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En no reconocida Transnistria, jubilado enfrenta proceso penal por retórica «antirrusa»

Categorías: Europa Central y del Este, Moldavia, Rumanía, Rusia, Censura, Derecho, Derechos humanos, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, RuNet Echo, El legado de la URSS 30 años después
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Captura de pantalla de la entrevista en video [2] con el imputado, publicada en la página web «Zona de Securitate» que vigila los derechos humanos.

Según registros públicos revelados recientemente, un jubilado de 70 años de Tiráspol está acusado de ofender al presidente de Transnistria y de «negar el papel positivo de las fuerzas de paz rusas» en la no reconocida república.

Las acusaciones contra Mikhail Yermuraki se presentaron en febrero de 2020 después de un desacuerdo que tuvo con el director de una escuela secundaria de Tiráspol, capital de Transnistria, sobre los motivos de la instalación de una placa conmemorativa en las instalaciones de la escuela para honrar a un soldado ruso muerto en Siria.

Además, Yermuraki fue acusado de «incitar al odio interétnico», pero esa acusación fue retirada luego. Este es el primer caso en la república no reconocida que se procesa en virtud de una ley de 2016 que prohíbe a los ciudadanos de Transnistria criticar públicamente la misión de paz rusa. Actualmente, el imputado tiene prohibición de viajar.

El caso salió a luz pública por primera vez en diciembre de 2020 gracias a Nikolay Kuzmin, bloguero rusoparlante que vive en Transnistria, que escribió una nota al respecto en su canal de Telegram [3].

A principios de febrero, la página web moldava en rumano «Zona de Securitate» (Zona de Seguridad), que vigila las violaciones de los derechos humanos en Transnistria, publicó una entrevista [2] con Yermuraki, en la que detallaba lo ocurrido.

Transnistria [4] (o Pridnestrovia) es un estado escindido en la frontera de Moldavia y Ucrania que se separó de Moldavia a principios de la década de 1990 en medio de un conflicto armado [5]. La comunidad mundial y Moldavia no reconocen el estado de facto de Transnistria, pero lo consideran una unidad territorial autónoma dentro de Moldavia con condición jurídico especial. En septiembre de 2016, las autoridades de la autoproclamada Transnistria celebraron un referéndum, a raíz del cual iniciaron los preparativos para unirse a la Federación Rusa. Las fuerzas de mantenimiento de paz rusas tienen una antigua presencia en la república, y la situación en torno a Transnistria se caracteriza a menudo como un «conflicto congelado» [6].

Asegura que la causa penal en su contra se inició a finales de 2019 después de una discusión que tuvo con Tamara Gaydarly, directora de una escuela secundaria local, sobre una placa conmemorativa de la muerte de un soldado ruso que fue alumno de la escuela.

Yermuraki cuenta que durante la conversación privada, la directora le hizo preguntas provocadoras como: «¿Qué existía antes, Moldavia o Rumanía?» y «¿Qué idioma hablas, moldavo o rumano?».

En respuesta, Yermuraki, que ya era conocido en su comunidad por su puntos de vista críticos con las autoridades del país, ofreció a la directora leer un texto suyo en el que exponía su postura.

La directora grabó en secreto el debate y entregó la grabación al Ministerio de Seguridad del Estado del país. Poco después, se abrió la causa penal contra Yermuraki.

En la entrevista, el imputado dijo que fueron sus opiniones críticas sobre el estatus de Transnistria y el papel de las fuerzas de paz rusas las razones de su enjuiciamiento:

Меня обвиняют в трех преступлениях: оскорбление президента ПМР, что категорически запрещено на оккупированной территории России; второе — оскорбление российских миротворцев, которых я называю оккупантами, и третье, наиболее абсурдное из них, — разжигание межнациональной расовой и религиозной ненависти на территории ПМР.

