El periodista Hopewell Chin’ono y dos opositores políticos, Job Sikhala y Fadzai Mahere, fueron arrestados el 8, 9 y 11 de enero respectivamente por tuitear sobre violencia policial.
Chin’ono, Sikhala y Mahere tuitearon sobre un incidente ocurrido en una parada de taxis en Harare, la capital, cuando supuestamente un policía “había matado a golpes a un bebé al aplicar regulaciones por COVID-19”, cuando la madre llevaba al niño en su espalda, según el diario East African.
“Un video del incidente se hizo viral en el que se ve a la madre llorando al policía que presuntamente atacó y mató a su bebé», informa Zimbabwe Observer.
Cuando arrestaron a Chin’ono y Mahere, tutearon respectivamente sobre su dura experiencia:
They say they are charging me with communicating falsehoods for tweeting that a child had been beaten up and died by a police officer! They are taking me to the Law and a order section at Harare Central Police Station.
— Hopewell Chin’ono #TheGoatWantsItsCameraBack (@daddyhope) January 8, 2021
¡Dicen que me están acusando de comunicar falsedades por tuitear que un policía mató a golpes a un niño! Me llevan a comparecer a una estación de policía central de Harare.
Arrested. This regime will never break my spirit.
We need new leaders.??
— Fadzayi Mahere (@advocatemahere) January 11, 2021
Arrestado. Este régimen nunca romperá mi espíritu.
Necesitamos nuevos líderes.
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Sikhala también alertó al público sobre su inminente detención:
Alert Zimbabwe :
I have received information that the Mnangagwa regime wants to arrest me today for the offence which I don't know. They are alleging that I undermined the authority of the police by Twitting about the kid allegedly assaulted by them. I have alerted everyone.
— HON Job Wiwa Sikhala (@JobSikhala1) January 8, 2021
Alerta Zimbabue:
He recibido información de que el régimen de Mnangagwa quiere arrestarse por la ofensa que no conozco. Sostienen que he socavado la autoridad de la policía con tuits sobre el niño que supuestamente atacaron. He alertado a todos.
Luego, la Policía refutó afirmaciones de que mataron al bebé. Señalaron que el bebé había ido a pasar exámenes médicos y que no tenía heridas que pusieran en peligro su vida.
A los tres los acusaron de publicar o comunicar falsedades prejudiciales al Estado porque contravienen la sección 31(a)(iii) del Código Penal, que dice:
Any person whether inside or outside Zimbabwe publishes or communicates to any other person a statement which is wholly or materially false…realizing there is a real risk or possibility of undermining public confidence in a law enforcement agency…or the Defense Forces of Zimbabwe…shall whether or not the publication or communication results in a consequence referred to (above), be guilty of publishing or communicating a false statement prejudicial to the state and liable to a fine…or imprisonment for a period not exceeding twenty years or both.
Todo aquel que, dentro o fuera de Zimbabue, publique o comunique a otro una declaración que sea total o materialmente falso… y se dé cuenta de que hay un riesgo real o posibilidad de socavar la confianza del público en una autoridad… o las the Fuerzas de Defensa de Zimbabue… sea que la publicación o comunicación tenga como resultado una consecuencia referida a (arriba), será culpable de publicar o comunicar una declaración falsa prejudicial al Estado y pasible de una multa… o prisión por un periodo que no excede de 20 años o ambos.
En caso de ser condenados, pueden enfrentar 20 años de cárcel.
El 18 de enero, Trynos Utahwashe, magistrado de Harare, dictó la libertad bajo fianza tras siete días detenido.
El grupo legal Veritas sostiene que los tres periodistas fueron arrestados ilegalmente y que sus acusaciones fueron inconstitucionales. “¿Entonces por qué se acusa a los tres de contravenir la sección 31(a)(iii), que no es ni ha sido nunca una ley válida?”, afirmó Veritas.
“Se debe entender que la sección no se volvió nula cuando la corte constitucional la declaró nula. Siempre fue nula pues contravenía la anterior Constitución; la declaración judicial fue simplemente una declaración de un hecho legal preexistente», dijo Veritas en una declaración.
