Jóvenes voluntarios salen a la calle para movilizarse contra el COVID-19 en Etiopía. Foto de UNICEF Etiopía. (CC-BY 2.0).

En 2020, varios activistas etíopes fueron detenidos por violar las restricciones del COVID-19 del país, lo que hace que se cuestione si el Gobierno ha utilizado esos protocolos para silenciar las críticas.

Etiopía estuvo bajo un estado de emergencia para contrarrestar la propagación del virus desde abril hasta septiembre de 2020.

El 20 de abril, Elizabeth Kebede, abogada, activista y abierta crítica del Gobierno, fue detenida en Adís Abeba supuestamente por haber «difundido falsos rumores» sobre la situación del COVID-19 en Harar, ciudad principal de la región de Harari.

En marzo, poco después de que Etiopía registró su primer caso de COVID-19, Elizabeth había publicado en Facebook que conocía a personas que, a pesar de haber estado en contacto con otras personas positivas a COVID-19, no habían estado en cuarentena.

Elizabeth fue extraditada a Harari el mismo día de su detención, según la Asociación de Mujeres Abogadas de Etiopía (EWLA) en la que trabaja como voluntaria. Fue puesta en libertad el 6 de mayo sin cargos.

EWLA argumentó que la Policía de Harari no tenía jurisdicción para presentar casos contra Elizabeth ya que su dirección permanente está en Adís Abeba. También dicen que no había necesidad legal de trasladarla a Harari.

El periodista etíope Yayesew Shimelis también fue detenido sin cargos el 27 de marzo de 2020. El día después de que publicó un video en el canal de YouTube «Foro Etíope» que administra, en el que informó que el Gobierno central estaba preparando 200 000 tumbas para los fallecidos por COVID-19, mencionando fuentes anónimas. Yayesew fue puesto en libertad el 23 de abril de 2020.

El Ministerio de Salud y la Oficina del Primer Ministro han rechazado las afirmaciones hechas en el video. El primero dijo que el video «debe ser condenado» y el segundo que los «agentes de la ley […] han recibido la orden de tomar medidas contra personas y grupos que desatan el terror contra la salud y la sensación de seguridad de las personas».

Yayesew presenta un programa político semanal en Tigray TV, canal propiedad del Gobierno regional de Tigray, importante fuerza de oposición al gobierno de Adís Abeba. El periodista es conocido en Etiopía por ser crítico del primer ministro, Abiy Ahmed.

Tras comprobar la violenta reacción en las redes sociales a su reportaje, Yayesew dijo en Twitter que «no imaginaba que la noticia pudiera ser tan impactante».

Yayesew dijo a Global Voices que YouTube retiró su reportaje y que Facebook retiró una publicación en la que había publicado el video. Añade que también Twitter bloqueó su cuenta.

Disposiciones imprecisas

La directiva emitida por el Consejo de Ministros para aplicar el estado de emergencia contenía disposiciones que, según los expertos, atentaban contra la libertad de expresión y desencadenaban un efecto intimidatorio sobre la prensa.

Por ejemplo, el Artículo 3/26 prohibía la publicación de información que «pudiera desestabilizar a la sociedad».

It is prohibited to disseminate any information that makes the society unstable and that puts psychological pressure on society regarding COVID-19 and related issues.

Se prohíbe la difusión de cualquier información que haga que la sociedad se vuelva inestable y que ejerza presión psicológica sobre la sociedad en relación con el COVID-19 y otros temas relacionados.

Además, el  declara que la información difundida por los medios no debe crear sobresaltos.

Government communications professionals and private media institutions should disseminate information, news analysis, or related information on COVID-19 and related issues without exaggerating or undermining the relevant information and without causing undue shock and terror.

Los profesionales de la comunicación del Gobierno y las instituciones de medios privados deben difundir información, análisis de noticias o información relacionada con COVID-19 y temas relacionados sin exagerar ni socavar la información relevante y sin causar una conmoción y terror indebidos.

El costo de la censura

Captura de pantalla de la página de Facebook de Yayesew tomada el 25 de febrero de 2021.

Desde su liberación, Yayesew ya no es tan franco. Su biografía de Facebook ha sido actualizada y se puede leer:» No puede respirar… me callo».

En un video que subió a YouTube el 2 de junio, Yayeses dice que tuvo que dejar su programa en el Foro Etíope de Tigray TV «con tristeza» por una razón que «no puede revelar por el momento».

Elizabeth Kebede ha abandonado Etiopía hacia un país no revelado. En una publicación de Facebook de noviembre de 2020, explicó sus razones para solicitar asilo en el extranjero, e indicó que su caso no estaba cerrado, solo se había trasladado de Hariri a Adís Abeba.

Su publicación, ya eliminada, incluía una declaración adjunta de la misión permanente de Etiopía en Ginebra que decía:

Ms. Elizabeth's posts have severely undermined the safety, equality and dignity of certain ethnic groups and it would likely incite violence and disturb public safety.

Las publicaciones de la señora Elizabeth han atentado gravemente contra la seguridad, la igualdad y la dignidad de determinados grupos étnicos, y es probable que inciten a la violencia y perturben la seguridad pública.

Este artículo forma parte de una serie de entregas que examinan la interferencia con los derechos digitales en el marco de los confinamientos y más allá durante la pandemia de COVID-19 en nueve países africanos: Uganda, Zimbabue, Mozambique, Argelia, Namibia, Túnez, Tanzania y Etiopía. El proyecto está financiado por el Fondo de Derechos Digitales de África de la Colaboración en Políticas Internacionales de TIC en África Sur y Este (CIPESA).