militarizada adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro, con el apoyo de organismos de Naciones Unidas y locales.

La notificación de desalojo de los ocupantes de Ka'Ubanoko la anunció verbalmente la propia Operación Acogida, acompañada por otras organizaciones, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ka'Ubanoko se diferencia de otras ocupaciones espontáneas en que es una comunidad interétnica de unas 160 familias de migrantes venezolanos no indígenas (criollos) y pueblos indígenas en movimiento de las etnias warao, pemon, ñepa y kariña (unas 132 familias). La comunidad entera es el hogar de alrededor de 900 personas.

“Ka'Ubanoko es un contrapunto a la ausencia de políticas migratorias eficaces”, explica Marcia Oliveira, profesora del Programa de Postgrado en Sociedad y Fronteras de la Universidad Federal de Roraima. “[Las ocupaciones] son de gran importancia para la organización social, para la autonomía, para la autogestión, lo que marcará la diferencia en el contexto migratorio en el que las políticas de migración no son efectivas, solo son emergentes, tanto desde el Estado, como desde los organismos nacionales, internacionales y gubernamentales”.

En Boa Vista, se han formado diez grandes ocupaciones espontáneas en diferentes barrios. Ocho ya han sido desactivadas. Las 1274 personas que vivían ahí fueron reubicadas en refugios, empezaron a recibir ayuda temporal o las enviaron a otros estados brasileños. Solo dos permanecieron activas.

Según una nota de la Operación Acogida enviada a la Amazonia Real, los desalojos se llevan a cabo según un plan elaborado con el Ministerio Público Estatal y Federal, la Defensoría Pública Estatal y Federal, la Procuraduría General de la Unión, los Gobiernos estatales y municipales, instituciones y organismos civiles. El documento, según la nota, cumple “todos los criterios humanitarios legales”. Sin embargo, nio se escuchó a las comunidades venezolanas de las ocupaciones.

“Sé lo que es una consulta previa y lo que están haciendo no es una consulta. Nos dieron información y una sola opción: refugio. Creen que pueden decidir por nosotros porque somos indígenas migrantes, pero conocemos nuestra historia, no somos migrantes, somos indígenas de toda América y tenemos derecho a la consulta libre, previa e informada”, subraya Leany Torres, vicecaciaque venezolana indígena Warao en la ocupación Ka'Ubanoko.

Autonomía por refugio

Al recibir la noticia de un posible desalojo, la dirección de Ka'Ubanoko preparó una carta que se envió a las autoridades. El documento presenta la forma de organización comunitaria, a través de comités y con división de tareas, y explica por qué los migrantes se oponen a la redistribución de las personas en los albergues.

“Queremos discutir alternativas y propuestas sobre los posibles impactos que podemos sufrir por vivir en un refugio. (…) Entre nosotros hay personas que nunca se adaptarán a un refugio y esto los llevará a vivir en la calle y generará otro problema para el Estado. El proceso de interiorización es ineficaz para la crisis humanitaria que vive el migrante venezolano. Es el deseo de todos que este espacio continúe”, dice el documento.

La propuesta inicial para la reubicación de los migrantes venezolanos era separar a criollos e indígenas para evitar conflictos históricos entre los grupos. Sin embargo, argumentan que la coexistencia en la ocupación ha cambiado esta perspectiva. “Después de casi dos años de convivencia, hemos descubierto la importancia de superar los conflictos históricos para que, juntos, construyamos un futuro mejor para nuestros hijos”. sigue el documento.

Según datos de la Operación Acogida, de los 100 000 venezolanos que están en Roraima, 7000 viven en 13 refugios. El resto está en casas alquiladas, en las calles, en casas de amigos y familias o en el lugar donde trabajan. En la actualidad, existen tres tipos de refugios: para familias, solteros e indígenas. La gestión de los espacios es compartida: el Ministerio de la Ciudadanía y el ACNUR se encargan de la recepción y la asistencia, y las Fuerzas Armadas de la logística y la salud. La migración venezolana al Brasil se ha intensificado desde 2014.

Excoronel critica activismo

Incluso con la estructura básica que ofrece la Operación Acogida, este modelo no abre espacio para la autogestión de los migrantes. Para el ex secretario de Estado adjunto de Trabajo y Bienestar Social y el excoronel Roger Hamilton Herzer, el modelo de autogestión no funciona para Ka'Ubanoko, precisamente porque es una comunidad indígena.

Según Herzer, el mayor obstáculo para la evacuación de la comunidad es la cuestión indígena que cohabita en el espacio. “Todas las ocupaciones tenían una organización y hoy con una bandera allí, los indígenas están más movilizados y hay algunos activistas en el medio”, dice. “Hoy tenemos un problema muy grande en Roraima: es un estado indígena que tiene toda la economía bloqueada porque tiene toda una zona indígena demarcada; pensar en crear una tierra indígena para los indígenas venezolanos es complicado para el estado”.

Roger Hamilton Herzer concedió una entrevista a la agência Amazônia Real el 24 de septiembre. El 29 renunció. Al ser consultada, la secretaría informó que la renuncia fue por “ajustes administrativos”.

Derecho a vivienda

A principios de septiembre, los dirigentes de la comunidad de Ka'Ubanoko acudieron a la Oficina del Defensor Público estatal para solicitar propuestas, pedir apoyo y protección social para las familias en riesgo de desalojo.

“Lo que vamos a tratar de promover es la cultura indígena y la vivienda viene como garantía de la preservación de la cultura indígena, porque la preservación de la cultura pasa por la vivienda común”, dice el defensor público Natanael Ferreira.

La ley 14.010/20, que el Senado aplicó en junio de 2020, prohibió el desalojo de arrendatarios hasta el 30 de octubre de 2020, por el reconocimiento de la calamidad pública por el nuevo coronavirus. Esta ley abarca los bienes raíces urbanos (comerciales y residenciales), pero abre una brecha para los desalojos de las propiedades públicas.

“La Operación Recepción no puede llevar a cabo el desalojo sin autorización judicial”, explica Natanael Ferreira

El personal militar que participa en la Operación Acogida ha estado convocando reuniones diarias con las personas de la ocupación para hablar sobre el desalojo desde principios de este año. Los venezolanos se sienten amenazados e intimidados, pero la comunidad sigue organizada y firme en su propósito de autogestión.

“Lo que queremos es integrarnos en la sociedad brasileña/ queremos ser autónomos, y tener la misma participación que todos los brasileños. Queremos pagar la electricidad, el agua, queremos tener derecho a una casa, queremos una educación formal para nuestros hijos, queremos contribuir al país”, dice Yidri Torrealba, embarazada de ocho meses cuando concedió esta entrevista.

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