Manifestantes reunidos dentro y encima de un tren en Sudán durnate la revolución, 17 de agosto de 2019. Foto de Manula Amin, vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

El 11 de febrero, Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano Sudanés, presentó una demanda de ciberdelito contra el político y activista político Orwa Alsadig.

La demanda ha generado controversia por la naturaleza de las actuales leyes de información y ciberdelincuencia de Sudán y el posible abuso de estas leyes para limitar la libertad de expresión.

Alsadig está bajo investigación por un discurso de solidaridad que dio por su colega Salah Manna, el 6 de febrero.

Ese día, Manna fue arrestado y conducido a la oficina de procesamiento especializado de delitos contra el Estado por “incitar odio contra las fuerzas de seguridad, desprestigiar, ofender e insultar”, después de que presuntamente Manna acusó a Burhan de usar las facultades del consejo para liberar de prisión a la esposa del exdictador Omar al-Bashir.

Manna y Alsadig integran el Comité de Eliminación del Poder, equipo legal a cargo de desmontar el gobierno de Bashir. Alsadig también dio su controvertido discurso entre sus partidarios cuando a Manna lo liberaron de la investigación.

El discurso de Alsadig circuló ampliamente en medios sociales. Luego lo acusaron de publicar mentiras o noticias falsas y de lanzar insultos de desprestigo, de acuerdo con los artículos 24, 25 y 26 de la ley de ciberdelitos, conocida en árabe como قانون مكافحة جرائم المعلوماتية o «ley para combatir delitos de información».

Dijo a Global Voices:

I was interrogated about the authenticity of the posted clip, and whether I captured or published it, the content of the conversation in it and the indications of some of the phrases that I mentioned.

Me interrogaron sobre la autenticidad del video publicado, y su lo capté o publiqué, el contenido de la conversación que tenía y las indicaciones de algunas de las frases que mencioné.

Alsadig niega rotundamente cualquier delito en las quejas presentadas en su contra.

‘Causa para el autoritarismo’

La ley de ciberdelito de 2020 reforma la ley de 2018 promulgada durante el mandato de Bashir, pero no cambia mucho salvo un aumento en el tiempo de la pena.

Sorprendentemente, el ministro de Justicia nunca publicó la ley de 2018 en su gaceta oficial, que contradice las normas legales.

Alsadig dijo a Global Voices:

This law was designed by the deposed dictatorial regime to limit the freedom of activists, bloggers, and media professionals, as well as other laws such as the press and publications law. It is certainly a cause for authoritarianism and can be used in a bad way that limits freedom of expression.

Esta ley fue diseñada por el depuesto régimen dictatorial para limitar la libertad de activistas, blogueros y profesionales de medios, y otras leyes como la ley de prensa y publicaciones. Ciertamente, es causa para el autoritarismo y se puede usar de una mala manera que limita la libertad de expresión.

¿Cómo es que Sudán puede hacer a sus ciudadanos responsables ante la ley cuando no tienen acceso al texto de estas normas?

Después de la revolución de Sudán de 2019, el país entró en un periodo de transición en el que los legisladores dieron leyes sin parlamento ni representación. En cambio, aprobaron legislación tras puertas cerradas sin consultar a los representantes. Hasta que haya un parlamento formal, la reunión conjunta del Consejo Soberano y el gabinete tienen la facultad de legislar.

Ahora, se realizan talleres con el auspicio de la Unión Europea para reformar la ley de ciberdelito de 2020. Según la copia filtrada de la ley de 2018, algunos artículos han llevado a confusión, sobre todo el artículo 5-3:

Anyone who enters a network of information or a network of communication directly or remotely with the purpose of getting data or information related to the national security or national economy or telecommunication infrastructure or sensitive information will be punished for 10 years or fine or both.

Todo aquel que entre a una red de información o una red de comunicación directa o remotamente con el objetivo de obtener datos o información relacioada con la seguridad nacional o la economía nacional o la infraestructura de telecomunicación o información delicada será sancionado con diez años [de prisión] o multa, o ambos.

Términos como “seguridad nacional” e “información delicada” carecen de definición.

Esto permite que las instituciones gubernamentales violen libertades fundamentales. Además, la ley no especifica qué instituciones pueden interpretar estas categorías.

El artículo 7 penaliza el cierre de redes si el responsable es un ciudadano, pero no menciona qué pasa si el Gobierno es el que corta el acceso, algo que ya ha pasado tres veces en 2019 y 2020.

El artículo 24 de la ley también penaliza la publicación de mentiras y noticias falsas:

Anyone who uses a telecom or information network or an application or any other communication tool to publish rumors or news or a report and he/she knows it's fake aiming to spread the fear to the people or threatening the public peace or decreasing the prestige of the state will be punished for one year or fine or both of them.

