Lucha de Túnez contra el COVID-19 revela el terreno movedizo de derechos digitales

La medida de Túnez, Túnez, 16 de juio de 2020. Foto de Citizen59 vía Flickr (CC BY-SA 2.0).

Al 19 de enero de 2012, cuando Túnez completaba el cuarto día de confinamiento para controlar la segunda ola del coronavirus, las protestas contra el toque de queda se habían vuelto violentas y llevaron al arresto de 630 personas, en su mayoría jóvenes.

Aunque Túnez ha recibido elogios como una historia de éxito en su transición de levantamiento a democracia, y, durante toda la pandemia, las autoridades han recurrido a trucos históricos con leyes imprecisas para contener la libertad de expresión y limitar el derechos a la información de los ciudadanos.

A comienzos de marzo de 2020, el Ministerio de Saud de Túnez dio cuenta del primer caso confirmo de coronavirus del país. Ese mes, el presidente Kais Saied anunció un toque de queda combinado con confinamiento y otras medidas restrictivas para contener la propagación del virus.

En mayo, cuando la cantidad de contagios diarios de COVID-19 se redujo a cero casos, el Gobierno empezó a flexibilizar gradualmente las restricciones. Sin embargo, con otro aumento de casos de COVID-19 en octubre de 2020, muchos hospitales informaban que estaban al total de su capacidad, y las autoridades impusieron nuevas medidas restrictivas.

A la vez que la pandemia, Túnez enfrenta una escena política cambiante e inestable. A lo largo de 2020, se designaron cuatro ministros de Salud, y hubo tres reorganizaciones ministeriales en el Gobierno. Esos frecuentes cambios afectaron la comunicación general sobre el COVID-19.

Falta de información de salud pública durante la crisis

La Constitución de Túnez garantiza el derecho de acceso a la información, y la aprobación del Parlamento en 2016 de una ley de acceso a la información lo consolida.

En enero de 202, cuando las noticias de los contagios de COVID-19 en Europa inundaban los medios, la ministra de Salud, Sonia Ben Cheikh, comunicó medidas preventivas en las fronteras para controlar el virus. Pero esta comunicación de crisis se vio limitada a conferencias de prensa y discursos casi siempre tardíos.

Por parte de la sociedad civil, diversas iniciativas conjuntas para brindar información fundamental al público tuvo como resultado proyectos como covid-19.tn, portal en línea que ofrece las últimas noticias e información sobre COVID-19.

El Ministerio de Salud sigue haciendo publicaciones diarias en Facebook, la plataforma de medios sociales más usada en Túnez. Estas actualizaciones abarcan casos nuevos, confirmados, muertes, recuperaciones, hospitalizaciones y casos por región. Sin embargo, las actualizaciones dan poca información sobre capacidad hospitalaria, o no la brindan.

En septiembre, cuando aumentó la cantidad de nuevos casos confirmados, esas publicaciones de Facebook empezaron a recibir críticas por supuestas irregularidades, cuando combinaron estadísticas y dejaron de incluir actualizaciones por región, que era un factor significativo para determinar toques de queda y confinamientos.

El Ministerio de Salud volvió a brindar información luego de un pedido de acceso a la información de la organización de la sociedad civil I Watch Tunisia. Los expertos criticaron la falta de coordinación entre instituciones.

El 17 de de enero, Adnen Aswad, presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pidió a las instituciones de salud pública que “dieran más información detallada y clara sobre las medidas de confinamiento y restricciones”.

Aswad también dijo que la comunicación requerida con los ciudadanos “no está en el nivel requerido”, lo que llevó a “confusión entre ciudadanos, caos, y afectó la confianza de los ciudadanos en estas instituciones, y perturbó el trabajo de periodistas y la sociedad civil, por retener información correcta”.

Tolerancia cero a las críticas

Cuando la emergente crisis de salud empezó echar una sombra  una economía ya estancada, en espacios digitales los ciudadanos iniciaron un intercambio más crítico sobre la pandemia. Pero el Gobierno recurrió al Código Penal para reprimir críticas por medidas para coronavirus en un intento de controlar la narrativa del coronavirus.

