En Pakistán, plataformas de medios sociales corren riesgo de bloqueo con nuevas leyes «draconianas»

Pakistan Flag. Image from Public Domain. Via Me Pixels.

Bandera de Pakistán. Imagen de dominio público, víí Me Pixels.

La entrada en vigencia de nuevas normas que rigen los medios sociales ha suscitado preocupación por la libertad de expresión y los derechos humanos en Pakistán. En virtud de la nueva legislación, las plataformas de medios sociales que no cumplan las exigencias de eliminación de contenidos de la Autoridad de Telecomunicaciones del Pakistán (PTA) enfrentarán prohibiciones y multas.

Las normas para la eliminación y el bloqueo de contenidos ilícitos en línea entraron en viguencia después de que el Gobierno emitió un aviso en la Gaceta el 20 de octubre de 2020 que las aprobaba. Las reglas se hicieron públicas finalmente en noviembre cuando el Ministerio de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones publicó la Gaceta a su sitio web.

Los activistas de derechos digitales, los gigantes de la tecnología y los proveedores de servicios de internet criticaon las nuevas normas por draconianas y en violación de las leyes de Pakistán sobre el delito cibernético, y que no se ajustaban a sus recomendaciones y a las prácticas del sector.

Desde febrero de 2020, el Gobierno ha estado tratando de establecer conjunto de normas que restrinja la disidencia y prohíba todo entretenimiento que supuestamente va contra la ética moral y religiosa de la sociedad, y que además reprima las voces críticas. En septiembre, TikTok, PUBG, aplicaciones para citas y YouTube estuvieron entre las plataformas que recibieron quejas de la PTA de prohibir contenido si deseaban seguir operando en Pakistán.

Las nuevas normas, el retiro y bloqueo de contenidos ilícitos en línea, 2020 (RBUOC), han sustituido las normas sobre daño en línea a las personas de enero de 2020, y tienen por objeto orientar la aplicación del artículo 37 de la ley de prevención de delitos electrónicos de 2016 (PECA).

Según el RBUOC 2020, las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión o a difundir información en espacios digitales siempre y cuando no «intimide», perjudique» ni «suscite desleatad hacia la reputación del Gobierno federal o provincial» o de cualquier persona que ocupe un cargo público, de hacerlo se consideraría una amenaza a la «integridad, la seguridad y la defensa del Pakistán» y sería eliminado o bloqueado. Estas normas otorgan al regulador de la industria de las telecomunicaciones, conocido como PTA, la facultad de eliminar y bloquear todo lo que se considera –incluidos completos sistemas en línea– contraria a la decencia y la moralidad, tal como se define en el Código Penal del Pakistán. Las empresas de medios sociales estarán obligadas a proporcionar a la PTA cualquier información o dato en formato desencriptado, legible y comprensible que puede incluir información sobre los abonados, el tráfico, el contenido y cualquier otra información o dato.

Las normas amplían aún más las facultades de la PTA más allá del alcance original del artículo 37 de la ley de prevención de delitos electrónicos (PECA) y le otorgan la facultad de registrar empresas internacionales de tecnología, facultad que no se otorga en la ley original y que queda fuera de las facultades originalmente establecidas. El artículo 9 también establece nuevas obligaciones y responsabilidades para las empresas de medios de comunicación social, que son contrarias a las disposiciones de limitación de la responsabilidad de los intermediarios para las empresas de tecnología en PECA. En caso de que los proveedores de servicios o las empresas de medios sociales no cumplan y no retiren el contenido en un plazo de 24 horas o, seis horas en caso de emergencia, podrían enfrentar una multa de hasta 500 millones de rupias (3,14 millones de dólares), y correr el riesgo de quedar prohibidos.