Todo aquel que use un red de telecomunicación o información o una aplicación u otra herramienta de comunicación para publicar rumores o noticias o un informe que sabe que es falso con el objetivo de difundir el temor o amenazar la paz del público o disminuir el prestigio del Estado será sancionado con un año [de prisión] o multa o ambos.

De nuevo, la ley carece de definiciones críticas de términos como el “prestigio del Estado” y qué instituciones intervendrían.

Violaciones a la privacidad

El artículo 23 penaliza la violación de la privacidad si la comete un ciudadano. según la ley de 2018, pero no si la violación de la privacidad ocurre como resultado de una autoridad judicial o fiscal u otra “autoridad designada”.

Una vez más, la ley no ofrece claridad sobre qué define a la “autoridad designada” que viole la privacidad de un ciudadano. Por tanto, el Estado puede activar ese artículo para violar la privacidad de voces de oposición y activistas.

Es más, el derecho a violar la privacidad se ve reforzado en el artículo 25 de las reformas de 2020 de la ley de seguridad nacional de Sudán 2020, que establece:

The security service has the right to request information, data, documents or things from anyone to check it or take it.

El servicio de seguridad tiene derecho a solicitar información, datos, documentos o cosas a cualquier persona para comprobarlo o llevárselo.

Los servicios de seguridad pueden violar legítimamente la privacidad de un ciudadano sin pedir autorización.

El caso de Alsadig no es el primero en que el Gobierno ha activado estas leyes contra la oposición y los activistas. El Ejército también ha abusado de estas leyes para amenazar a periodistas y activistas.

Alsadig dijo a Global Voices:

If [this lawsuit] was intended to preserve the prestige of the sovereign institution, then it achieved the opposite of its purposes and diminished its prestige, but made it a cause for jokes and ridicule.

Si [esta demanda] tenía la intención de preservar el prestigio de la institución de la soberanía, entonces logró lo contrario de su objetivo y disminuyó su prestigio, pero creó una causa para las bromas y la ridiculización.

Necesidad imperiosa de una reforma

Sudan tiene una imperiosa necesidad de reformar su ley de ciberdelito.

Según un informe de Freedom House, la calificación de Sudán en ibertades civiles es de 10 de 60 en 2020.

El abogado Ahmed Elsanousi, que se especializa en Código Penal y derecho administrativo, dijo a Global Voices que Burhan tiene el derecho de presentar una demanda.

“Es un avance destacable en un Sudán” posdictadura», dijo.

Sin embargo, la propia ley “contiene términos imprecisos y nada claros» y por lo tanto es fácil de usar. También mencionó que la ley de ciberdelito reformada aún no representa a los ciudadanos porque, en esencia, es una ley antigua promulgada bajo el antiguo régimen.

It has become imperative to enact a law that keeps pace with technological development, taking into account the legislation of appropriate penalties. There is a penalty of imprisonment for a person of 20 years, and I think it is a very severe punishment, and I believe that it is intended to intimidate activists from investigating the facts, writing opinions and publishing against the government. This can be seen in that most of the legal cases directed according to this law are directed against activists and politicians.

Se ha vuelto imperativo promulgar una ley que esté a la altura del desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta la legislación de las penas adecuadas. Hay una pena de prisión de 20 años para una persona, que creo que es un castigo muy severo, y creo que está destinado a intimidar a los activistas para que no investiguen los hechos, escriban opiniones y publiquen contra el Gobierno. Esto se puede ver en que la mayoría de los casos legales dirigidos según esta ley están dirigidos contra activistas y políticos.

Mientras Alsadig sigue bajo investigación por su ardoroso discurso, está llamando a una reforma urgente de la ley de ciberdelito en Sudán:

Sudan needs laws that control media work and combat publishing that incites hate speech because the community bullion is torn apart and distorted by the ethnic, religious, and gender polarization that we inherited from the deposed government and its regime.

It is imperative to reform all laws and legislations in line with the international bill that guarantees freedom of expression. The blame does not fall on Burhan as much as it is on his legal adviser, who did not see the legacy of the sovereignty where it did not sue or try someone who criticized it for disagreeing with it.

Sudán necesita leyes que controlen el trabajo de los medios y combatan las publicaciones que incitan al odio, porque el lingote comunitario está desgarrado y distorsionado por la polarización étnica, religiosa y de género que heredamos del gobierno depuesto y su régimen.

Es imperativo reformar todas las leyes y legislaciones según el derecho internacional que garantiza la libertad de expresión. La culpa no recae tanto en Burhan como en su asesor jurídico, que no vio el legado de la soberanía cuando no demandó ni juzgó a alguien que lo criticaba por no estar de acuerdo con él.