La sección 3 de la anterior Constitución afirmaba que “la Constitución es la ley suprema de Zimbabue, y si otra ley es inconsistente con esta Constitución, esa otra ley debe ser nula, hasta donde llegue la inconsistencia”. La sección 2 (1) de la actual Constitución es muy parecida. “¿Entonces por qué se acusa a los tres de contravenir la sección 31(a)(iii), que no es ni ha sido nunca una ley válida?”, dijo Veritas.
La antigua Constitución de Zimbabue se promulgó con la independencia en 1980. Sin embargo, el referéndum del 16 de marzo de 2013 aprobó una nueva constitución para el país.
A Chin’ono y Sikhala les negaron la fianza el 14 de enero. Ambos siguen detenidos, entre temores de que se contagien de COVID-19.
The current pre-trial detentions, delays of proceedings & bail denials without serious charges are questionable, especially in times of #COVID19. The infection risk in jail is high due to overcrowding & lack of hygiene. We know this because we support prisons through @VSOZimbabwe pic.twitter.com/wvSPPmdZPe
— EU in Zimbabwe ?? (@euinzim) January 13, 2021
Las actuales detenciones previas al juicio, demoras de procedimiento y negativas de fianza sin acusaciones serias son cuestionables, sobre todo en tiempos de COVID-19. El riesgo de contagio en la cárcel es alto por la sobrepoblación y falta de higiene. Lo sabemos porque ayudamos en prisiones a través de la entidad de caridad VSOZimbabwe.
Chin’ono ya conoce las cárceles de Zimbabue.
El 20 de julio de 2020, el Gobierno lo arrestó y acusó de incitar a la violencia con tuits de apoyo a las protestas contra el Gobierno, plan que luego fue reprimido por las fuerzas de seguridad el 31 de julio de 2020. El parlamentario opositor Sikhala fue arrestado luego el 21 de agosto de 2020 por promover la misma protesta. A ambos los acusaron de incitar al público a la violencia. Chin’ono y Sikhala quedaron libres bajo fianza en septiembre de 2020.
‘'La impunidad sigue prevaleciendo en violaciones de derechos humanos’
El 19 de enero de 2021, la Misión de la Unión Europea advirtió contra la “impunidad” que ha caracterizado a las violaciones de derechos humanos en Zimbabue:
Two years on, investigations are lacking and impunity continues to prevail on human rights violations perpetrated in #Zimbabwe in January 2019. #NoZIMpunityhttps://t.co/zHMZDmz8aV
— EU in Zimbabwe ?? (@euinzim) January 19, 2021
Declaración del portavoz sobre la situación en Zimbabue.
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Dos años después, no hay investigación y sigue prevaleciendo la impunidad en violaciones de derechos human os perpetrados en Zimbabue en enero de 2019.
El 17 de enero de 2019, estallaron disturbios en todo el país después de que el presidente Emmerson Mnangagwa anunció un súbito aumento del precio de los combustibles del 150 %, que resultó en violentas manifestaciones. Según Human Rights Watch, hasta 17 personas han muerto y hay varios heridos y detenidos arbitrariamente por la excesiva fuerza de las fuerzas de seguridad:
A crackdown by security forces against protests in Jan 2019 resulted in the deaths of 17 Zimbabweans. Two years on we continue to call for accountability and on the govt to enact political and economic reforms that will benefit all Zimbabweans #ActiononReform #StandUp4HumanRights
— UKinZimbabwe (@UKinZimbabwe) January 19, 2021
Represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas en enero de 2019 tuvo como resultado la muerte de 17 zimbabuenses. Dos años después, seguimos pidiendo que se asuman responsabilidades y que el Gobierno aplique reformas políticas y económicas que beneficien a todos los zimbabuenses.
La declaración de la Unión Europea llega en un momento de continuos arrestos de voces discrepantes.
A pesar de un cambio de guardias dirigido por los militares que resultó en la renuncia del gobierno de fallecido Robert Mugabe en noviembre de 2017, el país ha seguido presenciando una serie de casos de abuso de derechos. Esto ha afectado negativamente a la imagen de Zimbabue como destino para inversiones.
Las esperanzas de los ciudadanos de una mejor economía y respeto a los derechos humanos quedaron planteadas con el derrocamiento de Mugabe. Gobernó Zimbabue desde 1980 con puño de hierro.
Sin embargo, cuatro años después del golpe, la situación solamente ha empeorado. La seguridad estatal sigue tratando cruelmente a la principal oposición, con métodos legales y extralegales.