Del confinamiento al cierre: Cómo COVID-19 asfixia los derechos digitales en Zimbabue

Policía con mascarilla habla con un conductor en control de Bulawayo (Zimbabue), 20 de abril de 2020. Foto de KB Mpofu/ILO en Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

La mañana del 30 de julio de 2020, los zimbabuenses se despertaron con la presencia de soldados fuertemente armados listos para aplastar las manifestaciones antigubernamentales que se habían convocado para el día siguiente. No se permitía a nadie entrar en el distrito empresarial central. La explicación oficial fue que se habían prohibido las protestas con la intención de frenar el avance del coronavirus.

Unos días antes, los medios sociales —sobre todo WhatsApp y Twitter— hervían de ciudadanos que difundían cómo descargar aplicaciones de VPN (redes privadas virtuales), por si se diera el caso de que el Gobierno volviera a clausurar internet, como hizo durante las protestas de enero de 2019.

El COVID-19 y las consecuentes políticas promovidas han tenido implicaciones de gran alcance sobre los derechos digitales y la libertad de medios en Zimbabue.

El 20 de marzo de 2020 se declaró en Zimbabue el estado de desastre, después de que la Organización Mundial de la Salud declarase el COVID-19 como pandemia. En consecuencia, se legisló el confinamiento nacional y se prohibieron las reuniones con el Instrumento Estatutario (SI) 83 de 2020 titulado “Orden de Salud Pública (prevención, contención y tratamiento del COVID-19) (confinamiento nacional), 2020″.

Aunque el instrumento estatutario anuló las protestas planeadas para julio, las autoridades han utilizado esta legislación concreta para reprimir los derechos digitales y otras libertades civiles protegidas por la Constitución

Derechos digitales, bajo asedio

El Gobierno de Zimbabue está en la cuerda floja desde enero de 2019, cuando las protestas contra el Gobierno se volvieron violentas y se produjeron varias muertes a causa del exceso de fuerza que ejercieron las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

El Gobierno intensificó sus reglamentos contra el COVID-19 cuando comenzaron a circular planes de protestas en internet.

El ardid de utilizar el COVID-19 como excusa para reprimir derechos digitales empezó el 20 de julio, cuando los titulares de los medios anunciaron que se había procesado por incitación a la violencia pública a un periodista zimbabuense que había expuesto supuestas corrupciones del Gobierno relacionadas con el suministro de medicamentos contra el coronavirus.

El periodista Hopewell Chino’ono informó de un fraude de 60 millones de dólares estadounidenses relacionado con el suministro de equipos de protección contra el coronavirus, lo que condujo al arresto y cese del ministro de Salud, Obadiah Moyo.

Hopewell enfrenta cargos de incitación a la violencia pública supuestamente por pedir el fin de la corrupción antes de las protestas antigubernamentales convocadas para el 31 de julio.

Nick Mangwana, secretario permanente del Ministerio de Información, dijo que nadie, ni los periodistas, está por encima de la ley.

No hay profesión que esté por encima de la ley.
– Los periodistas no están por encima de la ley.
– Los abogados no están por encima de la ley.
– Médicos y enfermeros no están por encima de la ley.
– Políticos y banqueros no están por encima de la ley.
Cualquier sospechoso de haber cometido un delito debe ser sometido a debido proceso.

El 20 de julio fue arrestado Chino’ono junto con Jacob Ngarivhume, líder de un pequeño partido opositor llamado Transformar Zimbabue, supuestamente por participar en la planificación de una manifestación antigubernamental.

Ngarivhume compareció ante el tribunal el 22 de julio, acusado de planificar para incitar a la violencia pública. Ambos arrestos están vinculados a tuits que el Estado considera provocadores.

Se les acusa de violar la sección 187 (1) (a) y la sección 37 (1) (a) (i) del Código Penal (codificación y reforma), capítulo 9.23, “incitación a participar en violencia pública”.

El día en que Chino’ono fue detenido, su cuenta de Twitter fue suspendida, aunque no está claro quién lo hizo.

El instrumento estatutario 83 está vigente desde mayo. Además, el presidente Emmerson Mnangagwa declaró un toque de queda que restringe los movimientos de la gente, supuestamente para detener el avance de los contagios de COVID-19 en el país.

Los activistas afirman que esta maniobra estaba claramente destinada a detener las manifestaciones antigubernamentales planeadas para el 31 de julio. Anticipándose, las fuerzas de seguridad desplegaron un impresionante operativo para atajar las protestas.

Dewa Mavhinga, director de Human Rights Watch para el sur de África, dijo a Global Voices que efectivamente, el Estado había convertido la ley en arma para silenciar la disidencia:

The Zimbabwe authorities have been using the COVID-19 pandemic as an excuse to clampdown on the opposition and deny citizens their rights, particularly crushing the right to peaceful protests even where those protests comply with COVID-19 regulations.

The arrest and detention of journalist Hopewell Chin’ono is harassment, it is persecution through prosecution meant to silence other journalists through fear.

Las autoridades de Zimbabue han utilizado la pandemia de COVID-19 como excusa para reprimir a la oposición y negar a los ciudadanos sus derechos, y sobre todo aniquilar el derecho a la protesta pacífica, aunque esas protestas cumplan las regulaciones del COVID-19.

El arresto y retención del periodista Hopewell Chin’ono es acoso, es persecución mediante el enjuiciamiento destinada a silenciar a otros periodista por miedo.