En 2020, dos blogueros fueron enjuiciados por cuestionar la integridad de autoridades locales.

A la bloguera Hajer Awadi la acusaron de “insultar a un funcionario civil” y por “causar ruido y perturbar el público”, según los artículos 125 y 316 del Código Penal, respectivamente, después de que publicó un video en su cuenta personal de Facebook en el que criticaba la corrupción del Gobierno y la mala distribución de alimentos básicos en su región. La corte de primera instancia la sentenció a 75 días de prisión suspendida, después de estar detenida una semana.

En un caso similar, en abril de 2020, el bloguero Anis Mabrouki publicó un video en su página de Facebook de una multitud que protestaba en la ciudad de Tebourba frente a la oficina cerrada del alcalde contra el Gobierno por su fracaso para distribuir ayuda financiera. Según los artículos 128 y 316 del Código Penal también fue acusado de “causar ruido y perturbar el público” y “acusar a funcionarios públicos de delitos relacionados con su trabajo sin dar una prueba de culpa”. Ambos artículos figuran en el capítulo cuatro del Código Penal de Túnez, titulado “Ataques contra autoridades públicas”.

El artículos 128 sanciona hasta con dos años de prisión y una multa a todo aquel que acuse a un funcionario público de actos ilegales. Mabrouki fue arrestado 15 días hasta que la corte lo absolvió el 30 de abril de 2020.

Ambos casos tuvieron poca cobertura de la prensa, en parte porque ocurrieron en medio de la crisis y en regiones del interior, y porque el contenido no se relacionaba con figuras públicas conocidas.

Defectos del marco legal

Aunque la Constitución de Túnez de 2o14 garantiza el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, el derecho de acceso a la información y redes de comunicación, y el derecho a la libre expresión y libertad de prensa, las autoridades han encontrado útiles herramientas en antiguos textos legales que siguen siendo relevantes ante la falta de una corte constitucional.

Aún no se ha establecido una corte constitucional, donde los demandados puedan apelar al enfrentar proceso según leyes inconstitucionales. Es un requisito constitucional, pero ya son ocho veces que el Parlamento no ha podido elegir tres miembros con la mayoría de dos tercios que exige la ley. Eso ha impedido que el presidente y el Consejo Judicial supremo designe a otros miembros.

El debate para reformar y revocar leyes represivas empezó en 2011, con el gobierno interino y con la vigencia de la Constitución de 1959, pero siguen vigentes muchos textos y decretos legales que contradicen la Constitución de 2014 y violan derechos humanos.

Muchos activistas, blogueros, periodistas y usuarios de medios sociales han sufrido acoso, intimidación, prisión y otras sanciones según estas leyes.

En un reciente informe, Amnistía Internacional revisó 40 casos de tunecinos investigados o procesados por las autoridades tunecinos entre 2017 y 2020, en relación a discurso pacífico en línea según el Código Penal, el Código de Telecomunicaciones y el Código de Prensa.

Estas disposiciones —contenidas en muchos textos legales— dieron la fachada de legalidad al antiguo tegmen de Ben Ali para restringir libertades, interferir en procesos judiciales y reprimir toda oposición política.

La transición democrática tunecina sigue siendo frágil en tanto estas leyes sigan sin modificarse. Los ciudadanos seguirán a merced de las autoridades que aplican legislación redactada de manera imprecisa.

Por ejemplo, el Código de Telecomunicaciones afirma en su artículo 86 que toda persona a quien se declare culpable de “usar redes de comunicación pública para insultar o perturbar a otros” podría pasar hasta dos años en prisión y tal vez recibir una multa”.

“Los códigos legales de Túnez están llenos de leyes imprecisas que las autoridades usan para penalizar la libre expresión y silenciar las voces críticas”, dijo Eric Goldstein, director interino de Medio Oriente y norte de África de Human Rights Watch.

Los actuales desafíos en Túnez van más allá de la crisis de salud, afectan asuntos sociales, económicos y políticos. La información pública y veraz es vital para guiar a los ciudadanos en una crisis de salud y para evitar la difusión de información equivocada.

Los esfuerzos de Túnez para controlar la narrativa de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en los derechos digitales de los ciudadanos.

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