Pasaporte inválido de Trinidad y Tobago. Foto de Janine Mendes-Franco, utilizada con autorización.

Esta es la segunda entrega de un artículo en dos partes. Lee la primera parte aquí.

Trinidad y Tobago cerró sus fronteras a todo el mundo, excepto a sus nacionales, la medianoche el 17 de marzo de 2020. Luego, cerró las fronteras a sus ciudadanos el 23 de marzo. Desde entonces. los trinitenses han estado esperando que se les conceda el permiso para regresar a casa. Sin embargo, el proceso de exención de viaje, por el que se conceden las solicitudes, está en el centro de la atención por ser ineficaz, sobre todo porque a quienes solicitaron el proceso inicial se les pide ahora que vuelvan a solicitarlo con una actualización del sistema.

Stuart Young, ministro de Seguridad Nacional, minimizó las duras realidades que aún todavía enfrentan los ciudadanos varados en el extranjero, y se refirió a ellos como «agitadores, maliciosos y quienes quieren ser relevantes».

En octubre de 2020, el parlamentario británico Steven Baker apeló al Gobierno de Trinidad y Tobago para que repatriara a sus nacionales varados en el Reino Unido. La réplica del primer ministro trinitense, Keith Rowley, se refirói a una cuestión totalmente distinta, el del dinero robado del tesoro de Trinidad y Tobago, supuestamente por un alto consejero británico con la ayuda de funcionarios locales del partido opositor, y desestimó al diputado Baker como «diputado itinerante del Reino Unido» a quien opositor el Congreso Nacional Unido había convencido para que planteara la cuestión en el Parlamento británico. La respuesta del primer ministro Rowley no esbozó la estrategia de exención de su Gobierno.

Kirsten Forkert, profesora de Estudios Culturales de la Facultad de Medios de Birmingham, señaló que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad a escala mundial, pero considera «lamentable que los países estén utilizando la pandemia para cerrar las fronteras y negar el acceso a la asistencia sanitaria a las personas con condición migratoria precaria y a quienes han quedado varadas». Añadió que la reacción de algunos medios de desacreditar a esos últimos «plantea serios interrogantes sobre el papel y la responsabilidad de los medios en la pandemia, en un momento en el que es aún más urgente exigir responsabilidades a los Gobiernos».

¿Se han aprendido las lecciones?

Muchos de los que todavía faltan repatriar culpan a lo que consideran la escasa comunicación del Gobierno, el insuficiente apoyo técnico y la falta de transparencia de su trauma emocional y económico.

Muchos están buscando asesoramiento legal para intentar una compensación. Dicen que al utilizar un sistema de exención «defectuoso», Trinidad y Tobago ha violado sus derechos humanos. Sin embargo, los abogados locales dijeron que Trinidad y Tobago está en su derecho de hacerlo, y sugirieron que los nacionales varados no tienen un caso sólido contra el Estado.

¿Hay algún recurso?

Un abogado trinitense, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que el recurso no era una cuestión sencilla. Explicó que la facultad del Gobierno para regular las fronteras «no se cuestiona en absoluto, ya que tiene el derecho y el deber de hacerlo». Sin embargo, queda por discutir si el ejercicio de ese poder se cruza con los derechos de los ciudadanos.

Aunque la Ley de Inmigración del país establece que se puede denegar la entrada a ciertas personas, como las «aquejadas de cualquier enfermedad infecciosa o peligrosa», los ciudadanos y residentes cuya condición legal no haya sido revocada están expresamente exentos de estas prohibiciones.

“Por consiguiente”, dice el abogado, “los nacionales tienen derecho de entrada. La cuestión que debe responderse aquí es si el sistema de exención del Gobierno constituye una denegación de este derecho o si el sistema es de naturaleza tan intrínsecamente prohibitiva que limita significativamente la capacidad de los ciudadanos y residentes de ejercer su derecho de admisión».

Si bien señala que el artículo 4(1) de la Ley de Cuarentena otorga al ministro de Salud la facultad de «regular la totalidad o cualquier parte de Trinidad y Tobago para evitar el peligro para la salud pública de los buques o aeronaves o de las personas o cosas estén dentro», no está claro si esas facultades se extienden a la prohibición de entrada a ciudadanos y residentes legales.

¿Qué hay de los derechos?

Además, deberían considerarse los derechos constitucionales, explicó el abogado, concretamente el derecho al disfrute de la propiedad, a la igualdad de trato por parte de cualquier autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y la libertad de movimiento. «La sabiduría tradicional», dice (que está respaldada por la jurisprudencia), «sugiere que esto se refiere a la circulación dentro de las fronteras; sin embargo, vale la pena darle otra mirada».

Se ha planteado la cuestión de la «igualdad de trato» en relación con la concesión de exenciones. Sin embargo, el abogado señaló que si bien se trata de una preocupación válida, la carga de la prueba para plantear dicha impugnación es «particularmente onerosa».

En cuanto a la cuestión de la asistencia sanitaria, añadió, «los ciudadanos con afecciones subsistentes o alguien que haya estado expuesto al virus COVID-19 y necesite asistencia sanitaria dependerán de los servicios gubernamentales para los que han estado pagando impuestos durante años. ¿Puede el Gobierno, en virtud de su política, denegar el acceso a la asistencia sanitaria a sus propios ciudadanos, y si es así, a qué autoridad pública debe dirigirse un ciudadano de Trinidad y Tobago fuera de las fronteras?».

El abogado estaba al tanto de las impugnaciones legales que se están presentando sobre el proceso de retorno. Dice que con el tiempo deberían «aportar algo de claridad», pero tal y como están las cosas, no se sabe cómo acabarán.

Mientras tanto, miles de trinitenses siguen esperando.