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Periodistas somalíes dicen que nueva ley de medios afectará la libertad de prensa

Categorías: África Subsahariana, Somalia, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Política, Protesta, GV Advox

Los trabajadores de medios en Somalia enfrentan detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos y represión en virtud de leyes draconianas sobre los medios de comunicación, 12 de diciembre de 2012. Foto de Tobin Jones [1] vía Wikimedia / AMISOM dominio público CC0 1.0 [2].

Con la reciente aprobación de un controvertido proyecto de ley sobre medios por parte del presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmjo, a los trabajadores de medios de Somalia les preocupa lo que pueda ocurrir a los periodistas que ya están luchando en un entorno mediático hostil.

El proyecto de ley, firmado el 26 de agosto, contiene 41 artículos sobre medios de comunicación y cómo deben realizar su labor. La ley restringirá a los trabajadores de los medios y dará al Estado poder ilimitado sobre los medios.

¿Por qué las sociedades civiles y los medios protestan contra el proyecto de ley [3]?

Según Abdalla Mumin, secretario general del Sindicato de Periodistas Somalíes, grupo de derechos de prensa, la ley de medios recién firmada pondrá a la prensa bajo el control directo del Gobierno como si todos fueran estatales. Esto infringe la Constitución y prepara el camino para un entorno más restrictivo en el que el periodismo se convierte en delito.

Escribió un apasionado tuit sobre el asunto en agosto después de la aprobación del proyecto de ley:

Cuando le arrancas la lengua a un hombre, no le demuestras que es un mentiroso, sólo le dices al mundo que temes lo que pueda decir.

- GEORGE R. R. MARTIN, Un choque de reyes

El proyecto de ley de medios denuncia que el Gobierno dará licencias a los periodistas y puede retirarlas en cualquier momento, por cualquier razón, si se considera que el periodista es demasiado crítico. El Ministerio de Información acredita a los periodistas y no una asociación de prensa u organizaciones de medios independientes y no gubernamentales.

La ley permite claramente al Estado controlar y dirigir a los trabajadores de medios, ya sea que trabajen para los medios estatales o no. Esto mantiene a los profesionales de los medios como rehenes del Estado y compromete su imparcialidad. Solamente en estados autoritarios los trabajadores de medios buscan licencias y acreditación del Gobierno.

En agosto, el jefe de prensa, Abdinur Mohamed Ahmed, dijo en una entrevista con la BBC en somalí que se han omitido 16 artículos del proyecto de ley y otros se han reformado. Pero las asociaciones de medios siguen criticando el proyecto de ley y lo consideran opresivo.

El expresidente Hassan Sheikh firmó inicialmente el controvertido proyecto de ley en 2016, y desde entonces, asociaciones de medios y grupos de la sociedad civil han dirigido campañas para revertir la ley por su naturaleza draconiana. Hubo progresos cuando el actual presidente llegó al poder y ordenó que se revisara la ley, pero la revisión por sí sola no satisfizo las demandas de los profesionales de los medios y los defensores de los derechos civiles.

El 31 de agosto, en un programa de entrevistas de Universal TV (televisora satelital somalí), el exministro de Información Mohamed Abdi Hayir señaló que Somalia no es el único país donde el Gobierno concede licencias a los medios. En respuesta, el secretario del Sindicato de Periodistas Somalíes, Mumin, arremetió contra el ministro y lo acusó de copiarse de los estados dictatoriales, donde la libertad de prensa no existe.

La comunidad de medios de Somalia también protesta contra el llamado del proyecto de ley para la formación de un consejo de medios, en el que el Gobierno tendrá poder hegemónico sin igual sobre todas las asociaciones de medios.

El consejo de nueve miembros, compuesto de tres miembros de medios independientes, tres miembros de la sociedad civil y tres miembros del Gobierno, tendrá la última palabra sobre responsabilidad de los trabajadores de medios. También examinarán las quejas contra los medios y tomarán decisiones sobre el retiro de licencias a las empresas de medios. Pero las organizaciones de medios consideran a este consejo como una junta de «censura» y les preocupa que antes de las próximas elecciones en Somalia, esto podría resultar problemático para las voces disidentes.

