Un ciudadano sostiene su teléfono durante sesión de investigación en Lagos, Nigeria, septiembre de 2016. Foto de ARipstra [1] (WMF) a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 [2]).
Durante la pandemia de COVID-19, los Gobiernos tomaron medidas extraordinarias para impulsar la tecnología para combatir el virus. Además de los confinamientos, muchos países africanos, como Nigeria, siguieron la tendencia global de aplicar medidas de rastreo de contacto para vigilar a quienes hayan estado en contacto con un infectado.
A primera vista, la proliferación de aplicaciones de rastreo de contacto —tanto públicas como privadas— aparentan ser inofensivas y honradas. Pero la historia de espionaje de Nigeria postula serias preguntas acerca de cómo el Estado podría incrementar sus capacidades para rastrear y poner en la mira a los ciudadanos con esas tecnologías durante la pandemia.
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En junio de 2020, Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC, Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo) desarrolló [4] una aplicación de rastreo de contacto para implementar de manera inmediata en todas sus locaciones de Nigeria.
Otras dos aplicaciones, Stay-Safe.NG [5]y Rapid Trace [6] fueron elaboradas por actores privados. Global Voices no pudo adquirir ninguna información actualizada acerca de la eficacia de estas aplicaciones ni de cómo se recolectan o almacenan los datos.
Para comprender la razón por la que los activistas por los derechos digitales están tan preocupados por las últimas aplicaciones de rastreo de contacto, es preciso poner de relieve el contexto histórico de espionaje de Nigeria.
Una historia de espionaje
El Gobierno nigeriano nunca admitió abiertamente sus aptitudes para el espionaje; pero en agosto de 2019, aprobó y promulgó [7] la Ley Federal de Asistencia Mutua en Asuntos Penales que permite al Estado a actuar en representación de otros países para vigilar a aquellos ciudadanos que se encuentren bajo investigación penal.
Un informe [8] de Paradigm Initiative sobre derechos digitales y privacidad en Nigeria detalla cómo el Gobierno nigeriano destinó enormes sumas de dinero para actividades de espionaje de manera consistente, desde 2013 hasta la fecha.
Tan solo en 2020, el Gobierno de Nigeria destinó fondos para un gasto estimado en 9000 millones de nairas ($22.8 millones de dólares) en tareas relacionadas con espionaje o equipamiento. En 2017, gastó cerca de 46 000 millones de nairas ($127.6 millones de dólares) en insumos para vigilancia, según un documento del presupuesto nacional [9].
Un débil sistema de responsabilidades que controle a las fuerzas policiales y de seguridad en cuanto al uso de esta tecnología permite frecuentes abusos de poder.
Una investigación de 2015 [10] realizada por Premium Times descubrió cómo algunos gobernantes nigerianos obtuvieron dispositivos espías de avanzada, supuestamente, para combatir la delincuencia. Sin embargo, estas tecnologías se usaban para jugar «Big Brother» (Gran Hermano) con los habitantes de sus respectivos estados, en especial con opositores políticos activos.
En diciembre de 2016, exgobernador Ayodele Fayose del estado de Ekiti acusó al Servicio de Seguridad del Estado de intervenir su teléfono y filtrar una conversación privada [11] con un colega. Además, lo acusó de grabar conversaciones telefónicas de nigerianos considerados opositores al presidente Muhammadu Buhari y su gobierno, representado por el partido All Progressives Congress (Congreso de Todos los Progresistas).
En 2018, hubo denuncias en diversos informes de noticias de intervenciones masivas de teléfonos móviles en Abuja [12], la capital del país. Las sospechas de que el Gobierno posee la capacidad de implementar estas tácticas se incrementaron luego de que se incluyó equipamiento de vigilancia en las asignaciones presupuestarias.
En octubre de 2019, el Comité para Proteger Periodistas informó [13] que las fuerzas militares nigerianas utilizan las tecnologías de vigilancia para espiar a civiles y periodistas. Según el informe, el Ejército nigeriano obtuvo tecnología forense diseñada para obtener información de teléfonos y computadoras. El informe también menciona el hecho de que el Gobierno nigeriano ha gastado al menos 127 000 millones de nairas (322 millones de dólares) en equipos de vigilancia y seguridad.
Además de las medidas antes mencionadas, el Foro de Gobernadores de Nigeria colaboró con MTN [14], una de las compañías de telecomunicaciones líderes de Nigeria, “para mitigar el efecto de la pandemia por COVID-19 al extraer datos de sus usuarios … para obtener un perfil de la vulnerabilidad de los Estados por la propagación del coronavirus”.
Falta de voluntad política
A pesar del aumento de las capacidades de vigilancia, Nigeria no cuenta con legislación integral de privacidad y protección de datos, y carece de la voluntad política para lograrlo en el corto plazo.
En septiembre de 2020, el Gobierno anunció un anteproyecto de ley para la protección de datos y convocó a participar a las partes interesadas. Sin embargo, Nigeria ha fallado en aprobar proyectos de ley similares a la protección de datos, desde la séptima y octava Asambleas Nacionales, en 2011-2015 y 2015-2019, respectivamente.