Chin'ono fue arrestado por tercera vez en cinco meses el 9 de enero, por otro tuit controvertido.

Análisis profundo de la ley

Algunos expertos argumentan que el interés de la salud pública supera a la protección de los derechos humanos, y de ahí, la necesidad de una severa represión por parte de la Policía y el Ejército de los ciudadanos que violan la reglamentación del confinamiento no solo en Zimbabue sino en todo el continente africano.

En respuestas por correo electrónico, la portavoz de la Dirección General de Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Comisión Europea, Gesine Knolle, dijo que en circunstancias de emergencia, la ley internacional de Derechos Humanos permite a los Estados limitar algunos de dichos derechos, pero solo si estas medidas son necesarias, proporcionadas, por tiempo limitado y no discriminatorias.

“Tenemos que prestar especial atención al impacto que la crisis tiene en los derechos humanos, y en concreto, en las mujeres y las personas más vulnerables”, dijo Knolle.

En Zimbabue, la sección 14 del instrumento estatutario 83 prohíbe la publicación o comunicación de noticias falsas sobre el trabajo realizado en cumplimiento de obligaciones de cualquier funcionario público o miembro de las fuerzas de seguridad que se ocupe de hacer cumplir o implementar el confinamiento nacional, o sobre cualquier otra persona, cuando la falsedad perjudique la aplicación del confinamiento nacional por parte del estado.

Los que infrinjan estas reglamentaciones enfrentan hasta 20 años de prisión.

El activista Adolf Mavheneke dijo a Global Voices que el instrumento estatutario prohíbe específicamente la comunicación de falsedades cuando tengan el efecto de perjudicar la aplicación del confinamiento nacional por parte del Estado:

Unfortunately Section 14 of the SI has grossly been misunderstood to have a blanket effect on media freedom. It is nowhere near an embargo on the generality of press freedom. … However, falsehoods are a criminal offense under Section 31 of the Criminal Law [Codification and Reform] Act [Chapter 9:23] to the extent that they are prejudicial to the state.

Lamentablemente, la sección 14 del instrumento estatutario se suele malinterpretar con la intención de que abarque por completo la libertad de medios. No es ni de lejos una prohibición a la libertad de prensa (…). No obstante, según la sección 31 del Código Penal, las falsedades son un delito si resultan perjudiciales al Estado.

Esto es así porque las falsedades tienen el potencial de causar desórdenes públicos, y consecuentemente, podrían socavar la gobernabilidad pública en lo que respecta a la labor del Estado para implementar el confinamiento por la pandemia.

“Por desgracia, ni en el instrumento estatutario 83 ni en la sección 31 del Código Penal se define qué son las declaraciones falsas ni en qué punto se convierten en perjudiciales para el Estado, por lo que queda a la interpretación de un tribunal”, dijo Mavheneke.

También señaló que el Gobierno recurre a las reglamentaciones sobre la pandemia para reprimir la disidencia y otras libertades fundamentales.

“Las reglamentaciones de emergencia de salud pública por la pandemia se han convertido en una bendición disfrazada para un régimen desgastado por la falta de efectividad y legitimidad”, dijo Mavheneke.

Precedentes excepcionales

Los activistas de derechos digitales insisten en que las tecnologías digitales son críticas durante la pandemia, y deben permanecer independientes. Digital Freedom Fund (Fundación de Libertad Digital, DFF), grupo europeo litigante por los derechos digitales, señala que las autoridades siguen tomando decisiones que afectan las tecnologías digitales sin reflexionar sobre su intrincado y duradero impacto en los derechos humanos.

“Por eso los activistas, la sociedad civil y los tribunales deben estudiar cuidadosamente estas nuevas cuestionables medidas, y asegurarse de que, incluso durante una pandemia global, los Estados cumplen las leyes internacionales de derechos humanos”, dice DFF.

El 12 de octubre, el presidente Mnangagwa, dirigiéndose a los delegados del partido gobernante Zanu-PF en su sede general de Harare, dijo que el Gobierno había conseguido rastrear las ubicaciones de sospechosos acusados de atacar al Gobierno desde los medios sociales en relación con las protestas del 31 de julio.

La declaración de Mnangagwa es una nueva afrenta a la privacidad digital en medio de un repunte en las tácticas de vigilancia: más o menos en ese momento, el comandante del Ejército Edzai Chimonyo anunciaba que los militares comenzarán pronto a escrutar las comunicaciones de los ciudadanos en un esfuerzo por luchar contra la subversión.

Los derechos digitales de Zimbabue ya estaban bajo ataque antes del estallido del COVID-19. Pero mientras se implementaban las reglamentaciones de la pandemia y después, el Estado ha utilizado de forma efectiva leyes específicas —algunas existentes y otras nuevas de la era COVID-19—para cercenar derechos digitales con el pretexto de aplicar las normativas de control de la pandemia en Zimbabue.

Este artículo forma parte de una serie en la que se examinan las interferencias en los derechos digitales durante confinamientos y otras circunstancias causadas por la pandemia de COVID-19 en nueve países africanos: Uganda, Zimbabue, Mozambique, Argelia, Nigeria, Namibia, Túnez, Tanzania y Etiopía. El proyecto está financiado por la Fundación para los Derechos Digitales en África de Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (Colaboración en Políticas de TCI para el este y sur de África, CIPESA).

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