Nuevo impuesto a dispositivos móviles amenaza inclusión digital en la República Democrática del Congo

Foto de Pixabay.

En septiembre de 2020, el Gobierno congoleño, a través del Ministro de Correos, Telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, anunció el inicio del Registro de Dispositivos Móviles (RAM).

En el anuncio, el ministro expresó su gran confianza en que el registro sería un instrumento esencial para la protección de los usuarios congoleños de dispositivos móviles.

“Nos complace implementar el RAM”, dijo el ministro. “Esta base de datos nos permitirá limitar el mercado de dispositivos móviles falsificados, combatir el robo de dispositivos móviles y mejorar la calidad de la red de telefonía móvil y bloquear los dispositivos que no cumplan con las normas internacionales”.

En virtud del nuevo acuerdo, todos los dispositivos móviles en el territorio congoleño tienen que pagar una cuota mensual que va desde el equivalente a 0,17 dólares estadounidenses para los dispositivos 2G hasta más de 1,17 dólares estadounidenses para los dispositivos 3G y 4G en un período de seis meses.

Según el sitio Datareportal, las conexiones móviles en la República Democrática del Congo aumentaron en casi un millón entre 2019 y 2020. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su temor de que esta tendencia se invierta por la aplicación de este nuevo impuesto sobre los dispositivos móviles en el país.

“Este decreto añade así un sexto impuesto en beneficio de la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones de Congo a los otros cinco que ya recauda sobre los operadores de su sector”, declaró la organización sin fines de lucro Rudi International en una declaración de condena de la RAM.

GSMA, organización internacional que representa los intereses de las empresas de telefonía celular, había propuesto al Gobierno, a través del ministro a cargo de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, un sistema gratuito que no habría tenido ninguna repercusión en el costo de la utilización de un dispositivo móvil en la República Democrática del Congo.

La estructura de la GSMA presentó incluso al Gobierno congoleño métodos alternativos de financiación basados en los modelos adoptados en otros países subsaharianos, que utilizan una combinación de reglamentación y un marco jurídico para impedir la falsificación y la venta de dispositivos móviles robados o falsificados.

En un estudio realizado por la empresa Ernst & Young como parte de un análisis de los posibles beneficios de una estructura fiscal más eficiente para el sector de la telefonía móvil en la República Democrática del Congo, se llegó a la conclusión de que la fiscalidad también es un obstáculo para la inclusión digital en la República Democrática del Congo.

“En lugar de hacer esfuerzos para fortalecer la tasa de penetración de la telefonía móvil en el país, este impuesto solo tendrá el efecto contrario, ya que los teléfonos se volverán mucho más caros en el mercado”, dijo Rudi International como crítica al impuesto. Según la organización sin fines de lucro, el RAM debería simplemente ser suspendido.

Collectif 24 también dijo que un impuesto sobre los dispositivos móviles supondría un golpe contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.

“La aplicación de este nuevo impuesto solo reducirá el número de usuarios de telecomunicaciones en la República Democrática del Congo y reforzará la brecha digital”, declaró la organización de derechos humanos en un comunicado de prensa. “Es más, el acceso a los servicios de telecomunicaciones será cada vez más caro para el ciudadano pacífico ya afectado por la actual crisis económica. La puesta en marcha de este servicio tendrá un impacto negativo en los operadores de telefonía móvil, ya que su volumen de negocios disminuirá significativamente con la reducción del número de abonados. Es probable que el sector experimente un estancamiento, en particular con la reducción de las inversiones. Esto afectará negativamente al PIB nacional.

Evocando la violación del principio universal consagrado en el punto 30 del artículo 4 de la ley marco de 16 de octubre de 2002 sobre las telecomunicaciones en la República Democrática del Congo, el diputado nacional Auguy Kalonji se dirigió al primer ministro para pedirle la supresión del impuesto sobre dispositivos móviles.

“El espíritu del principio de servicio universal”, dijo Kalonji, “obliga a los poderes públicos a prestar a la población servicios de comunicación electrónica a un precio asequible, independientemente de su ubicación geográfica en el territorio nacional”.

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