La octava Asamblea Nacional aprobó una ley de libertad y derechos digitales [16] que apunta a garantizar los derechos humanos en línea o fuera de línea, y que brinda protección contra el abuso y oportunidades de compensación, pero el presidente Buhari no la firmó.
Los legisladores esperan aprobarla en la novena Asamblea de 2019-2023, pero existen temores justificados de que Buhari podría rechazarla otra vez, dado el fracaso del intento anterior. La ley de libertad y derechos digitales busca asegurar el derecho a la privacidad en línea y dotar al Poder Judicial del marco necesario que proteja los derechos humanos en línea.
En enero de 2019, la Nigerian Information Technology Development (Agencia Nacional de Desarrollo de Tecnología de la Información de Nigeria, NITDA), publicó una regulación de protección de datos [17], pero carece de información acerca de su puesta en práctica. El organismo ha emitido tres marcos de implementación para la misma regulación desde que se publicó.
El exiguo marco regulatorio en torno a la protección de la privacidad es el vacío legal que el Gobierno nigeriano ha utilizado constantemente para vulnerar los derechos de privacidad de los ciudadanos, la sociedad y los medios de comunicación.
La Resolución A/HRC/RES/34/7 [18] del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital fue adoptada en marzo de 2017, y exhorta a todos los estados «a revisar sus procedimientos, prácticas y legislación de vigilancia en las comunicaciones…» con el fin de ratificar los derechos de privacidad protegidos por la legislación internacional.
El desarrollo de aplicaciones de rastreo de contacto y otras medidas, tales como el colaboracionismo con las compañías de telecomunicaciones, genera fundada preocupación con relación a que el Gobierno tome ventaja para la toma de medidas drásticas contra los derechos digitales de los ciudadanos, aún después de que finalice la pandemia.
Efectos de la COVID-19 — más allá del total de víctimas
La aplicación de restricciones por COVID-19 en Nigeria estuvo marcada por la fatal represión y otras violaciones a los derechos humanos. Para la segunda semana de confinamiento, las fuerzas de seguridad habían matado más nigerianos que el COVID-19, según [19] un informe de la BBC.
En otro de los incidentes reportados, el periodista nigeriano Kufre Carter fue arrestado por un mes [20] por acusaciones de difamación y conspiración por sus críticas al manejo de la crisis generada por la COVID-19 en el estado sureño de Akwa Ibom.
Los periodistas que documentaron evidencia de la violencia policial durante el confinamiento fueron castigados. Un tribunal de magistrados en Abuja sentenció a la periodista [21] Emma Bricks Oko a tres horas de trabajo comunitario más una multa por 5000 nairas (cerca de 12 dólares) por filmar la crueldad de un policía durante la implementación de la orden de cuarentena.
Cuando las protestas masivas contra la violencia policial coincidieron con la pandemia en octubre de 2020, la vigilancia selectiva se extendió hacia miembros del movimiento social descentralizado conocido como #EndSARS (fin al SARS), que convoca a la disolución del violento el Escuadrón Especial Antirrobo (SARS).
El Gobierno negó [23] oficialmente haber registrado a activistas de #EndSARS en una lista de exclusión, pero otras versiones [24] confirmaron el papel del Gobierno en atacar a los manifestantes con tácticas de espionaje, como el rastreo de manifestantes a través de sus contactos telefónicos. El militante Eromosele Adene enfrenta actualmente un juicio [25] tras haber sido rastreado, arrestado y acusado por su participación en las protestas.
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [26] acerca de las violaciones a los derechos de las personas durante el confinamiento por COVID-19 muestra que se recibió un total de 105 quejas por parte de 24 estados nigerianos, incluida la capital federal. El informe documentó 14 violaciones al derecho a la libertad de traslado, arrestos y detenciones ilegales, 11 incidentes de incautación y confiscación en propiedades, 19 casos de extorsión, entre otros.
El verdadero impacto de la pandemia por COVID-19 va más allá del número de víctimas. Con ese pretexto, el Gobierno ha alentado y fortalecido sus tareas de espionaje. Activistas, medios de comunicación y la oposición se han vuelto más vulnerables a ataques de las autoridades. Las pérdidas reales solo se podrán contar cuando la pandemia termine, y cuando se puedan estimar las consecuencias visibles.
Una legislación eficaz que promueva los derechos digitales, la privacidad y protección de datos fortalecerá los sistemas de responsabilidad y transparencia.
¿Podrá alguna vez Nigeria aprobar la legislación necesaria para atenuar la amenaza de un Estado de espionaje total?
Este artículo forma parte de una serie de publicaciones que analizan la vulneración de los derechos digitales en el contexto de cuarentena y otros ámbitos, en tiempos de la pandemia por la COVID-19 en nueve países africanos: Uganda, Zimbabue, Mozambique, Argelia, Nigeria, Namibia, Túnez, Tanzania y Etiopía. El proyecto cuenta con recursos de Africa Digital Rights Fund (Fondo de Derechos Digitales de África) de Colaboración en Políticas internacionales de TIC en África Sur y Este [27] (CIPESA)—.