Armenia – Plaza de la República, Ereván por Dumphasizer. (CC BY-SA 2.0).

Este artículo apareció originalmente en inglés en OC Media. Una versión editada se publica aquí en virtud de un acuerdo de asociación de contenidos.

Victoria Andreasyan, periodista de Infocom, visitó la provincia armenia de Syunik el 7 de febrero para documentar las historias personales de quienes viven en las proximidades de la frontera de Azerbaiyán. Ella y su camarógrafo fueron detenidos en el punto de control cuando llegaron a la entrada del pueblo fronterizo de Shurnukh.

«Las tropas fronterizas nos dijeron que necesitábamos un permiso del Servicio de Seguridad Nacional para entrar al pueblo», declaró a OC Media. Tres días después del viaje de Andreasyan, el Servicio de Seguridad Nacional anunció que los periodistas necesitaban permiso para trabajar en las zonas fronterizas.

Tras una serie de negociaciones, se permitió la entrada al equipo de Andreasyan, pero «se le prohibió hablar con los habitantes y grabar videos», dijo.

La experiencia de Andreasyan no es un caso excepcional. Desde la firma del acuerdo de paz tripartito al final de la Segunda Guerra del Alto Karabaj el 9 de noviembre, el trabajo de los periodistas en Armenia se ha visto alterado por nuevas y a menudo ambiguas regulaciones y leyes.

En 2021, se presentaron al Parlamento armenio dos proyectos de ley sobre libertad de prensa. El primer proyecto supone quintuplicar las multas por «injurias y difamación», cinco millones de drams (9500 dólares estadounidenses) y 10 millones de drams (19 000 dólares estadounidenses), respectivamente, y ya ha pasado su primera audiencia en la legislatura. El segundo proyecto propone multar con hasta medio millón de drams (mil dólares estadounidenses) a los medios que citen como fuente sitios web o cuentas de redes sociales cuya titularidad no esté reconocida públicamente.

Este último proyecto de ley se considera una respuesta a la creciente popularidad de los canales anónimos en Telegram durante y después de la guerra, algunos de los cuales presentaban tendencias a favor de la oposición y ocasionalmente publicaban desinformación antigubernamental que luego repetían los medios establecidos opositores.

Un tercer proyecto de ley, propuesto por la Fiscalía General de Armenia que aún no se ha presentado al Parlamento, ilegalizaría «insultar o calumniar a figuras del servicio público en relación con el desempeño de sus funciones oficiales». Los culpables enfrentarían multas de hasta tres millones de drams (6300 dólares estadounidenses) o a dos años de prisión.

Una serie de organizaciones armenias de supervisión de medios, como el Centro de Iniciativas Mediáticas, emitió una declaración conjunta en la que denunciaban el proyecto de ley como una «consecuencia lógica de las iniciativas legislativas propuestas por las autoridades en los últimos meses» que «prevén restricciones inaceptables a la libertad de expresión».

«Es imposible ignorar que los funcionarios y algunos políticos perciben a menudo la crítica objetiva de los medios como un insulto, calumnia, e intentan vengarse en los tribunales», afirma la declaración.

Shushan Doydoyan, presidenta del Centro de Libertad de Información y profesora asociada de Periodismo en la Universidad Estatal de Ereván, declaró a OC Media que cree que estas leyes serán contraproducentes en caso de ser aprobadas.

«La sociedad tiene una necesidad de información, y encontrará la forma de satisfacerla», dijo. «Si se prohíbe a los periodistas escribir historias de calidad, ese vacío se llenaría con chismes y mentiras».

Gegham Vardanyan, redactor jefe del Centro de Iniciativas Mediáticas, ONG dedicada a alfabetización de medios, declaró a OC Media que estas leyes sólo crearán un entorno mediático más hostil. «Hace unos años, el propio Tribunal Constitucional recomendó a los tribunales que evitaran aplicar las multas máximas, ya que podría considerarse como presión a los medios», añadió.

Consecuencia de la guerra

El repentino cambio del panorama mediático de Armenia comenzó con la introducción de la ley marcial el 27 de septiembre de 2020, primer día de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Bajo la ley marcial, se prohibió a los periodistas armenios criticar las acciones de los funcionarios del Estado o la actuación del Ejército de Armenia.

Según las fuerzas del orden armenias, 13 medios de prensa y 62 personas fueron multados antes de que se levantaran las restricciones de publicación el 2 de diciembre. Durante la vigencia de las restricciones, unos 600 periodistas extranjeros recibieron acreditación de las autoridades armenias y de Nagorno-Karabaj para trabajar en Nagorno-Karabaj. Solo se suspendió la acreditación de un periodista, Ilya Azar, que publicó una crónica muy crítica del Ejército armenio en la publicación independiente rusa Novaya Gazeta.

Después de la guerra, Karen Harutyunyan, redactora jefe de CivilNet, criticó duramente las restricciones impuestas a los periodistas en tiempos de guerra, que se tradujeron en reportajes que solo «empañaron aún más el ya difuso sentido de la realidad del público».

«El curso de los 44 días de la guerra demostró que el trabajo sin restricciones de los periodistas habría ahorrado al país daños y tragedias mucho mayores», escribió.

Tras el fin de la guerra, el Ministerio de Defensa del país parece mantener una relación tensa con los medios, especialmente a través del silencio. Numerosos medios denuncian que sus solicitudes de libertad de información presentadas al Ministerio de Defensa fueron denegadas con el argumento de que la información solicitada era «secreto de Estado», incluso cuando se trataba de algo tan básico como el número de soldados armenios muertos, heridos o desaparecidos.

Shushan Doydoyan dijo que, en última instancia, teme que la degradación del entorno informativo de la posguerra y la precipitada censura del Gobierno amenacen la libertad de los medios, algo que «Armenia ha conseguido con enorme esfuerzo a lo largo de los años».