Los medios de comunicación de Somalia florecen pese a los constantes desafíos.

Según el índice de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, Somalia es uno de los lugares más peligrosos para que trabaje un periodista. El Comité dice [6] que 26 asesinatos de periodistas en Somalia siguen sin resolverse. Aunque el número de casos de asesinato ha disminuido, persiste el hostigamiento de las autoridades en forma de detenciones ilegales, arrestos arbitrarios y denegación de acceso a la información.

Algunos trabajadores de medios somalíes han pagado el precio máximo por la profesión que han elegido. Entre 2017 y 2020, 11 periodistas fueron asesinados y sus autores aún no han rendido cuentas. Esta cultura de impunidad crea un entorno en el que los periodistas temen por su seguridad y, por lo tanto, dudan en informar.

Once periodistas fueron asesinados en el país en los últimos cuatro años: tres en 2017; cuatro en 2018; dos en 2019 y dos en 2020, lo que hace que el país siga siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas de todo el mundo.

Los periodistas también enfrentan el riesgo de ser detenidos arbitrariamente, ya sea por publicaciones críticas en Facebook o por realizar entrevistas que las autoridades no aprueban.

La última víctima de la represión del Gobierno contra los medios es Abdullahi Kulmiye Addow, periodista de radio y televisión que entrevistó a un empresario de tendencia islamista que critica al Gobierno somalí y a las fuerzas de mantenimiento de paz de la Unión Africana. Después de que la emisora de radio de Addow emitió un avance de la entrevista, agentes del organismo nacional de inteligencia y seguridad somalí allanaron [11] su casa la noche del 18 de octubre y lo retuvieron en su sede durante cinco días. Fue liberado luego cuando su emisora de radio aceptó no emitir la entrevista completa a cambio de la liberación de Addow.

El editor Abdul Aziz Gurbiye, de Goobjoog media, casa de medios privada, fue arrestado el 14 de abril por una publicación en Facebook en la que sostenía que el presidente somalí, Mohamed Abdullahi Farmajo, se había apropiado de una máquina de ventilación de COVID-19 destinada al uso público. Cinco días después, fue liberado bajo fianza. Después de dos meses de idas y venidas, se produjo una batalla judicial [12] que terminó con un veredicto de culpabilidad, y Gurbiye fue acusado de difundir información falsa y ofender el honor del presidente. Fue sentenciado a seis meses pero se le permitió pagar una multa de 200 dólares en lugar de la prisión.

Las asociaciones de prensa y los propietarios de medios se han unido para advertir de la aplicación de la ley de medios. Alegan que Osman Dubbe, el nuevo ministro de Información, busca el apoyo de la comunidad internacional y que envió una carta de solicitud a los posibles donantes el 7 de noviembre para apoyar la aplicación de la ley.
>El 18 de noviembre, asociaciones de medios somalíes pidieron a Dubbe que negociara una minuciosa revisión de la ley.

Durante la conferencia consultiva de periodistas de hoy en Mogadiscio, planteamos conjuntamente nuestras preocupaciones sobre los intentos del nuevo ministro de Información de implementar rápidamente
la draconiana ley de medios de comunicación de Somalia, la seguridad de los periodistas que trabajan y denunciaron el aumento de las amenazas contra la prensa.

Desde la caída del régimen militar en 1991, el panorama de los medios ha pasado de ser un único medio de comunicación estatal a múltiples medios. Pero con remanentes de la antigua ley draconiana todavía existente y aplicada, cualquier ganancia puede ser en vano.

Las asociaciones de medios y grupos de la sociedad civil de Somalia han protestado enérgicamente contra la imposición de esta ley que obstaculizará la libertad de prensa y reducirá un espacio político ya reducido. Sin una prensa libre, la justicia desaparece y el autoritarismo toma el control.