Se me acusa de tres delitos: ofender al presidente de la RMP (República Moldava Pridnestroviana, nombre oficial de Transnistria), lo que está expresamente prohibido en los territorios ocupados por Rusia. En segundo lugar, ofender a las fuerzas de paz rusas, a las que llamo ocupantes. Y en tercer lugar, lo más absurdo, de incitar al odio interétnico y religioso en el territorio de la RMP.

El lado de la Fiscalía

El 5 de febrero, el centro de información legal «Apriori», uno de los pocos grupos de derechos que quedan en Transnistria, publicó un análisis detallado de la acusación penal [7] en el caso de Mikhail Yermuraki.

Según la fiscalía, Yermuraki escribió en 2006 un artículo titulado «Pensamientos sobre lo obvio en la ‘RMP'», en el que exponía opiniones críticas sobre el autoproclamado Gobierno pridnestroviano y la participación de Rusia en el proceso de mantenimiento de la paz.

Durante su debate con la directora de la escuela, según el comunicado de la Fiscalía,Yermuraki utilizó, supuestamente, «una serie de términos ofensivos» para referirse al presidente de Transnistria, como «siervo», «marioneta», así como otras «afirmaciones manifiestamente falsas sobre sus actividades». Esto motivó la acusación en virtud del Artículo 316/1 del Código Penal de Transnistria [8], es decir «ofender al presidente de Transnistria».

Además, la acusación penal sostiene [7] que el representante oficial del presidente de Transnistria en la administración del Estado, T. Kharakhalup, «demostró que el presidente revisó las declaraciones públicas hechas por Yermuraki y las consideró ofensivas, tanto en calidad de ciudadano como de representante de las autoridades, lo que socava su autoridad a los ojos del público y, como tal, consideró que estas acciones eran delictivas».

Durante su interrogatorio en febrero de 2020, según el documento, Yermuraki no se declaró culpable [7] y «explicó que los cargos contra él fueron presentados por una autoridad ilegal [y que son] falsos».

Reacción pública

Los suscriptores del blog de Kuzmin en Telegram no tardaron en reaccionar a la noticia. Alex, uno de los suscriptores, dirigió [3] sus críticas directamente al presidente ruso Vladimir Putin y le reprochó que apoyara tácitamente los esfuerzos de las autoridades de Transnistria que lanzan «casos como este sin sustancia criminal aparente, cuyo objetivo es eliminar el espacio informativo» (se conserva la ortografía y puntuación originales):

И вообще надо быть идиотом, чтоб стать на такой шаткий стульчик, как нелигитимное президентство в ПМР, да ещё размахивать пером, подписывая людоедские законы. Это публицистика. Идиотские мысли в публицистике должны осуждаться читателем и союзом журналистов, а не судом, да еще до пяти лет заключения. Иногда через резкие и радикальные высказывания автор пытается передать градус своего отношения к чему-либо, прекрасно осознавая, что никто и никогда не последует его строкам.

Hay que ser idiota para subirse al tambaleante taburete de la presidencia ilegítima de la RMP y agitar la pluma para firmar leyes tan draconianas. Esto no es más que una redacción de temas de actualidad. Los pensamientos tontos en los ensayos de actualidad deberían ser condenados al olvido por los lectores y el gremio de periodistas, no sancionados por el tribunal con hasta cinco años entre rejas. A veces, un autor puede esforzarse por comunicar el grado de sus opiniones sobre algo mediante declaraciones tajantes o radicales, plenamente consciente de que nadie seguirá su llamado.

El proceso judicial en el caso de Yermuraki está en curso. El imputado enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión. Stepan Popovskiy, abogado del centro de información jurídica «Apriori», afirma [7] que el caso puede llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

У меня не вызывает сомнений, что это дело, если будет вынесен обвинительный приговор, окажется в Европейском суде по правам человека  с жалобой на нарушение ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, среди которых обязательно будет статья 10 Конвенции.

No me cabe duda de que, en caso de que se pronuncie un veredicto de culpabilidad, el caso llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un recurso basado en la violación de una serie de artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, incluido el artículo 10 del Convenio que establece que la libertad de expresión es «necesaria en una sociedad democrática».