Aborto legal en Argentina: la batalla continúa

Captura de pantalla de France24/Youtube, de una protesta de grupos “pro-vida” el 29 de noviembre 2020.

El 30 de diciembre de 2020, Argentina se sumó a la corta lista de países donde el aborto es un derecho sin restricción de causa, es decir, sin que la mujer o persona gestante deba especificar un motivo para solicitarlo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La medida, aprobada luego de obtener 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, cobró carácter oficial el 14 de enero de 2021.

Pese a que en algunas regiones del territorio argentino ya se venían realizando interrupciones de embarazo contempladas en las causales que prevé el código penal, la implementación de la nueva ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) abrió las puertas a lo que parece un nuevo proceso histórico: la batalla para garantizar el cumplimiento. 

La ley IVE suspendida dentro de un mes de entrar en vigencia

A menos de un mes de entrar en vigencia en todo el territorio nacional la nueva ley, la jueza Marta Aucar de Trotti, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, Chaco, admitió la solicitud de un recurso de amparo presentado por un grupo de ciudadanos que sostiene que la vida comienza desde la concepción y que la ley es contraria a estos preceptos. Como resultado, Aucar de Trotti implementó una medida cautelar a finales de enero 2021 para que se suspenda en la región de Chaco la aplicación de la Ley de IVE, que regula en todo el país el aborto legal y gratuito.

El fallo fue inmediatamente apelado por la Asociación Civil “Unidos por la Diversidad” por tratarse de una ley de carácter federal y no provincial, luego por el Ministerio de Salud de la Nación para que la causa sea tramitada por un juez con competencia nacional, y finalmente por una Fiscal de Estado del Chaco, Cecilia Fernández Almendra. Sin embargo, la medida cautelar continúa en vigencia, aun cuando el derecho al aborto legal sigue vigente tanto en Chaco como en el resto del territorio nacional. 

Al fallo chaqueño se sumó además la presentación de un recurso de amparo y una denuncia penal en la provincia de Córdoba contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los legisladores que votaron a favor de la ley. La denuncia realizada por la asociación civil “Derechos Humanos y Violencia de Género” incluye el pedido de un juicio político contra el mandatario y la inconstitucionalidad de la norma. 

El uso de diferentes recursos para declarar inconstitucional la Ley IVE y solicitar la aplicación de medidas cautelares no representa una sorpresa. Los grupos opositores a la ley dijeron en redes sociales de que “Ninguna ley inconstitucional nos va a desarmar.”

En diciembre de 2019, un año antes de que se apruebe la Ley de IVE, el Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones anunció la habilitación de un Registro de Objetores de Conciencia, “a los fines de resguardar el derecho de quienes por cuestiones morales, éticas, filosóficas, culturales, religiosas o ideológicas, se consideren exentos de realizar actos médicos que se encuentren en contradicción con sus convicciones.” La solicitud de inclusión en el registro aún vigente es voluntaria, personal y confidencial.

“El decreto provincial vigente establece que la institución médica no puede ser objetora, pero el médico en todo caso debiera derivar inmediatamente [a otro doctor]”, explicó Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de Misiones, y reconoció que “la ley es concreta en la obligación del médico en una derivación y en eso no hay discusión”.

“Justicia social es poder decidir”

A diferencia de lo que ocurre en algunas regiones de Chaco, Córdoba y Misiones, en otras la ley se aplica sin complicaciones. De acuerdo con declaraciones de la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y La Pampa se encuentran entre los distritos que mejor están aplicando la norma.

A días de la puesta en vigencia de la Ley de IVE, Estefania Cioffi, una médica y militante feminista integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, compartía en Instagram una imágen de la primera prescripción de misoprostol (uno de los medicamentos más utilizados para la interrupción voluntaria de embarazos) para llevar a cabo un aborto en Argentina con su sello y firma.

“Justicia social es poder decidir”, afirmó Cioffi junto a la imagen que subió desde la villa 1-11-14 en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabaja como médica generalista.

 

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Asimismo, la ley nacional que despenaliza el aborto cobró jerarquía normativa sobre normas provinciales que limitaban el acceso al misoprostol. La provincia de Mendoza, donde la venta de dicha droga estaba restringida, es un ejemplo. El Ministerio de Salud de Mendoza, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, anunció la adecuación de su normativa a la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Otro ejemplo de adecuación es el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción del Embarazo que presentó IOMA, un seguro médico de la provincia de Buenos Aires basado en un sistema solidario de salud. El programa, que propone cubrir el cien por ciento de la práctica, convierte a la cobertura social en la primera del país en institucionalizar el derecho a decidir.

Las idas y vueltas desde la aprobación de la Ley 27.610 revelan que la libertad de decidir no resultará de la sanción de la ley. Sin embargo, aun cuando en algunas partes del territorio nacional la batalla por hacer valer el derecho a la IVE continúa, la ley es clara: los profesionales a cargo de las consultas telefónicas o presenciales en centros de salud deben garantizar el derecho desde el primer contacto.

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