Protestas en Plaza Dignidad (Santiago, Chile), 2020. Foto de Paulo Slachevsky, con licencia CC BY-NC-SA 2.0 [1]
En Latinoamérica y el Caribe, los feminismos, los movimientos sociales y los cambios políticos marcaron el 2020, a pesar de que la pandemia de covid-19 acaparaba la atención de todo el mundo y se volvía una prioridad global.
En México, Argentina y en el Caribe, el año 2020 se tiñó de morado y verde por las múltiples protestas feministas [2]. En México, por ejemplo, a pesar de la pandemia, las controversias del avión presidencial [3] y la despenalización de la marihuana [4], el protagonista fue el feminismo, o más bien, el antifeminismo [5] del gobierno mexicano.
En marzo hubo una mega marcha en México para exigir justicia ante el promedio de 10,5 femicidios [6] registrados por día, seguida de otras marchas por casos específicos, como el de Ingrid [7], Fátima [8] y Jessica [9].
Pese a la represión policial [10], la lucha dio frutos: La Ley Olimpia [11] contra el acoso digital, la Ley Ingrid [12] contra la filtración de material sensible, el registro público de agresores sexuales [13] en la capital mexicana, y la amnistía por aborto [14].
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En Argentina, se multiplicaron las denuncias por violencia de género [16] y grooming [17]. El proyecto de ley de aborto voluntario [18], que el Gobierno había prometido presentar [19] en marzo de 2020, quedó en suspenso y, finalmente, se presentó en noviembre [20], para tratarlo durante diciembre [21].
Ante estos retrocesos, las redes sociales fueron claves para fortalecer las redes de ayuda feministas. Así se organizaron protestas [22] contra el alarmante aumento de los femicidios en pandemia, tuitazos de Ni Una Menos [23] y un pañuelazo virtual [24] para exigir al Gobierno argentino que tratara con urgencia la ley del aborto voluntario.
Por su parte, las feministas venezolanas usaron WhatsApp [25] para seguir apoyando a las mujeres y dar charlas virtuales; y en Nicaragua, las organizaciones feministas [26] denunciaron el desamparo y ausencia de justicia para las víctimas y sus familiares.
En enero, antes de que llegara el coronavirus a Trinidad y Tobago, se celebró un acto público de conmemoración [27] a las víctimas de femicidio, donde la ciudadanía exigió al Estado medidas eficaces para proteger a mujeres y niñas. En marzo, después de otro femicidio, el debate en línea se centró en el vínculo [28] entre la violencia de género y el abuso infantil, especialmente cuando las restricciones por el covid-19 fueron acompañadas [29] de un aumento de la violencia doméstica.
En diciembre, cuando los titulares informaban los femicidios de una joven madre [30] y una adolescente [31], en las redes sociales se expresó el hartazgo por la narrativa de que las mujeres «debían cuidarse», y que se debía quitar el foco de las mujeres y redirigirlo [32] hacia quien correspondía, los hombres.
Montaje de imágenes del «Día Naranja» contra la violencia machista en Puerto Príncipe, 25 de enero de 2020. Fotos de Womantra, usadas con permiso.
Movimientos políticos en Uruguay, Bolivia, Perú y Chile
Se podría argumentar que el mayor cambio en Uruguay se dio en el mapa político, con la salida del Frente Amplio (izquierda) y la vuelta al gobierno del Partido Nacional (derecha) después de treinta años, ahora en una “coalición multicolor [33]”. La oposición y otras asociaciones critican al gobierno por la ley de urgente consideración [34], que perciben como un retroceso en la libertad de expresión. No obstante, la exitosa gestión de la primera ola del covid-19 dejó apenas algunas decenas de muertos y posicionó al país como referente en la gestión de la crisis [35].
En Bolivia, tras un año de polarización [36], racismo exacerbado, ataques [37], heridos y asesinatos [38], la población acudió pacíficamente a las urnas [39] en octubre, y 55% de los votantes eligieron a la dupla de Luis Arce y David Choquehuana [40], del partido Movimiento al Socialismo (MAS) [41]. La polarización, en menor medida, ahora se enfoca en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.
La elección de Luis Arce se festejó en distintos centros urbanos del mundo [42]. En sus manos está la conciliación de un país profundamente dividido y enfrentado con su historia.
Desde el exterior [44], quizá se subestimó la importancia de las protestas de la generación del bicentenario [45] en Perú, un país atribulado por la vacancia del presidente Martín Vizcarra [46], la renuncia del ilegítimo gobierno de Manuel Merino [47] y el nombramiento de Francisco Sagasti [48] como presidente interino [49]. Sin embargo, tanto Merino [50] como Sagasti [51] utilizaron la represión policial [52] excesiva, y este último mantiene en tensa calma la institucionalidad del país. A este caótico contexto se sumaron la crisis sanitaria del covid-19 y las políticas extractivistas [53] en territorios indígenas a favor de las grandes empresas [54].
Por otra parte, la pandemia no impidió que Chile llevara a cabo un referéndum histórico, donde se aprobó por abrumadora mayoría [55] cambiar la Constitución promulgada por el ex dictador Augusto Pinochet [56] en 1980 y considerada «la madre de las desigualdades de Chile [57]«. El plebiscito, llevado a cabo el 25 de octubre, fue el principal reclamo que impulsó el estallido social [58] de octubre de 2019, al que el gobierno respondió con represión [59], arrestos y numerosas violaciones a los derechos humanos.
