Protesta contra el puerto en 2019. Foto de Miriam Arce. Usada con autorización.
Organizaciones civiles peruanas advierten del grave impacto sobre la salud humana y el ambiente que podría tener la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, proyecto impulsado por la empresa china COSCO y Volcan Compañía Minera, empresa extractiva peruana.
COSCO pretende convertir el puerto de Chancay «en un centro neurálgico de Sudamérica y una puerta de entrada al Pacífico», ya que el puerto está situado a 58 kilómetros al norte de Lima, la capital política y empresarial de Perú. Las autoridades portuarias de Chancay afirmaron que el proyecto generará más de 9000 puestos de trabajo, el 90 % de los cuales serán cubiertos por la población local.
El expresidente del Perú Martín Vizcarra dijo en 2019 que, gracias a este proyecto, se espera que el país ofrezca «una de las mejores ofertas portuarias de Sudamérica».
A principios de 2019, COSCO adquirió el 60 % de la participación de Volcan en el puerto de Chancay, cuyo valor es de 225 millones de dólares estadounidenses, según los medios estatales chinos Xinhua y China Daily. Se trata del primer proyecto de terminal controlado por COSCO en Sudamérica. Se espera que las operaciones portuarias comiencen en 2023 e incluirá terminales multipropósito, terminales de contenedores e instalaciones de infraestructura relacionadas, con una capacidad total anual de un millón de TEU (tráfico marítimo de contenedores). Se trata de un puerto de tamaño medio, considerado un gran avance para la región.
Tras una serie de protestas que comenzaron en 2019, activistas y lugareños pidieron la modificación del plan de la construcción en agosto de 2020. Meses después, COSCO y Volcan presentaron algunos cambios. Sin embargo, a pesar de las continuas críticas, las autoridades peruanas aprobaron la construcción en diciembre de 2020. Una vez recibida la luz verde, COSCO invertirá adicionalmente 1300 millones de dólares estadounidenses para llevar a cabo la primera fase del proyecto, cuya construcción está prevista para principios de abril.
¿La naturaleza está en manos de informes sesgados?
Protesta con distanciamiento social en 2020. Foto de Miriam Arce. Usada con autorización.
Las organizaciones locales afirman que la consultora contratada por COSCO y Volcan ocultaron la magnitud de los peligros del nuevo puerto.
Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. El impacto en los humedales, las altas emisiones de contaminantes tóxicos, la contaminación acústica, la alteración del litoral, la mortalidad masiva de la fauna y flora del lugar, son algunas de las 50 observaciones formuladas en 2020 por la ONG local Mundo Azul,, que analizó los documentos de impacto ambiental presentados por COSCO y Volcan a las autoridades ambientales peruanas.
Stefan Austermühle, biólogo y director ejecutivo de Mundo Azul, afirma que la evaluación ambiental presentada por COSCO y Volcan contiene información cuestionable e incompleta.
«La evaluación de impacto ambiental oculta los verdaderos peligros y no debería ser aprobada por el Gobierno en su estado actual», declaró Austermühle a Global Voices. «Sin embargo, dada la posición del Gobierno y los grupos de presión políticos y la influencia de los inversores del proyecto, parece poco probable que el Gobierno escuche nuestra opinión». Dijo que el proyecto tendrá un grave impacto ambiental y afectará a la salud de la población local.
La construcción del terminal requerirá un profundo dragado de la tierra, que alterará las corrientes marinas y la dirección de las olas, afectará a la fauna marina y provocará una mortalidad masiva de las especies marinas durante el proceso de construcción, dijo Austermühle. También afectará al ecosistema natural del humedal de Santa Rosa, importante centro de biodiversidad.
La población teme ser desplazada
Foto de Miriam Arce de una protesta en 2019, usada con autorización.
Los lugareños aseguran que sus casas en los acantilados circundantes se verán afectadas por la grave alteración de la zona. Por desgracia, sus preguntas han quedado sin respuesta.
«No se nos ha dado ninguna garantía de que los lugareños y propietarios de inmuebles de esta zona serán compensados económicamente si se producen daños o pérdidas por el impacto del proyecto», dijo a Global Voices Miriam Arce, presidenta de la Asociación en Defensa de la Vivienda y el Medio Ambiente del Puerto de Chancay.
«A lo largo de la historia del Perú, las inversiones se ubican donde quieren, siempre y cuando traigan dinero, y el Estado o el Gobierno lo permiten», continuó Arce. Lleva desde 2008 protestando contra los proyectos de ampliación del puerto.
«Es una zona poblada, tenemos nuestra historia, biodiversidad particular, algunos viven del sector turístico. Si el proyecto sigue adelante, todo cambiará para siempre, nunca nos recuperaremos de esto», afirma.
El proyecto también contempla bajar la altura del cerro vecino, el Cerro Cascajo, de 80 a 4 metros. «Justifican que los sonidos y el polvo emitidos se mitigarán al bajar la altura. Pero ¿qué pasa con la gente que viven el cerro?», preguntó a los medios locales Williams Jurado, presidente del Comité de Vigilancia del Humedal Santa Rosa de Chancay. «Aquí viven hasta 50 familias».
Mientras tanto, lugareños, activistas y organizaciones locales siguen manteniendo reuniones virtuales con las autoridades para ejercer presión sobre el caso.
Miriam Arce y otras personas han creado páginas en la red social Facebook (ChancaySostenible y Coordinadora en defensa de los intereses de Chancay) con la esperanza de conseguir más apoyo para anular la decisión del Gobierno de permitir la ampliación del proyecto del Terminal Portuario de Chancay en abril. Uniendo fuerzas con otras organizaciones, Arce se ha puesto en contacto con miembros del Congreso, hasta ahora con escasos resultados.
Foto de Miriam Arce de una protesta en 2019, usada con autorización.