Reacciones de interesados

Ha habido una fuerte reacción de los interesados del sector privado, que ya han manifestado su preocupación por las nuevas normas con diversas declaraciones y cartas al primer ministro. La Coalición de Internet de Asia (AIC), asociación industrial que incluye grandes empresas de tecnología como Amazon, Facebook y Google, ha expresado su preocupación y ha afirmado que las empresas de medios sociales pueden tener dificultades para continuar sus operaciones en el Pakistán en virtud de estas normas:

The draconian data localization requirements will damage the ability of people to access free and open internet and shut Pakistan’s digital economy off from the rest of the world. It’s chilling to see the PTA’s powers expanded, allowing them to force social media companies to violate established human rights norms on privacy and freedom of expression.

Los draconianos requisitos de localización de datos afectarán la capacidad de las personas para acceder a una internet libre y abierta y cerrarán la economía digital de Pakistán del resto del mundo. Es escalofriante ver que se amplían los poderes de la PTA, lo que les permite obligar a las empresas de medios sociales a violar las normas de derechos humanos establecidas en materia de privacidad y libertad de expresión.

La Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Pakistán (ISPAK) está considerando la posibilidad de emprender acciones legales contra las normas recientes una vez que haya formado su estrategia y pueda impugnar las normas también en los tribunales.

Activistas de derechos digitales también condenaron las normas y creen que violan el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión en los espacios en línea, y que además los ponen en una situación vulnerable. Media Matters for Democracy tuiteó un hilo detallado sobre las reglas:

Un informe, análisis cláusula por cláusula de asuntos fundamentales de las reglas de eliminación y bloqueo de contenido en línea (procedimientos, supervisión y protección) 2020.
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A continuación, un breve análisis de algunas de las principales preocupaciones con secciones específicas de las Reglas de Eliminación y Bloqueo de Contenido en Línea 2020.

También emitieron una declaración que instaba al Gobierno a «suspender inmediatamente la aplicación de estas normas e iniciar un proceso consultivo significativo que sea creíble, transparente, representativo y que responda a las preocupaciones planteadas sobre el proceso consultivo anterior».

Farieha Aziz de BoloBhi, plataforma que trabaja en derechos digitales y libertades civiles, dice que los ciudadanos tendrán que realizar autocensura o perder completamente el acceso a las plataformas de medios sociales si no se siguen estas reglas. Por su parte, Digital Rights Foundation emitió una declaración que señalaban que estaban «extremadamente preocupados por el procedimiento seguido para la aprobación de las normas, sin consultas significativas ni transparencia, como por las consecuencias que las normas tienen para las libertades constitucionales en el país». La Asociación de Plataformas Independientes de Periodismo en Línea de Pakistán también rechazó las nuevas normas.

Tania Aidrus, exasistente especial del primer Mministro en materia de gobernabilidad electrónica y actual Jefa de la Iniciativa Visión Digital de Pakistán, tuiteó:

Los gigantes de la tecnología amenazan con irse de Pakistán si se mantienen las reglas de medios sociales.

La Coalición para Internet en Asia lamenta la ausencia de consultas prometida anteriormente por el Gobierno.
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Las amenazas nunca pueden conducir a resultados sostenibles. La gran tecnología necesita invertir tiempo y recursos para entender las sensibilidades locales y el Gobierno necesita ser pragmático en sus demandas.

DEBEMOS hacer esto bien, si no nuestros ciudadanos quedan olvidados.

Las nuevas normas solo empeorarán la situación de los derechos humanos en Pakistán. Según el informe anual Libertad en el Mundo 2020 de Freedom House, que evalúa el acceso de las personas a los derechos políticos y las libertades civiles en 210 países y territorios, Pakistán obtuvo 38 (parcialmente libre) de un máximo de cien puntos. En el Día Internacional de Internet, celebrado el 20 de octubre, la Red de Libertad publicó un informe sobre la situación de los derechos digitales en Pakistán, que señalaba un «aumento de la censura, la incitación al odio, la vigilancia digital y la violación de la privacidad y la desinformación y la información equivocada en línea».

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