Violencia, autoritarismo, desinformación y protestas de norte a sur
En Colombia, además de la preocupación por la pandemia y las más de 40.000 muertes por covid-19, se destacó la baja aceptación del Gobierno y el descontento de los colombianos ante la ausencia de soluciones efectivas contra tanta violencia [61]. Sin embargo, el presidente Duque insiste en negar la gravedad del registros de asesinatos, que incluye ochenta masacres [62].
Fue especialmente inquietante cómo aumentaron los asesinatos [63] de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y se reveló que la policía estuvo involucrada [64] en el asesinato del Abogado Javier Ordóñez, hecho que originó protestas [65] seguidas de represión y la consecuente muerte de al menos diez personas, junto con múltiples heridos.
Las amenazas de muerte [66], asesinatos, acosos, abusos y censura contra periodistas y activistas fueron constantes, pero también motivaron el surgimiento de medios [67] alternativos.
En Venezuela, tras un año de relativa normalización económica, pese a la hiperinflación y la amplificación de la emergencia humanitaria [68], la pandemia se tradujo en un recrudecimiento [69] de las medidas autoritarias del Gobierno. La mayor militarización, el control de instituciones estatales [70] y la persecución política [71] a periodistas, activistas humanitarios y disidentes caracterizaron la políticas públicas desde la llegada de la pandemia, con el agregado de que el gobierno de Nicolás Maduro desplazó totalmente la representación política disidente a través de unas cuestionables elecciones parlamentarias [72].
La crisis migratoria venezolana, la más grave de la región con 5,4 millones de venezolanos fuera del país [73], se agudizó [74] con la pandemia y afectó la vida de esta comunidad vulnerable en los países de acogida [75].
En Jamaica, el caos y el miedo abrumó a los ciudadanos. Si bien la pandemia de covid-19 encabezó la lista de preocupaciones, una encuesta informal en Twitter reveló que la siguií de cerca el temor ante un posible aumento de la criminalidad, a pesar de que la Policía de Jamaica informó una leve reducción [76] de los delitos violentos en comparación con 2019.
Por otra parte, los toques de queda nocturnos durante la pandemia no parecen haber impedido cientos de fiestas ilegales y actividades sociales [77], algunas de las cuales (organizadas por personas con vínculos delictivos) resultaron en hechos de violencia.
En Nicaragua, la ciudadanía ha sufrido una mezcla de emociones negativas. A la crisis de salud pública por el covid-19 y la gestión del estado se sumaron el impacto [78] de los huracanes IOTA [79] y ETA [80], y las perspectivas ante las elecciones de 2021 en un país donde impera la represión policial [81], la nula libertad de prensa [82] y de expresión y las constantes violaciones a los derechos humanos [83].
Tras la oleada de protestas de 2018, unas cien mil personas [84] huyeron del país, pero muchos nicaragüenses en el exilio se organizaron para seguir involucrados en el activismo político [85] desde el exterior. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega impulsa una triada de leyes [86] para reforzar su aparato de control sobre la población y evitar cualquier intento de oposición orgánica.
Así, Nicaragua cierra el año con una escalada de violencia sistémica, una falsa calma y dudas en torno a los datos sobre el covid-19 [87], un Estado blindado contra las protestas y, sobre todo, incertidumbre por lo que pasará en 2021.
Más al norte, en El Salvador, el 2020 fue de mucho conflicto político. El presidente Bukele se enfrenta constantemente a los otros órganos del Estado: la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, y se refirió [88] a los diputados y magistrados como «corruptos, criminales y ladrones». Para muchos, su estilo agresivo revela un plan político para controlar al país. Con todo, mantiene una tasa de aprobación superior a 75% [89] pese a las acusaciones contra él de corrupción [90], negociación con pandillas [91] y ataques a la prensa [92].
Cuando Bukele soltó un trino en Twitter sobre el impacto de la pandemia en Ecuador [93], el gobierno ecuatoriano lo desmintió [94]. Pronto, el contenido que circulaba en redes sociales [95] ocupó los titulares del mundo: Cuerpos que nadie recogía [96], familias buscando el cuerpo de un ser querido y supuestas incineraciones de cadáveres en las calles.
La narrativa de la desinformación no bastó al Gobierno de Ecuador para explicar lo que vivió Guayaquil. Ante una realidad desbordada, se creó una Fuerza de Tarea Conjunta [97] para sepultar los cadáveres. La propia alcaldía de Guayaquil tuvo que entregar ataúdes de cartón [98] a las familias. Frente este panorama, los pueblos indígenas de la región se organizaron [99] para protegerse del coronavirus.
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En resumen, la pandemia sorprendió a una región que ya estaba muy golpeada, pero también puso a prueba la resiliencia de los movimientos sociales, que no se detuvieron ante nada para reclamar sus derechos.
Así, se destacaron algunas buenas noticias en materia de género en la región: Ecuador tuvo su primera marcha trans [101], el Gobierno argentino aprobó el cupo laboral trans travesti [102] en el sector público, Bolivia reconoció la unión libre entre personas del mismo sexo [103], al igual que el estado de Puebla [104], México.
Te invitamos a ver esta edición especial [105] de «Voces de Latinoamérica», del medio digital La Lupa [106], donde algunos de nuestros autores de Bolivia, Uruguay y México analizan los acontecimientos claves en sus regiones: