Vista de Ouakam, distrito del noroeste de Dakar, Senegal. Foto de Gabriel de Castelaze [1] vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0 [2]).
Las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el mundo y acompañado gran cambio en todos los segmentos de la sociedad. Una de las agitaciones más espectaculares se relaciona con la producción y circulación de información. La creación y difusión de información, que antes era prerrogativa de profesionales de medios, está ahora al alcance de cualquier ciudadano con acceso a internet.
Esta nueva situación ha ampliado el fenómeno de las llamadas «noticias falsas». Toda persona tiene la capacidad de darle noticias al público, ya sean verdaderas o falsas, o simplemente una broma. En Senegal, los intentos del Gobierno de controlar las noticias falsas plantean preguntas sobre cómo combatirlas sin infringir nuestros derechos y libertades, sobre todo la libertad de expresión en línea.
El mecanismo fundamental para combatir las noticias falsas en Senegal se basa en disposiciones del artículo 255 del Código Penal, que establece [3]:
The publication, dissemination, disclosure or reproduction, by any means whatsoever, of false news, fabricated, falsified or falsely attributed to third parties, shall be punishable by imprisonment for one to three years and a fine of 100,000 to 1,500,000 francs [about $185-$2,773 United States dollars] when the publication, dissemination, disclosure, reproduction, whether or not made in bad faith, will have led to disobedience to the laws of the country or harmed the morale of the population or brought discredit on public institutions or their functioning.
La publicación, difusión, revelación o reproducción, por el medio que fuera, de noticias falsas, falsificadas o falsamente atribuidas a terceros, será punible con prisión de uno a tres años y una multa de
100 000 to 1 500 000 de francos [entre 185 y 2773 de dólares estadounidenses] cuando la publicación, difusión, reproducción, aunque no sea con mala fe, no lleve a desobediencia de las leyes del país ni perjudique la moral de la población o desacredite las instituciones públicas o su funcionamiento.
Esta disposición carece de una definición para “noticias falsas”, que puede llevar a abusos de las autoridades. Por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, la Policía citó [4] a varios ciudadanos por negar la existencia de COVID-19 en sus plataformas de medios sociales o por haber dudado de su existencia en videos.
Abdoulaye Mbaye Pekh, conocido tradicionalista, y el clarividente Selbé Ndom, fueron citados por la Policía nacional en Dakar, la capital de Senegal, por difundir [5] afirmaciones no científicas infundadas en línea relacionadas con el coronavirus, luego de una queja presentada por el Comité Nacional para la Gestión de Epidemias.
La Policía reprochó [6] a Pekh y Ndom, y les hizo pedir disculpas para evitar que los llevaran a la fiscalía de Dakar. Les dijeron que los ciudadanos senegaleses no son libres de expresar opiniones sobre coronavirus que sean contrarias a la narrativa oficial del Gobierno sobre COVID-19, y se arriesgar a tener que comparecer ante la justicia.
Esto plantea serias preguntas sobre cómo identificar la línea entre expresar una opinión, lo que no se puede catalogar como falso, y dar información que puede ser considerada verdadera o falsa.
La adopción de esta ley requiere una clara definición de noticias falsas, para que los ciudadanos sepan qué constituye una violación de la ley. El potencial para difundir noticias falsas en línea tiene serias repercusiones fuera de línea para la seguridad, salud y políticas.
No obstante, algunos analistas [7] dicen que estos riesgos no deben ser factores limitantes para la libertad de expresión en línea o fuera de línea. La libertad de expresión es un pilar fundamental en una sociedad democrática. El artículo 10 de la Constitución de Senegal establece [8]:
Everyone has the right to freely express and disseminate his opinions by word, pen, image, and peaceful march, provided that the exercise of these rights does not infringe on the honor and consideration of others, or on public order.
Todos tienen el derecho de expresarse libremente y difundir opiniones de palabra, por escrito, imagen y marcha pacífica, siempre que el ejercicio de esos derechos no afecte el honor y consideración de otros o del orden público.
En principio, la libertad de expresión que se considere abusiva o excesiva solamente puede ser autorizada por el Poder Judicial. Solamente el juez debe tener la facultad de catalogar una particular información o noticia como falsa o verdadera. Sin embargo, el Código de Prensa dispone [9] otra cosa en el artículo 192: “En circunstancias excepcionales, la autoridad administrativa competente… puede ordenar, para evitar o detener un ataque a la seguridad del Estado o la integridad territorial, o en caso de incitación al odio o incitación al asesinato:
- Confiscación de un medio de difusión o una empresa de prensa;
- Suspensión o cese de la transmisión de un programa;
- Cierre temporal del órgano de prensa”.
De nuevo, los «casos de circunstancias excepcionales» no están claramente definidos en la ley. Esto significa que cuando las autoridades administrativas consideran falsa una expresión en línea, pueden, sin intervención judicial, ordenar la confiscación de una empresa de medios en línea que la difundió. Esto equivale a ley que destruye la libertad que afecta gravemente la libertad de expresión en línea.
Regular la expresión en internet no debería permitir a las autoridades a invadir derechos digitales, sobre todo sin definir primero una base legal clara, precisa y comprensible para todos.
JONCTION, grupo de defensa de derechos digitales en Senegal, recomienda una revisión legal del mecanismo central usado para combatir las noticias falsas. Sin duda, esta reforma legislativa es necesaria para armonizar textos nacionales con instrumentos de derechos humanos internacionales, sobre todo referidos a libertad de expresión. Esta revisión se debe hacer con consulta con todos los interesados, teniendo en cuenta todas las necesidades específicas de espacios virtuales que permiten la expresión de todo tipo.
Como lo establece [10] el punto II de la Declaración de Principio sobre Libertad de Expresión en África:
No individual shall be subjected to arbitrary interference with his or her freedom of expression. Any restrictions on freedom of expression must be imposed by law, serve a legitimate purpose, and be necessary in a democratic society.
Nadie debe estar sujeto a interferencia arbitraria son su libertad de expresión. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser impuesta por la ley, servir a un propósito legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática.