COVID-19 y la reducción de los límites de la libertad en Jordania

Caricatura que ilustra la reducción de la libertad motivada por el COVID-19. Foto: Rafat Alkhatib | Used with autorización.

En Jordania, las medidas para contener la propagación del COVID-19 llegaron con un aumento en la intimidación a periodistas y restricciones al derecho de expresión de los ciudadanos.

A mediados de marzo de 2020, el Gobierno jordano promulgó la Ley de Defensa 13 (de 1992) para contener la pandemia, que daba al Gobierno amplios poderes para limitar derechos básicos. El entonces primer ministro Omar Razzaz aseguró que la ley “se aplicaría en los límites más estrechos”, y destacó la necesidad de diferenciar entre el derecho  “expresar una opinión” y la “difusión de rumores y noticias falsas que propagarían pánico”, y dijo que a esto último lo enfrentarían “con firmeza”.

Poco después, el Gobierno impuso un confinamiento total de tres días seguidos por un estricto toque de queda diario. Hasta fines de abril, se necesitaba un permiso especial para conducir un auto. En consecuencia, la actividad económica se paralizó.

Desplegar leyes

A mediados de abril de 2020, el Gobierno emitió la orden de defensa 8 que penalizaba la publicación o circulación de noticias en cualquier plataforma, incluidos medios sociales, sobre la pandemia que podrían generar pánico entre la gente. Quienes incurrieran en estas acciones serían pasibles de una multa de 3000 dinares jordanos (4231 dólares estadunidenses) y hasta tres años de prisión.

Esta presión del Gobierno sobre los ciudadanos está autorizado por el artículo 15.4 de la Constitución del reino, que autoriza al Gobierno, luego de declarado el estado de emergencia o la ley marcial, a imponer “censura limitada” sobre la prensa en asuntos relacionados con la imprecisa “seguridad pública” y “defensa nacional “.

Los arrestos empezaron a comienzos de abril. Luego de la publicación de una informe que daba cuenta de las dificultades financieras de los jornaleros durante el confinamiento, Faris Al-Sayegh, director general de Ro’ya TV, y el periodista Muhammad Al-Khalidi, fueron arrestados y luego liberados bajo fianza.

Otros que documentaron las dificultades de las comunidades marginadas durante el COVID-19 tuvieron destinos peores. Salim Akash, periodista bangladesí y reportero del sitio web Jago News, fue arrestado a mediados de abril y Jordania lo acusó de infringir la ley de telecomunicaciones y antiterrorismo después de las noticias que circularon en Facebook que destacaban las dificultades de los trabajadores migrantes bangladesíes durante el confinamiento. El Ministerio del Interior de Jordania emitió una orden para deportar a Akash, que quedó en prisión en Jordania.

Horizontes reducidos

Pronto, arrestos fueron más allá del ámbito del COVID-19. El 17 de mayo de 2020, el activista de derechos animales Ali Sarsour quedó detenido después de varias publicaciones en Facebook. En una publicación, Sarsour elogiaba a la reina de Jordania, cuyo apellido dice compartir —vínculo que la reina Rania consideró ofensivo— pues el apellido se traduce como “cucaracha” en árabe. En otra publicación, Sarsour anunció que bautizó a su perro como el entonces ministro de Salud. Lo acusaron de un delito de lesa majestad, difamación o insulto a un miembro de la familia real y de insultar a un ente oficial. Quedó detenido más de 60 días antes de quedar libre bajo fianza.

La reina Rania al-Abdullah del Reino Hachemita de Jordania, integrante de la Junta de la Fundación del Foro Económico Mundial, y el rey Abdullah II Ibn al-Hussein, rey del Reino Hachemita de Jordania, durante la reunión anual de 2010 del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), el 29 de enero de 2010. Foto del Foro Económico Mundial (CC BY-NC-SA 2.0).

En junio, en un artículo de opinión por el día de la independencia de Jordania pero criticaba la dependencia de Jordania en influencias occidentales e israelíes llevó una semana a prisión a su autor, Saeed Thyab, secretario general del Partido de la Unidad Popular Democrática Jordana. El partido fue fundado en la década de 1990, y es un partido político socialista que defiende el nacionalismo palestino.

En julio, el cierre del sindicato de maestros generó protestas durante meses en el reino. Una orden gubernamental de mordaza reprimió todas las noticias relacionadas con las protestas durante agosto. También se observó desaceleración de la red durante las protestas. Antes eran muy raros, pero ahora los bloqueos a los medios se han vuelto comunes para silenciar a los periodistas, y para limitar las investigaciones y el debate público. Luego, Basil Okour, editor en jefe de jo24.net, fue arrestado por violar la orden de mordaza por informar sobre la reacción del pueblo al cierre del sindicato.

