La Casa Roja, sede del Parlamento de Trinidad y Tobago, donde se debatió el proyecto de ley de adquisiciones. Foto de Dan Lundberg vía Flickr, tomada hacia el final de la restauración más reciente del edificio, diciembre de 2019 (CC BY-SA 2.0).

El 8 de diciembre, víspera del Día Internacional contra la Corrupción, se aprobó el proyecto de Ley de Adquisición Pública y Disposición de Bienes Públicos en el Senado (la cámara alta del Parlamento) gracias al voto de una senadora independiente, la doctora Maria Dillon-Remy. Los otros ocho senadores independientes, algunos de los cuales se han manifestado con bastante fuerza sobre lo que perciben como las deficiencias de la legislación, se abstuvieron.

El principal aspecto del proyecto de ley que preocupa a la sociedad civil, a las organizaciones empresariales y hasta a la propia Oficina de Reglamentación de las Adquisiciones es la cláusula 5 que elimina los servicios jurídicos, médicos, financieros, contables y de auditoría, así como cualquier otro que considere el Ministro de Finanzas, de las atribuciones del organismo regulador de las adquisiciones.

En un país donde los ciudadanos han percibido que los sucesivos gobiernos son corruptos (el país ocupó la posición 85 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional con una puntuación de 40 sobre cien), se teme que esta enmienda allane efectivamente el camino para que se produzcan casos de corrupción en los contratos entre Gobiernos o en los acuerdos entre el Estado y las organizaciones financieras internacionales.

El punto de vista del Gobierno es que el regulador de las adquisiciones, que no es un funcionario electo, no debería tener el poder de socavar tales tratados y que esta interferencia podría limitar el acceso del Estado a algunos acuerdos internacionales de financiación y cooperación técnica. Según el ministro de Finanzas, Colm Imbert, esto está en consonancia con las mejores prácticas internacionales.

Sin embargo, la Oficina de Reglamentación de las Adquisiciones emitió un aviso público que afirmando que ya que estos acuerdos entre Gobiernos se reembolsarán con dinero público, «no debería haber ninguna exclusión de la supervisión de la Oficina de Reglamentación de las Adquisiciones».

Muchos de los interesados consideraron que el proyecto de ley debería haber sido devuelto a la Cámara de Representantes (la Cámara baja del Parlamento) para que el Gobierno presentara el reglamento que regiría el funcionamiento de la ley, antes de ser sometido a votación en el Senado.

Recientemente, la oposición del país se negó a respaldar la renovación del proyecto de ley antipandillas de 2018 en un aparente intento de obligar al Gobierno en relación con la legislación sobre adquisiciones. Cuando se le criticó por su falta de apoyo, el líder de opositor David Lee defendió la posición de su partido:

If you are serious about tackling crime, if you are serious about defunding the gangs, then you must bring procurement legislation so we have a system in place to avoid the continuation of this funding that is going on through Government contracts and the award of contracts.

Si se toma en serio la lucha contra la delincuencia, si se toma en serio la lucha contra las pandillas, entonces se debe presentar una legislación sobre adquisiciones para que tengamos un sistema que evite la continuación de esta financiación que se realiza a través de los contratos gubernamentales y la adjudicación de contratos.

Después de que terminó el debate del 8 de diciembre, el Senado se formó en un comité para revisar el proyecto de ley cláusula por cláusula y determinar si era necesario hacer más enmiendas. Además el Gobierno ya ha señalado que aceptará algunas de las enmiendas que se han presentado.

El proyecto de ley ahora debe volver a la Cámara de Representantes para que se aprueben esas enmiendas. Ambas cámaras del Parlamento deben acordar una posición común antes de que el proyecto pueda ser aprobado como ley, de modo que aunque el proceso deja margen para un mayor ajuste, no se espera que el Gobierno conceda su posición con respecto a la cláusula 5.

Antes del debate en el Senado, la Asociación Jurídica de Trinidad y Tobago (LATT en inglés) sugirió que la cláusula equivalía a una «incorrección constitucional que degrada la confianza pública». Su posición fue compartida también por el Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago (TTTI en inglés), las Cámaras de Comercio del país, el Consejo Consultivo Conjunto de la Industria de la Construcción (JCC en inglés), la Asociación de Fabricantes de Trinidad y Tobago (TTMA en inglés) y grupos de la sociedad civil.

Antes se había acusado a los proyectos de Gobierno a Gobierno de crear oportunidades para el florecimiento la corrupción. Aunque no se han presentado pruebas que demuestren que se han cometido actos ilícitos, la reputación de algunas firmas chinas con las que el Estado ha decidido asociarse ha influido en la percepción pública. Sin embargo, el proyecto de 2015 de la adquisición de 12 buques del Servicio de Guardacostas de los Países Bajos a un costo de 1358 millones de dólares trinitenses (unos 200 millones de dólares estadounidenses) es ahora objeto de una investigación penal holandesa.

Ciertamente, las adquisiciones en Trinidad y Tobago han sido históricamente tan vulnerables a la corrupción que en 1982 se estableció un comité nombrado por el gabinete para realizar un examen amplio de las disposiciones entre Gobiernos. Sus conclusiones se documentaron en lo que se conoció como el Informe Ballah.

Al abordar la idea del Gobierno de que los contratos entre Gobiernos «eliminarían las presiones activas con su trasfondo de corrupción (a nivel local)», el informe concluyó que esas ventajas eran «más ilusorias que reales», que los arreglos eran «altamente discriminatorios» y que «el costo de Trinidad y Tobago de la opción entre Gobiernos parece haber superado los beneficios percibidos».