Un caso más popular fue el del caricaturista jordano Emad Hajjaj. Hajjaj fue arrestado el 26 de agosto de, 2020, después de una caricatura que criticaba el acuerdo de entre Emiratos Árabes Unidos e Israel que retrataba el príncipe heredero de Abu Dhabi. Lo acusaron de “perturbar las relaciones de [Jordania] con un estado extranjero”, y lo transfirieron a la Corte de Seguridad del Estado, corte reservada para casos extremos como tráfico de drogas y terrorismo. Aunque quedó en libertad bajo fianza cinco días después, su arresto se considera un deterioro. Fue la primera detención de Emad, a pesar de varias controvertidas caricaturas previas, como las que ilustraban a otras cabezas de Estado.

El 20 de septiembre de 2020, Badi al-Rafaiah, destacado miembro a del Frente Acción Islámica, la Hermandad Musulmana jordana, fue arrestado acusado de “insultar a un jefe de Estado extranjero” y lesa majestad. Su detención, que se produjo en el contexto de meses de publicaciones en Facebook y retuits, coincidió con los preparativos para las elecciones parlamentarias jordanas en las que la hermandad participaba, lo que levantó sospechas de la motivación política del arresto.

No era solamente que la publicación de Badi en Facebook tenía casi seis meses, sino que no era un texto original: su publicación respaldaba las oraciones de otra persona de que el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, hubiera contraído COVID-19 de un oficial militar egipcio que murió por el virus. Rafaiah quedó en libertad bajo fianza días después.

Fadi al-Qadi, especialista de información pública y derechos humanos de Medio Oriente, comentó las acusaciones contra Badi:

Esto es lo que está sucediendo hoy en Jordania, mientras las calles se llenan de llamados a participar en las elecciones parlamentarias para que Jordania parezca democrática y legalice el Parlamento y sus resultados, se persiguen de manera clara y lamentable las verdaderas manifestaciones de la democracia y lo que está garantizado constitucionalmente por la libertad de expresión y participación política.
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La acusación de “insultar” al jefe de un país extranjero y hermano (en este caso, Sisi) es una acusación vergonzosa, no contra Badi al-Rafaiah, sino contra cualquier sistema legislativo y legal que invoque el derecho del pueblo para expresar cualquier opinión pacífica.

Más recientemente, el fiscal de la Corte de Seguridad del Estado ordenó el arresto de Jamal Haddad por publicar un artículo que cuestionaba si a los funcionarios gubernamentales les habían aplicado la vacuna del COVID-19 antes que al público en general. El Gobierno acusó a Haddad según la ley antiterrorismo. Quedó libre bajo fianza el 29 de diciembre de 2020, luego de protestas encabezadas por periodistas locales.

Para describir las acusaciones contra Haddad, Ghada al-Sheikh, periodista especializada en derechos humanos, tuiteó:

La mayor bofetada en el arresto de nuestro colega Jamal Haddad es que su arresto por orden del Tribunal de Seguridad del Estado y las acusaciones en su contra son una vergüenza que se atribuye a cualquier periodista mientras estamos a las puertas del 2021. Estamos dando saltos hacia atrás y no pasos. No a la cárcel de periodistas.

El 28 de diciembre de 2020, el abogado Mohamad Almajali fue acusado de lesa majestad, de insultar a un organismo oficial y de influir en el proceso electoral por haber presentado su opinión legal sobre la firma del decreto real que aprobaba las elecciones generales de 2020. Su caso sigue en curso.

En reacción al caso de Almajali, Hala Deeb, abogada defensora de derechos humanos, tuiteó sarcásticamente “el cielo es el límite”, en referencia a la reciente declaración del primer ministro Bisher al-Khasawneh de que “el cielo es el límite cuando se trata de la libertad de expresión en Jordania”.

Estas detenciones, tan abundantes como son, han atraído la atención pública por lo destacado de los involucrados. Puede haber otros cuyos arrestos han pasado desapercibidos.

Antes de COVID-19, las líneas rojas del discurso de Jordania eran en gran parte discernibles, delimitadas por un laberinto de códigos legales que incluían la Ley de Delitos Cibernéticos, el Código Penal, la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley Antiterrorista y la Ley de Telecomunicaciones.

A lo largo de los años, los periodistas y activistas han establecido un sentido general de lo que podría meterlos en problemas, y en su mayoría quedaron conformes. Según un estudio de 2018, más del 92 % de los periodistas practicaban la autocensura. Sin embargo, las detenciones de 2020, avivadas por un clima de alarma de COVID-19, los desvió del rumbo, e indicaron que Jordania está siguiendo los pasos sombríos de países vecinos opresivos, como Arabia Saudita y Egipto, que detienen a periodistas y defensores de los derechos humanos con cargos vagos, infundados y a menudo de terrorismo.

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